El abogado de Ana Julia asegura que su aislamiento en prisión es para garantizar su protección ante el «revuelo mediático»
El aislamiento en la prisión de Brieva, en Ávila, para Ana Julia Quezada , la mujer condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018 en Almería, fue decidido por parte del órgano penitenciario para garantizar su «protección ante el revuelo mediático» surgido de la petición pública de la madre del pequeño, Patricia Ramírez, para impedir que se grabe un documental o serie sobre el caso. Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el abogado de la reclusa, el letrado Esteban Hernández-Thiel, quien ha rechazado que dicho aislamiento tenga relación con los posibles contactos que la interna tendría con una productora a fin de grabar entrevistas de cara a dicho producto audiovisual. El abogado ha explicado que se ha decidido no recurrir el aislamiento dentro del centro penitenciario donde, por otra parte, «no se ha encontrado» ningún teléfono móvil en su poder tras el registro de su celda, según ha despejado ante las sospechas manifestadas por la madre de Gabriel Cruz, que aseguró tener conocimiento de tal extremo a través de una «fuente directa» de la prisión. «Ella ya estuvo en aislamiento en otra ocasión, el año pasado, porque había recibido amenazas y, de hecho, quiso estar en aislamiento», ha asegurado Hernández-Thiel a la hora de desligar esta medida de los contactos que la rea tenga con el exterior de la cárcel, ya que el reglamento penitenciario tampoco lo contempla, según ha detallado. De otra parte, el abogado ha señalado que Ana Julia Quezada «no está condenada al ostracismo», sentido en el que ha reconocido el interés manifestado por su representada por conceder entrevistas en las que «expresarse» y el haber presentado recursos jurídicos ante las negativas para que pudiera ser filmada. «Ya se ha entrevistado anteriormente a otros presos» , ha observado al respecto antes de asegurar que, como abogado, Ana Julia Quezada ha pedido, entre otros asuntos penitenciarios, que recurra las decisiones que impidan entrevistarse y que «pelee profesionalmente para que esos derechos que tiene, se respeten». No obstante, Hernández-Thiel ha negado que él haya actuado como «productor» o «promotor» de ningún proyecto audiovisual ante las manifestaciones de Patricia Ramírez , que lo señaló como gestor del proyecto que, según manifestó, se estaría ultimando. «Yo no me dedico a ningún programa audiovisual, pero lo que sí está entre mi cometido es defender los derechos constitucionales de todas las personas», ha atajado Hernández-Thiel, quien ha observado que la cuestión puede generar un «debate social» al existir la «libertad de expresión y libertad de prensa» ante un asunto de «interés». El letrado ha recalcado que forma parte de su labor defender los «derechos constitucionales de todas las personas» puesto que «aunque hayan cometido el delito que hayan cometido, siguen conservando derechos» no limitados en una sentencia, de modo que «se puede combatir por eso legalmente». De otro lado, ha asegurado que, por el momento, no le ha sido notificada ninguna de las querellas anunciadas por Patricia Ramírez en su rueda de prensa, de forma que si bien ha querido «empatizar con su dolor», cree que el mismo le «lleva a confusión. Ni se ha hecho nada, ni yo promuevo nada, ni tengo productoras de televisión», ha recalcado.