Arma de doble filo: por qué hay preocupación por el uso de Google entre los policías
Cómo hizo el motor de búsqueda para convertirse en un recurso básico de cualquier investigación.
Una mañana de enero de 2020, Robert Potts estaba cargando su SUV para viajar a la academia de policía en Raleigh, Carolina del Norte. Después de arrancar el vehículo, con la mente en los exámenes, volvió a su departamento para llevarse el almuerzo. Cuando volvió a salir el SUV había desaparecido, junto con una pistola de goma de entrenamiento, un juego de esposas y una radio portátil.
Policías de Raleigh encontraron el SUV a la hora del almuerzo. Potts estaba desconcertado. Perder el equipo propio es lo peor que le puede pasar a un policía, especialmente un novato, y el ladrón se había llevado el elemento más delicado de todos, la radio. Alguien la podría usar para interferir las comunicaciones de su comisaría con denuncias falsas. Para tranquilizarlo, los superiores de Pott le aseguraron que se ocuparían del asunto.
Potts volvió a concentrarse en los exámenes, totalmente ajeno a los hechos que había puesto en marcha el desliz de aquella mañana. Recuerda que la policía de Raleigh pudo inhabilitar la radio a distancia de modo que sus comunicaciones no sufrieran perjuicios. Pero los agentes no iban a quedarse ahí. En su decisión de recuperar el aparato aprovecharon dos ventajas disponibles para las investigaciones de las fuerzas de seguridad locales, y las dos habían sido posibilitadas por Google.
A los pocos días del robo, la policía de Raleigh envió a Google una orden en la que exigían la lista de personas que estaban en los alrededores cuando había sucedido el robo. También consiguieron una orden judicial para que la compañía identificara a todos los que hubieran gugleado "Motorola APX 6000", el modelo de la radio, y frases similares en los días posteriores a la desaparición del aparato. En respuesta la firma entregó datos sobre la ubicación de los usuarios.
Estacionamiento donde robaron el SUV.
Google aloja unos de los repositorios más vastos de información concerniente a ubicaciones. Apelando a las coordinadas de los GPS de los teléfonos, más conexiones a redes de Wi-Fi y torres de celulares, a menudo puede calcular la ubicación de una persona con pocos metros de diferencia. Acumula esa información en parte para venderla a la publicidad, pero la policía habitualmente explora esos datos como medio de profundizar sus pesquisas. La utilización de esos datos es menos común, pero también eso se ha abierto camino en las comisarías de todo los Estados Unidos.
Los agentes sostienen que las órdenes judiciales pueden desenterrar pistas valiosas cuando los detectives se hallan perdidos. Pero para dar con esas pistas deben primero escarbar entre datos de Google sobre personas que nada tienen que ver con un delito. Y eso precisamente es lo que preocupa a los defensores de la intimidad.
Por tradición las fuerzas de seguridad norteamericanas obtienen órdenes de allanamiento de viviendas o pertenencias de personas específicas, cumpliendo con la prohibición constitucional sobre procedimientos o incautaciones irracionales. Las órdenes referidas a los datos de Google sobre búsquedas y ubicaciones son, en algún sentido, lo inverso de ese proceso, advierte Michael Price, director litigante del Centro sobre la Cuarta Enmienda de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas. En vez de señalar un sospechoso los policías identifican parámetros básicos -una serie de coordinadas geográficas o términos de búsqueda- y le piden a Google que aporte coincidencias, con lo que se genera una lista de pistas.
La policía lleva décadas usando versiones de ese método. Filmaciones de cámaras de seguridad y datos de torres de las compañías telefónicas también tienen el potencial de invadir la intimidad más allá de la inspección del baúl del auto de un sospechoso. Pero el enorme volumen de la información que dispone Google acerca del paradero y las búsquedas de decenas de millones de personas no tiene precedentes.
Por sus mismas características, las órdenes elevadas a Google con frecuencia entregan información sobre personas que no son sospechosas. En 2018 un hombre en Arizona fue detenido erróneamente acusado de asesinato a partir de datos de ubicación de Google. A pesar de esa posibilidad, la policía siguió abrazada a la práctica en los años posteriores. "En muchos aspectos, las fuerzas de la ley piensan que es como tocar el botón que hace todo fácil", ironiza Price, quien ha presentado algunas de las primeras acciones legales en los Estados Unidos contra los pedidos de ubicación y datos de búsqueda de Google. "A Google le resultaría muy difícil no cumplir en un tipo de caso mientras cumple con otros. La puerta está entreabierta, y una vez que se abre es una inundación", advirtió.
