Justicia argentina suspende reformas laborales propuestas por Javier Milei
La suspensión es considerada una medida provisional hasta que se discuta la validez del decreto de necesidad y urgencia en el Congreso, y surge en medio de la grave crisis económica en Argentina.
Buenos Aires. La Justicia argentina suspendió los efectos en materia laboral del extenso decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei, el cual entró en vigencia el pasado viernes y busca modificar o derogar más de 300 normativas.
Esta decisión fue tomada por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, como respuesta al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, la semana pasada.
La resolución judicial anula la aplicabilidad del capítulo IV del DNU, el cual, entre otras cosas, extiende el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reduce el monto para calcular las compensaciones por indemnización, disminuye las licencias por embarazo, maternidad y paternidad, y limita casi por completo el derecho a huelga u otras medidas de fuerza.
En su dictamen, uno de los jueces, Alejandro Sudera, cuestiona la “necesidad” y la “urgencia” del decreto de Milei, argumentando que no se evidencian objetivamente razones para adoptar tantas medidas, y que no se avizoran circunstancias urgentes que justifiquen eludir la intervención del Poder Legislativo.
Además, Sudera detalla que varias de las normas que el Ejecutivo busca modificar sin intervención legislativa tienen una naturaleza represiva o sancionatoria, llegando a formar parte del derecho penal laboral, especialmente en lo referente a las limitaciones de huelga y la anulación de multas a empleadores por tener trabajadores no debidamente registrados.
Esta suspensión es una medida provisional, en espera de la discusión sobre la validez del DNU en el Congreso.
Presentado en medio de una aguda crisis económica en Argentina, con una inflación anual que supera el 160% y una tasa de pobreza del 40%, el extenso decreto de Javier Milei también abre la puerta a la privatización de empresas públicas y revoca leyes destinadas a proteger a los consumidores contra aumentos abusivos de precios.
