García Castellón autorizó espiar los móviles de exdiputados de la CUP y el exlíder de Podemos en Catalunya por el caso Tsunami
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la plataforma 'Tsunami Democràtic' autorizó a los agentes de la Guardia Civil a instalar un "software remoto" en el móvil de los exdiputados de la CUP en el Parlament David Fernández y Quim Arrufat y en el del exdiputado de Catalunya Sí que es Pot en la Cámara catalana entre 2015 y 2017 y exlíder de Podemos en Cataluña, Alberto Dante Fachin, según ha publicado El País y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. Ninguno de los tres han sido imputados en esta causa. Sus nombres tampoco aparecen en el informe final de la Guardia Civil incorporado a la causa el pasado noviembre.
La decisión del magistrado Manuel García Castellón se enmarca en el procedimiento que dirige en el Juzgado Central de Instrucción Número 6, en el que investiga quiénes son los promotores de Tsunami Democràtic para determinar cómo se orquestaron las protestas que en 2019 --tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés-- provocaron disturbios callejeros, cortes de carreteras y el bloqueo del aeropuerto de El Prat.
Las fuentes consultadas han precisado que el instructor autorizó al instituto armado a intervenir los dispositivos móviles de Fernández y Arrufat así como de Dante Fachin en enero de 2020, unos meses después de que los agentes pidiesen al juez que tomase esta medida. Según un auto de 10 de octubre de 2019 por el que se acuerda la medida respecto a dos terminales, se trata de un 'software' que permite, "de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario".
Este software permite acceder, entre otros, a la agenda de contactos, al registro de videollamadas, a la cuenta de correo asociada al móvil, al historial de navegación web y a las comunicaciones en redes sociales. También permite activar el micrófono del dispositivo para "captar y grabar las comunicaciones orales", según detalla el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
El juez dio el visto bueno a estas intervenciones después de que los investigadores señalaran a Fernández como "la primera persona que utilizó públicamente el concepto de 'Tsunami Democràtic', en noviembre de 2014, a propósito de la primera consulta ilegal de autodeterminación".
De la documentación que consta en el sumario, y a la que ha tenido acceso Europa Press, se desprende que el magistrado también dio luz verde a que el instituto armado actuase sobre el teléfono de Joan Matamala, empresario cercano al expresidente catalán huido Carles Puigdemont, el del activista Martí Olivella, o el de los informáticos Jordi Baylina y David Franquet.
Además, según las citadas fuentes, también se autorizó el acceso al terminal de Elías Campo, miembro del 'think tank' Citizen Lab, que destapó el presunto espionaje con Pegasus a activistas y políticos catalanes.