El Gobierno asegura que ya hay en marcha más de 25.000 viviendas sociales ligadas a los fondos europeos
El ministerio firmará hoy con diez comunidades autónomas convenios para construir 3.233
El Gobierno asegura que sus planes para construir un parque de viviendas social avanzan incluso mejor de lo esperado. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha afirmado hoy en el Senado que ya tienen en marcha más de 25.000 unidades destinadas a alquiler social con una inversión superior a los 1.000 millones de euros y vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone 5.000 más de las comprometidas con Bruselas hasta 2026.
Concretamente, Rodríguez ha asegurado que en este momento hay ya conveniadas, en construcción o entregadas 22.242. A estas se sumarán otras 3.233 mañana martes dado que, según anunció la ministra, su departamento va a firmar con diez comunidades autónomas los convenios correspondientes para su desarrollo.
Estas viviendas sociales forman parte del plan para desarrollar 184.000 que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además de sacar pecho por el avance de este plan, Rodríguez ha avanzado que mañana se llevará también a Consejo de Ministros para su aprobación los 430 millones de euros que se acordaron el pasado mes de enero con las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos, así como para la construcción de vivienda asequible.
Esta cantidad se suma a los casi 3.500 millones de euros que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades dentro del Plan de Recuperación, lo que supone un total de 4.000 millones de euros para la rehabilitación y construcción de vivienda asequible, complementados con el Plan de Rehabilitación de Edificios conveniado con los ayuntamientos, donde Vivienda ha dispuesto otros 600 millones, según ha explicado Rodríguez.
Desahucios
La titular de Vivienda también ha recalcado el compromiso del Gobierno en el despliegue del escudo social, tras registrar el PSOE en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley derivado del Real Decreto anticrisis para ampliar la suspensión de desahucios en hogares vulnerables hasta 2028.
La enmienda presentada por el Grupo Socialista propone añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013, en la que se recoge que transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.