El testigo clave del juicio de la caja B del PP de Valencia se desdice y exonera al exvicealcalde

Un testigo clave del juicio por la presunta caja B del PP de Valencia , dentro del caso Imelsa, se ha desdicho de todo lo que declaró ante la Guardia Civil y en el juzgado y ha exonerado al exvicealcalde de la ciudad de Valencia Alfonso Grau , en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá, de cualquier irregularidad. Se trata de un exasesor de Grau que este miércoles ha declarado en calidad de testigo en el juicio que se sigue en la sección segunda de la Audiencia de Valencia contra Grau; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón por la pieza A de Imelsa, en relación con la presunta financiación irregular del PP de Valencia en las campañas de 2007 y 2011 . El exasesor de Grau ha explicado que en 2007, tras la campaña electoral, empezó a trabajar a Laterne tras entregarle el currículum a su exjefe -empresa que había organizado la campaña-. En 2016 declaró ante la Guardia Civil y posteriormente en el juzgado que Grau le dio 350.000 euros en billetes de 500 euros para pagar facturas de la campaña y, sin embargo, hoy lo ha negado. «Eso no fue así», ha manifestado, y ha aclarado que fue Vicente Sáez, exdueño de Laterne ya fallecido, quien delante de Grau, en una reunión, le dio 350.000 euros para pagar facturas de la campaña. El presidente del tribunal le ha pedido que explique su contradicción en sus declaraciones y éste ha contestado: «Ante la Guardia Civil declaré hasta la 1.30 de la madrugada, durante nueve horas, estaba muy cansado y solo, sin asistencia y presionado ». Interpelado si luego no comentó estas circunstancias cuando se ratificó en el juzgado, a los ocho días, ha respondido que «no». «Cuando vine al juzgado estaba siendo increpado por una persona. Estaba agotado, con depresión y tomaba fármacos de todo tipo», ha incidido. «Fue un error. El dinero salía de la empresa de Sáez», ha apostillado. El testigo, preguntado por lo que hizo con los 350.000 euros, ha indicado que «pagar facturas en diferentes bancos, cogiendo facturas y dinero». Ha dicho que sobraron 15.000 euros y que se los devolvió a Sáez delante de Grau. En este punto se ha vuelto a contradecir con lo que dijo en instrucción. MÁS INFORMACIÓN noticia No El juzgado archiva la causa por la venta del campo de golf de Borriol en la que estaba imputado Carlos Fabra Además, en su declaración de este miércoles ha explicado que una empresa le dio un cheque de 150.000 euros y que fue Sáez quien le pidió que lo recogiera porque eran para pagar facturas. En su declaración judicial aseguró que fue Grau quien le indicó que recogiera el cheque. «Fue un error mío. Grau no me dio nunca nada ni me lo dijo», ha insistido. Hoy también ha dicho que no se cambió el concepto de facturas que no correspondían con actos de campaña mientras que anteriormente aseguró que se giraban contra Laterne facturas que no correspondían con gastos de campaña y se eliminaron conceptos. «Dije eso porque la pregunta era capciosa, era malintencionada», ha matizado. También hoy ha asegurado que entregó una documentación en Fiscalía porque un hombre al que no ha identificado y del que ha dicho que se encontró en una calle poco transitada amenazó a sus hijos . «Se acercó por la calle, me dio la documentación y me enseñó una foto de mis hijos. La entregué porque la salud de mis hijos está por encima de todo», ha afirmado. «Se la entregué a una periodista. Le pedí una copia y todavía la estoy esperando. Yo no la miré, no sabía que documentación iba a entregar», ha aseverado, pese a que ha dicho que la tuvo uno o dos días en su domicilio. El fiscal encargado del caso se plantea pedir que se le deduzca falso testimonio al testigo por sus numerosas contradicciones, según ha podido saber Europa Press. «Nunca comprendí esa mecánica» Este miércoles también ha declarado en el juicio una exempleada del grupo popular y exasesora de Alcaldía. Ha indicado que en el partido, García Fuster tenía «mucho poder» y era una persona «histórica», al tiempo que ha narrado que para la campaña electoral de 2015 le pidieron un ingreso extraordinario de 1.000 euros para el partido . «Me pidieron 1.000 euros pero no lo ingresé porque no me pareció una práctica clara. Me dijeron que el dinero me lo iban a devolver en el grupo y que la orden venía de la secretaria, aunque ella nunca me lo dijo. En otras campañas jamás me habían pedido nada», ha dicho. Y ha agregado: «Me quedé extrañada. Me dijeron que luego me darían dos billetes de 500 euros. Me lo volvieron a reclamar y dije que no pensaba hacerlo porque no me parecía correcto. Nunca comprendí esa mecánica», ha apostillado. En la sesión de esta jornada también ha declarado una extrabajadora de Laterne que se encargó de tareas publicitarias para la campaña del PP de 2007. Ha explicado que Grau era la «persona de contacto» para organizar los trabajos y, preguntada por el presupuesto con el que contaba la empresa para la campaña, ha señalado que no lo recordaba. En instrucción dijo que había un millón de euros y hoy ha señalado: «Había rumores de esa cifra pero no lo recuerdo». Por otro lado, otro testigo que trabajó tres meses para Laterne en diseño publicitario ha afirmado que no recuerda si le hicieron cambiar el concepto de las facturas, que era 'Campaña Ayuntamiento': «No recuerdo si me dijeron que quitara lo de Ayuntamiento. Podría ser», ha afirmado. En su declaración ante la Guardia Civil así lo comunicó. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho ; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para García Fuster por cohecho. Inicialmente en esta pieza había 49 personas acusadas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015. Sin embargo, el procedimiento se archivó contra ellos y solo han quedado cuatro acusados.