Consumo exige a siete multinacionales que eliminen sus anuncios de alojamientos vacacionales en territorios palestinos ocupados por Israel
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya está mandando los primeros requerimientos a empresas que publicitan en España bienes o servicios originados en los territorios palestinos ocupados por Israel tras avisar a finales de octubre de que comenzaría una exhaustiva investigación. Este martes, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy informa de que ha exigido a siete plataformas de alojamiento vacacional que retiren los 138 anuncios de alojamientos en territorio palestino ocupado por Israel y que publicitan en España.
Tras una investigación en la que Consumo ha recopilado y analizado decenas de anuncios, el Ministerio ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo. Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.
"Si estas multinacionales no retiran en España los anuncios identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio", advierte Consumo en un comunicado. Este requerimiento se enmarca en Real Decreto-ley 10/2025, "por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza", aprobado en septiembre, y que recoge el embargo de armas a Israel. Consumo se basa en el artículo 4 de este decreto, el cual prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio.
El Gobierno coloca así en su punto de mira a compañías que, según la ONU, se estarían beneficiando económicamente de la ocupación ilegal. Asimismo, el decreto se apoya en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, que establece que las violaciones de Israel en el territorio palestino ocupado generan obligaciones jurídicas para el resto de los Estados. En particular, la Corte señala el deber de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado", destaca el Ministerio de Consumo. Además, este pasado mes de noviembre, la Asociación de Juristas por el Respeto del Derecho Internacional presentó una demanda en Francia contra una plataforma de alquiler turístico por anunciar propiedades en asentamientos de Cisjordania, y Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado prácticas similares.