Google informa que el año pasado ha recibido en los Estados Unidos la cifra récord de 60.472 órdenes de registro, más del doble que en 2019. La compañía aporta al menos parte de la información en alrededor del 80 por ciento de los casos. Aunque muchas compañías tecnológicas grandes reciben pedidos de parte de las fuerzas de la ley al menos ocasionalmente, la policía considera que Google está especialmente bien ubicada para impulsar las pesquisas con un puñado de pistas. Expertos en seguridad sostienen que es la única empresa que ofrece un inventario detallado de los dispositivos personales que se hallan presentes en determinado tiempo y lugar. Apple Inc., el otro gran proveedor de sistemas operativos móviles, aseguró que es técnicamente incapaz de ofrecer el tipo de datos de ubicación que requiere la policía. Todo bien, puesto que muchos usuarios de iPhones dependen del Google Maps o de otras aplicaciones de Google. El motor de búsqueda de Google es dueño del 92 por ciento del mercado mundial y actualmente es objeto de una acción antimonopólica de parte del Departamento de Justicia.
Price.
Un portavoz de Google afirma que la compañía analiza todos los pedidos referidos a datos de usuarios y objeta los que encuentra amplios en exceso. Casos judiciales recientes dieron más instrumentos a la firma para responder, agregó. "Hay pedidos legítimos que recibimos todos los días. Al mismo tiempo, a veces las solicitudes son tan amplias que infringen el derecho a la intimidad y son inapropiadas", comentó Kent Walker, presidente de Asuntos Mundiales en Google y su casa matriz, Alphabet Inc.. "En un porcentaje significativo de casos discutimos con el gobierno para tratar de delimitar las solicitudes".
Bloomberg Businessweek recopiló y analizó 115 solicitudes presentadas en cinco estados norteamericanos, una de las revisiones más grandes de esos documentos que se conozcan. Este análisis, a partir de pedidos en el período 2020-2023 alojados en tribunales de Austin, Denver, Phoenix, Raleigh y San Francisco, indica que los departamentos de policía no sólo las usaron para resolver delitos violentos sino otras infracciones más comunes. Alrededor de 1 de cada 5 solicitudes concernientes a ubicación se referían a delitos como robo o vandalismo. Un detective en Scottsdale, Arizona, recibió una por la búsqueda del acusado de robar una cartera Louis Vuitton. En esa investigación, y en muchas otras, los datos de Google no aportaron nada útil.
En el caso de la radio perdida, el teniente Jason Borneo del Departamento de Policía de Raleigh afirma que los datos de Google pueden ser "críticos para recuperar objetos robados", pero Google sostiene que no entregó los datos que buscaban los investigadores. No recuperaron la radio y no detuvieron a nadie. A la pregunta de cómo supieron en el departamento que podrían conseguir esa información de parte de Google, Borneo respondió que "un detective se enteró por uno de sus colegas".
De ese modo se difunde: llamados de un departamento a otro, el comentario de un investigador federal, una sesión de capacitación a cargo de un consultor externo. En algunos casos llegan a depender tanto de Google que los policías a veces piden datos de ubicación incluso cuando disponen de otras pistas. Como en la vida, también en las fuerzas de seguridad es más fácil entrar en Google para buscar la respuesta.
La cooperación entre empresas y policías estadounidenses se remonta a la época del telégrafo. En los años posteriores a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los pedidos de vigilancia de parte de agentes federales aumentaron drásticamente. Pero la mayoría de las policías locales no se percataron del potencial de Google para ofrecer datos de ubicación hasta hace poco.
Las compañías tecnológicas difícilmente ayudan sin órdenes judiciales. Con una orden en mano, la policía puede obtener una visión sin paralelos de la vida de una persona. Pueden hacerse de emails, mensajes de texto y fotos. Esos pedidos dependen de que la policía tenga en la mira a un sospechoso. Sin embargo, la ayuda de Google es más codiciada cuando no hay ningún sospechoso.
