Nayib Bukele ordena cerco militar en áreas afectadas por pandillas en El Salvador
La medida de Nayib Bukele surge luego de la muerte de dos personas en el norte de El Salvador y la captura de miembros de la pandilla Barrio 18 Sureños.
San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este domingo que el despliegue de 6,000 militares y policías para cercar los remanentes de pandillas en el norte del país, luego de la muerte de dos personas.
“En este momento 5.000 soldados y 1.000 policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador para desarticular esa clica por completo”, escribió el mandatario en X.
Argumentando que hace unos días “hubo dos homicidios” en esa zona, aproximadamente a 90 km al norte de San Salvador, donde fueron capturados “dos culpables”, miembros de la pandilla Barrio 18 Sureños.
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“No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”, advirtió en la red social, donde publicó un video del impresionante despliegue de uniformados organizados en escuadras y dos detenidos arrodillados con las manos esposadas.
“Limpiaremos por completo la zona, vamos a extraer hasta el último remanente de pandillas”, publicó también en X el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, al describir el despliegue en el sur del departamento de Chalatenango.
El Salvador estuvo bajo un estado de excepción ordenado por Bukele durante dos años, lo que provocó la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de las cuales más de 7.000 fueron liberadas por ser inocentes.
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Las pandillas, originarias de las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, son atribuidas por el gobierno salvadoreño con unos 120.000 homicidios en casi tres décadas, superando los 75.000 muertos que dejaron doce años de guerra civil (1980-1992).
Después del fin de la guerra, los salvadoreños comenzaron a vivir bajo el terror de las pandillas MS-13 y su rival Barrio 18, con sus dos facciones Sureños y Revolucionarios, que juntas llegaron a sumar unos 100.000 miembros.
Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción, denunciando “detenciones arbitrarias”, “torturas” y “muertes” en prisión.