El PP presentó ayer una enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía del Gobierno y sus socios. Son conocidas las drásticas expresiones que en el pasado profirieron muchos dirigentes del PSOE contra la amnistía, tachándola de ilegal e inconstitucional. Hoy es Pedro Sánchez quien, por pura necesidad aritmética de poder, ha cambiado su guion y ahora lo que era ilegal es legal, lo que era inconstitucional es «plenamente constitucional», y lo que era inmoral es un factor de convivencia y progreso. La amnistía no merece más que una enmienda total , frontal, en términos jurídicos, políticos y de ética pública por lo que conlleva de desigualdad, de arbitrariedad y de desprecio a la propia palabra dada. Por eso el PP no tenía más alternativa que enmendar radicalmente cualquier iniciativa que conceda inmunidad e impunidad al separatismo. Tiene lógica que el PP construya su enmienda sobre un único artículo que reforme el Código Penal, que sancione la deslealtad constitucional y que tipifique como delito la inobservancia de las leyes, los referendos ilegales o el incumplimiento de sentencias. Esta misma idea fue plasmada por el anterior gobierno del PP en el Código Penal para castigar la celebración de consultas de autodeterminación o la ruptura de la unidad nacional. Y fue una idea que Sánchez defendió vivamente como propuesta electoral, cuando por entonces se envolvía en la bandera de España y prometía detener a Puigdemont o endurecer la legislación. Es el mismo Sánchez que cuando llegó al poder hizo lo contrario y despenalizó esas conductas, incluso reduciendo a la nada el delito de sedición. Por eso, y porque en su día lo respaldaron tanto el PP como el PSOE como principales partidos, tiene todo el sentido que el PP proponga que todas las conductas atentatorias contra la Carta Magna no sean consentidas ni premiadas. Poner a cero el contador de los delitos del separatismo es una irresponsabilidad que alterará la convivencia más que apaciguarla, y que polarizará más si cabe a nuestra sociedad. Sin embargo, al presentar su enmienda el PP incurrió en un error. Generó confusión en torno a una idea válida y necesaria como la de castigar más los referendos ilegales. Miguel Tellado, su portavoz parlamentario, sugirió simultáneamente la ilegalización de partidos y la suspensión de sus actividades. Jurídicamente no es lo mismo. Y además, conviene tener un exquisito cuidado y un rigor extremo al definir qué pretende el PP –y también Vox con una propuesta mucho más radical–, porque no es lo mismo el Código Penal que la Ley de Partidos Políticos. Y no es lo mismo impulsar un referéndum que promoverlo, convocarlo y celebrarlo. El alcance de las conductas penales en que incurran los responsables de ilegalidades no tiene por qué implicar siempre y en todo caso la suspensión de una formación en una democracia. Es una cuestión muy delicada toda vez que las sentencias y la normativa europeas son restrictivas al respecto. Una cosa es condenar con penas severas a quien atente contra el orden constitucional, y otra distinta la ilegalización de su partido, algo que tiene cauces diferentes a los penales y condicionamientos de otra índole, como ocurrió con Herri Batasuna y otros partidos primigenios de Bildu por su vinculación con el terrorismo. Mezclar todo en un maremágnum jurídico es un error que permite al separatismo victimizarse más y que el PP, y Vox también, debieron aclarar con más detalle y especialización. El delito de deslealtad constitucional es imprescindible. Tanto como frenar consultas. Pero hacer creer a la opinión pública que Junts, ERC o Bildu serán fácilmente suspendidos o ilegalizados por plantear referendos separatistas es demasiado simplista.