Orden de registro por el robo de una cartera.
Google puede pintar el retrato más detallado de una persona que use una función denominada "historial de ubicaciones". En el caso de tales usuarios, Google compila una lista de lugares a los que la gente acude con sus teléfonos y registra su ubicación cada dos minutos en promedio. La compañía invita a los usuarios a habilitar la función cuando usan aplicaciones como Google Maps, ya sea en iPhone o Android. (Las notificaciones son más insistentes con Android). Google promociona la función como una forma de recordar los viajes que hacen los usuarios, o para redescubrir viejos lugares, informarse de dónde pasaron un tiempo y cuán lejos viajaron. La compañía aclara que la función siempre ha sido opcional y que se recuerda habitualmente a los usuarios que sus datos se recopilan. Se calcula que un tercio de todos los usuarios activos de Google tienen activado el "historial de ubicaciones".
El dato es importante para el negocio de la publicidad de Google, que genera alrededor del 80 por ciento de los ingresos de su casa matriz. A los publicitarios los ayuda a determinar cuántas personas visitaron un comercio tras haber visto un aviso, indica el testimonio judicial de 2021 de Mario McGriff, entonces gerente de productos de Google a cargo de "historial de ubicaciones". La compañía guarda los datos de ubicación en una base de datos conocida como Sensorvault. Si los usuarios desactivan el "historial de ubicaciones", la compañía deja de acumular información, pero los datos previos continúan en sus servidores y al alcance de las fuerzas de seguridad.
Para obtener una orden judicial la policía crea lo que se denomina "geovalla" mediante el uso de un programa que traza un perímetro virtual en torno a la escena de un delito valiéndose de coordinadas de ubicación. Después deben convencer al juez de que hay buenas posibilidades de hallar pruebas del delito en ese sector. Si el juez lo aprueba, los agentes mandan una solicitud a Google.
La compañía recibió en 2016 su primer solicitud de "geovallas" de parte de agentes federales. En los últimos años se corrió la voz entre las fuerzas de seguridad impulsada en parte por compañías que venden programas a departamentos de policía. Algunos de esos mismos consultores que ayudaban a la policía a procesar datos de torres de celulares, ahora les ofrecen herramientas y seminarios para acudir a Google.
Las sesiones de capacitación llegaron a los suburbios de Watchung, Nueva Jersey, o a las colinas de Creston, en Iowa, indica SmartProcure Inc., que mantiene una base de datos de contratos oficiales. Entre 2017 y 2022 la cantidad de dólares que pagaron fuerzas de seguridad locales por capacitación en "geovallas" y otras técnicas de investigación con celulares se triplicó, sugiere el análisis de Businessweek de los datos de SmartProcure.
Las sesiones pueden ser reveladoras. En 2018 Travis Staab, un detective de Mesa, Arizona, asistió a un programa de capacitación dictado por ZetX, una empresa de software que ahora es propiedad de LexisNexis. Luego presentó una solicitud referida a un caso que languidecía en su escritorio: el robo de una armería local. Los resultados enviados por Google indicaban que la noche del episodio, mucho después de la hora de cierre, un dispositivo había estado activo en el local. Staab dio con el sospechoso.
En años posteriores Staab se maravilló con el éxito que tuvieron sus colegas con los datos de Google, a los que compara con "una huella dactilar electrónica que puede hallarse en la escena". Un compañero identificó a dos sospechosos de un homicidio en un parque local y resolvió una serie de hurtos de catalizadores a partir de la proximidad del teléfono del ladrón a la caja de alimentación en el momento exacto en que se había cortado la luz en un estacionamiento. "Esa coincidencia se vincula a un nombre, a su dirección de mail, a su número teléfono, a una dirección", recordó Staab.
Staab no tuvo tanta suerte con las solicitudes posteriores a su primer éxito, pero de todos modos las sigue obteniendo y asesora a otros detectives sobre cómo lograrlo. "Cuando funcionan son fenomenales -opina-. Y cuando no, duelen un poco más".
"Es mucho más complicado de lo que parece. Pero es tan tentador que el gobierno igual lo utiliza".
