La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga la extracción ilegal de aguas en Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha impulsado una batería de diligencias en el contexto de una investigación abierta sobre la extracción ilegal de aguas subterráneas o de superficie de Doñana, a fin de poder exigir responsabilidades medioambientales por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en 2021, dictaminó que ese expolio estaba directamente relacionado con el deterioro de este área protegida. En concreto, según informó hoy este organismo, se ha acordado oficiar al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia civil para que reclame «a diferentes organismos informes periciales sobre los efectos adversos significativos que las extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas» en la zona. Asimismo, requiere informe sobre «la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos» por esas prácticas, a fin de «poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos». Noticia Relacionada estandar No Condenan a cinco hermanos sevillanos a prisión por la extracción de agua de Doñana Las diligencias, que están a cargo del fiscal especializado en Contencioso Administrativo en la Audiencia Nacional Manuel Campoy, se incoaron el pasado 23 de mayo, después de que la Comisión Europea pusiera por escrito que la regularización de 750 hectáreas de regadíos ilegales en Doñana que proyectaba la Junta de Andalucía podía «infringir el derecho de la UE en materia de medio ambiente» y que era competencia de las autoridades españolas cumplir la sentencia del TJUE. Responsabilidad medioambiental El fiscal razonaba entonces que la Fiscalía «puede y debe promover la acción de la justicia para garantizar el cumplimiento efectivo» de aquella resolución sobre Doñana y que en el caso de la Audiencia Nacional, es competente para hacerlo en tanto que es la instancia que se encarga de todas las actuaciones administrativas que competen, entre otros, a los órganos superiores de la Administración General del Estado. Ahora, se emprenden diligencias para profundizar en la posible existencia de una responsabilidad medioambiental y «a fin de garantizar la adopción de las medidas necesarias» que impuso el tribunal europeo, donde se dio por acreditado que «una de las causas significativas del deterioro» de Doñana «se encuentra en la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea».