El drama de ser un “sin techo” en Estados Unidos llega a la Corte Suprema

Está cobrando impulso una causa referida a campamentos de personas sin techo que se presentará ante la Corte Suprema de Estados Unidos el próximo mes y que podría tener implicancias importantes para las ciudades, en tanto la falta de vivienda en todo el país ha alcanzado niveles récord.

Por Clarín 

En los últimos días se han presentado decenas de escritos enviados por el Departamento de Justicia, miembros del Congreso y fiscales generales estaduales, entre otros. Se sumaron al creciente número de funcionarios estaduales y municipales del oeste que han presentado escritos instando a los jueces a revocar el controvertido fallo de un tribunal inferior que, según dicen, les impide solucionar el problema de los campamentos de personas sin hogar.

En 2018, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, cuya jurisdicción comprende nueve estados occidentales, dictaminó que era inconstitucional castigar a las personas que se encuentran “involuntariamente sin hogar” por dormir al aire libre si no hay suficientes camas en los refugios. El fallo en el caso Martin v. Boise determinó que hacerlo violaría la cláusula sobre castigo cruel e inusual de la Octava Enmienda de la Constitución.

Los defensores de la justicia social apoyan desde hace mucho ese fallo basándose en la idea de que las personas sin techo no deberían ser castigadas, aunque grupos de derechos humanos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por la sigla en inglés) aún no han presentado escritos en el caso. Muchos funcionarios del oeste, por otro lado, dicen que el fallo les ha impedido solucionar el problema de un aumento de los campamentos en las veredas, parques y otros lugares públicos.

Estados Unidos el año pasado experimentó un dramático aumento del 12% en el número de personas sin hogar que alcanzó el nivel más alto registrado, según un informe federal, en tanto el aumento de los alquileres y una reducción de la asistencia por la pandemia de coronavirus se combinaron para poner las viviendas fuera del alcance de más estadounidenses. Alrededor de 653.000 personas estaban sin hogar en el recuento de enero de 2023, la mayor cantidad desde que el país comenzó a utilizar la encuesta anual en 2007.

Más de la mitad de las personas sin hogar del país se encontraban en cuatro estados: California y Washington, ambos bajo la jurisdicción del Noveno Circuito, más Nueva York y Florida. Se estima que alrededor del 28% de las personas sin hogar del país se encuentran sólo en California, según el informe federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

La causa ante la Corte Suprema fue presentada por Grants Pass, una pequeña ciudad enclavada en las montañas del sur de Oregón a la que se le ha prohibido por órdenes judiciales (citando Martin v. Boise) hacer cumplir ordenanzas locales que prohíben dormir y acampar en parques y propiedades públicas. En su pedido, Grants Pass dijo que ella y otras ciudades “se encuentran de manos atadas a la hora de actuar frente a los campamentos públicos”.

El caso ha impulsado a tomar intervención a funcionarios de los municipios, los condados y los estados de todo el oeste, tanto demócratas como republicanos, y cada vez más a funcionarios nacionales.

En un escrito presentado el lunes que no da apoyo a ninguna de las partes, el Departamento de Justicia dijo que el Noveno Circuito tenía razón al determinar que las ordenanzas que castigaban a las personas por dormir al aire libre donde no había suficiente espacio en los refugios eran inconstitucionales, pero “erró” al aplicar el fallo a todas las personas sin hogar “sin requerir una investigación más particularizada sobre las circunstancias de las personas a quienes se les pueden aplicar esas ordenanzas”.

“El tribunal se negó a decidir qué demostración se requiere para determinar que una persona se encuentra involuntariamente sin hogar. Eso fue un error”, escribieron en el expediente funcionarios del Departamento de Justicia, incluida la procuradora general Elizabeth Prelogar y la fiscal general adjunta de Derechos Civiles, Kristen Clarke.

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