Es tentador ver en los datos de Google un atajo para resolver delitos, pero las órdenes también demandan tiempo y pueden no conducir a nada. El examen hecho por Businessweek de documentos judiciales y otros materiales detectó varios casos en los que las autorizaciones no produjeron nada útil.
En marzo de 2021 un policía de Austin consiguió una autorización para rastrear al ladrón de un adolescente que iba en bicicleta a la casa de un vecino a repartir tamales. El asaltante le había pegado en la cara al muchacho y le rompió la nariz. Google aportó resultados pero al final la policía no tuvo fundamentos para inculpar a nadie, señaló un representante del departamento de policía.
El año pasado en Surprise, un suburbio de Phoenix, el detective Taylor Knight consiguió cinco autorizaciones en el transcurso de menos de tres meses para investigar una oleada de robos y vandalismo en obras en construcción. Entre los equipos que la policía pretendía recuperar había un microondas y una parrilla. Una de las autorizaciones solicitada por el robo de una trituradora de madera pedía información sobre todas las personas que hubieran estado cerca de la obra durante casi toda una semana. El Departamento de Policía de Surprise admite que no se concretaron procesamientos.
Y la policía de Holly Springs, en Carolina del Norte, solicitó el año pasado una ubicación a Google por el robo de una caja fuerte que contenía US$ 30.000 en monedas y barras de oro y plata en un local de StorageMax. La caja fuerte pertenecía a William "B.J." Lawson, entonces director de tecnología de la red Truth Social, de Donald Trump, y a su esposa. El matrimonio informó a la policía que había "ubicado estratégicamente" el cofre detrás de unas cajas de cartón en el depósito. (Después dijeron que se arrepentían de haberlo escondido ahí). Un juez habilitó la autorización pero al final la policía no consiguió nada de Google.
Los policías dependen demasiado de los datos de ubicación de Google, observa Aaron Edens, analista de inteligencia que asesora a las fuerzas de seguridad sobre las autorizaciones. "En algún momento se convirtió en un mero trámite".
Una vez que empieza ese trámite le corresponde a la burocracia de Google evaluar la avalancha de pedidos y rechazarlos cuando corresponda. Un equipo denominado Apoyo de Investigaciones Legales (LIS, en inglés) revisa las solicitudes y citaciones. Trabajando junto con la asesoría legal de Google, un empleado puede procesar de 80 a 90 solicitudes por semana. Muchos especialistas del LIS salieron de la universidad hace apenas unos años; algunos ven la tarea como una prueba antes de cursar Derecho. Esas operaciones en las compañías tecnológicas tienen un impacto significativo, opina Albert Gidari, miembro del Centro de Sociedad e Internet de la Facultad de Derecho de Stanford, quien además ha representado a Google. "Cada día unos veinteañeros escriben todo un campo en el derecho consuetudinario de vigilancia".
Exempleados del LIS dicen enorgullecerse de mover todas las palancas a su disposición para objetar las solicitudes de datos, incluso la de valerse de errores tipográficos para rechazar un pedido. Un error común en las solicitudes policiales es el de apuntar a direcciones terminadas en "@gamil.com" en vez de "@gmail.com". "Nos alentaban a rechazar eso", explicó un exempleado que no estaba autorizado para hablar sobre su trabajo y pidió no ser identificado. "Si querían esos datos tenían que emprolijarse".
Pero hay un límite en lo que puede hacer Google. La empresa sostiene que no siempre le indican las características de la pesquisa ni la gravedad del delito. Cuando recibe una solicitud el papel de Google se limita a asegurarse de que sea técnicamente practicable y "particularizada", un término legal que indica que la información se ajuste al caso entre manos. "Son demandas gubernamentales, por lo tanto no son optativas", aclara Richard Salgado, quien por unos 13 años dirigió la división de información y fuerzas de seguridad en Google.
La firma señala que reforzó el personal del equipo LIS para atender las demandas crecientes de la policía. Para proteger la intimidad de los usuarios entrega a sus empleados la menor cantidad posible de datos personales necesarios para procesar una solicitud.
