Lava Jato: declaran fundado pedido de la Procuraduría en caso contra Jorge del Castillo
El Poder Judicial declaró fundada la petición de la Procuraduría Pública para constituirse como actor civil en las investigaciones que se están realizando contra Jorge del Castillo y otros en el caso Lava Jato. A través de las redes sociales se informó de la decisión de la respectiva entidad judicial encargada.
"El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido de la Procuraduría Pública para constituirse en actor civil en el proceso seguido contra Jorge Del Castillo Gálvez y otros, por el delito de lavado de activos", indicó.
Caso Lava Jato: ¿de qué esta acusado Jorge del Castillo?
Jorge del Castillo está siendo investigado por el Equipo Especial Lava Jato debido a presuntos delitos de lavado de activos y formación de una organización ilícita. Esta investigación se vincula con las acusaciones sobre una suma de 200 mil dólares que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, asegura haber entregado al exministro Luis Alva Castro, con el propósito de financiar la campaña electoral de Alan García en 2006.
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Asimismo, Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez enfrenta acusaciones, junto con otros implicados, por el delito de asociación ilícita para delinquir, conforme al artículo 317 del Código Penal. Este artículo fue modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 de julio de 2007, en perjuicio del Estado peruano.
Caso Lava Jato: ¿por qué la procuraduría pública buscó constituirse como actor civil?
La Procuraduría Pública solicita constituirse como actor civil en una investigación para representar los intereses del Estado y buscar la reparación de daños y perjuicios ocasionados por delitos o actos ilícitos que afectan el patrimonio público. Esta acción permite a la Procuraduría participar activamente en el proceso judicial, presentando pruebas, interponiendo recursos y solicitando indemnizaciones.
Al constituirse como tal, la Procuraduría tiene la potestad de exigir la restitución de bienes, el pago de compensaciones económicas y cualquier otra medida que contribuya a resarcir el daño causado al Estado.