Google creó fórmulas que abordan pedidos comunes en el manejo de las miles de solicitudes que recibe cada año. En el caso de las solicitudes de "geovallas" sigue un proceso de tres pasos: primero la compañía comparte una lista de todos los dispositivos que estuvieron presentes en la fecha del delito, quitando la información que podría emplearse para identificar a los usuarios. Segundo, la policía puede solicitar información más detallada de un sector del primer grupo. Finalmente, en el tercer paso Google facilita los nombres y las direcciones de mail que los agentes consideran relevantes para la investigación. La compañía sigue por lo general un proceso similar en las solicitudes de rastreo de palabras clave, señalan declaraciones de empleados ante la Justicia.
Aunque el proceso fue diseñado con la intimidad en mente, también alienta a la policía a ejercer la contención. Por lo general los agentes deben acudir otra vez a un juez para solicitar una nueva autorización en cada paso del proceso y cargar los archivos de Google en diferentes planillas de cálculo o programas de rastreo para distinguir los datos, aclaran funcionarios de seguridad. El año pasado el detective Alex Dyer de Scottsdale se propuso investigar el robo de una cartera a una mujer en el estacionamiento de un local de Target. Cuando el paso 1 no arrojó nada prometedor de Google Dyer abandonó ahí. "No pedí el paso 2", informó.
"No es una técnica mágica", alerta Salgado, quien el año pasado se fue de Google y ahora dicta cursos sobre normas de vigilancia y otros temas en las universidades de Stanford y Harvard. "Es mucho más complicado de lo que parece. Pero es tan tentador que el gobierno igual lo utiliza".
La protección del anonimato de los datos por parte de Google no es blindada. La información aportada en el paso 2 puede rastrearse hacia atrás, indican testimonios de expertos, algo especialmente preocupante si en una zona determinada se encuentran lugares delicados como centros de salud o entidades religiosas.
"Todo esto es muy nuevo, ha sido poco probado y se decide sobre la marcha", indica Andrew Crocker, director de acciones penales sobre vigilancia en la Fundación Frontera Electrónica. "Y desde el punto de vista de las libertades cívicas, eso es muy peligroso".
Aun cuando Google entregue los resultados, los agentes de policía deben recordar que los datos corresponden a un dispositivo, no a una persona. El hombre de Arizona que fue acusado por error de homicidio le había prestado el auto y un teléfono viejo a un conocido, quien luego fue detenido por el crimen. Otro límite es que las solicitudes sólo se aplican a dispositivos que tienen habilitado el "historial de ubicaciones". Ciertos funcionarios advierten que la técnica está perdiendo efectividad porque los delincuentes saben eso y muchos simplemente inhabilitan la función en sus dispositivos, o dejan el aparato en su casa antes de cometer un delito.
De a poco se intensifican los reclamos de reforma. Legisladores de California y Nueva York propusieron normas que prohíban que la policía de esos estados solicite autorizaciones de "geovallas" o búsquedas de palabras clave, pero los proyectos se estancaron debido a la preocupación de que podrían impedir tareas policiales esenciales.
Algunos legisladores se han visto motivados por la decisión de la Corte Suprema estadounidense de revertir el fallo Roe v. Wade y la posibilidad de que se usen datos de Google para investigar a mujeres que aborten. Una norma aprobada el año pasado en California prohíbe que las compañías del estado entreguen datos a causas penales contra mujeres que quieren abortar. Google se asegura de que las fuerzas del orden que no solicitan información con ese fin, aunque a algunos activistas les preocupa que los datos de todos modos puedan usarse como armas.
La legislación federal de los Estados Unidos limita el uso de escuchas telefónicas en la investigación de delitos graves como asesinato, secuestro o tráfico de drogas, y las fuerzas del orden deben demostrar que no pudieron reunir pruebas mediante medios menos invasivos. Pero no hay restricciones semejantes sobre las solicitudes de "geovallas". "Es un indicio claro de que necesitamos una sólida norma nacional", opinó Jake Laperruque, subdirector del proyecto de seguridad y vigilancia del Centro de Democracia y Tecnología.
Hay opiniones divididas en cuanto a que el riesgo para las libertades cívicas sea mayor que el beneficio potencial de la seguridad. Roy Schahrer, un vendedor de un suburbio de Phoenix, fue interrogado por la policía cuando datos de Google lo ubicaron cerca de la escena de un tiroteo en 2021. Los policías descartaron que fuera sospechoso tras comprobar que "tenía la rutina de alimentar gatos" en el barrio, explicó la sargento Emma Huenneke. A Schahrer no le molestó que lo interrogaran ni que la policía revisara su cuenta de Google. "Prefiero que investiguen y que sigan cualquier pista que precisen -declaró-. Si hubiera sido el culpable, tal vez pensaría diferente".
Algunos jueces estatales en efecto piensan diferente. Tribunales de California y Virginia rechazaron solicitudes de "geovallas" que se basaban en barridas muy generales de los datos de Google. El año pasado el fallo en Virginia derivaba de un caso en el que la policía obtuvo una "geovalla" que abarcaba casi 7 hectáreas en el intento por resolver el asalto a un banco. La decisión hizo que algunos departamentos de policía dudaran antes de usar los datos de Google por temor a que las pruebas no pudieran sostenerse en los tribunales, acotó Lyla Zeidan, instructora de policías y ex fiscal en Ashburn, Virginia. "Eso debería ser una advertencia para las fuerzas de la ley".
Google sostiene que la decisión de Virginia le otorga más elementos para rechazar solicitudes amplias, y se pronunció a favor de cambios en la legislación. Agrega la compañía que en el último año ha objetado con éxito unas 2000 solicitudes de "geovallas", incluso algunas que alcanzaban a miles de dispositivos o que abarcaban ubicaciones complicadas, como sitios religiosos. Google se negó a precisar cuántas solicitudes de "geovallas" recibió en total en ese período.
Una de las disputas legales más trascendentes tuvo lugar recientemente en Colorado. La causa gira en torno al asesinato de una familia de cinco personas en un incendio en su casa en 2020. Filmaciones de una cámara de seguridad muestran a tres personas enmascaradas que salieron corriendo justo antes de que la casa se prendiera fuego; casi eran las únicas pruebas con las que pudieron trabajar los detectives. La policía de Denver consiguió una veintena de autorizaciones que no produjeron ninguna pista, incluso un par de solicitudes de "geovallas". Por eso un detective probó algo que nunca había intentado antes: obtuvo una autorización judicial para acceder a la información de todos los que habían gugleado la dirección de la casa en las dos semanas previas al incendio.
Luego de idas y vueltas y de comunicaciones de Google con consejeros externos, la compañía al final entregó el dato. Los detectives se concentraron en cinco cuentas en Colorado, y en particular en tres que habían buscado varias veces la dirección. La policía rastreó las cuentas a tres adolescentes que fueron detenidos por asesinato. Uno de los muchachos dijo a la policía que le prendió fuego a la casa porque pensaba que sus moradores le habían robado el iPhone, contó un portavoz del fiscal de distrito de Denver. El joven solo se dio cuenta de que había atacado la casa equivocada cuando al día siguiente vio los títulos de los diarios.
Los investigadores dieron con uno de los adolescentes, Gavin Seymour, porque había gugleado 14 veces la dirección de la casa días antes del incendio. La policía también revisó la cuenta de otra persona, que en los documentos judiciales se identifica como "EM". Esa joven también había gugleado la dirección pero los detectives la descartaron luego de revisar todos sus datos en Google, incluyendo el historial de búsquedas y el registro de lugares en los que había estado. Así determinaron que no tenía conexión con los otros sospechosos.
Más de tres años después del incendio, uno de los adolescentes se declaró culpable, pero los otros dos siguen resistiéndose. Seymour alega que la autorización para rastrear búsquedas, que fue la que activó la causa, fue ilegal y que la evidencia que de ella deriva debería ser suprimida. Su petición, que tiene que ser atendida por la Suprema Corte de Colorado, es la primera objeción a la constitucionalidad de la técnica.
Se cree que el máximo tribunal de Colorado se pronunciará antes de fin de año. Mientras tanto, las fuerzas de la ley buscan nuevas formas de explorar el reguero digital que dejamos atrás. Policías de San Francisco o Phoenix empezaron a enviar solicitudes de filmaciones de video registradas por autos sin conductor en sus recorridos por calles urbanas. Uno de los principales receptores de esas solicitudes es Waymo, empresa hermana de Google.
Con Jack Gillum, Kurt Wagner y Leah Nylen
Esta nota se publicó en el número 359 de revista Apertura.