«Frente jurídico» de ETA: las «presiones» a las víctimas para desinflar la causa

«Los abogados tenían material, mapas de zulos y un pendrive que dejaban clara su vinculación con ETA. No era justo que miembros tan estrechos de la organización terrorista quedaran impunes». Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), se congratula por la reciente decisión del Tribunal Supremo de ratificar las condenas por integración en organización terrorista a los dos principales abogados del «frente jurídico» de ETA, los letrados Arantza Zulueta (en su caso, también por depósito de armas y explosivos) y Jon Emparantza –siete años y medio de prisión y cuatro, respectivamente– pese a la reducción de pena a los otros dos condenados, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegui (dos años y un año y medio de cárcel a cada uno).

Y denuncia «presiones» a lo largo de la instrucción para enterrar el procedimiento. «Dignidad y Justicia ha llevado esta acusación hasta el final a pesar de todas las contradicciones que ha habido y de todas las presiones que la asociación ha recibido para resolver esta causa por la vía de la conformidad», pone de manifiesto. «Nuestros servicios jurídicos se han mantenido firmes contra viento y marea, porque había pruebas», recalca satisfecho.

Ha sido un largo periplo judicial de 15 años desde que en abril de 2010 se llevara a cabo la operación policial contra «Halboka», la red de asistencia letrada que tomó el testigo del «frente de cárceles» de ETA encargándose de mantener la cohesión de los presos de la banda y de transmitirles las directrices de la organización terrorista, llegando incluso a señalar posibles objetivos y colaborando, también, en la recaudación del «impuesto revolucionario» (el chantaje a los empresarios para conseguir fondos para su actividad criminal).

Portero: "Las víctimas no se lo merecían"

«Las víctimas del terrorismo no se merecían que quienes han hecho posibles los atentados que han acabado con la vida de sus familiares siguieran campando a sus anchas como si nada hubiera sucedido», expone a LA RAZÓN el presidente de Dignidad y Justicia, que junto a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ejercen la acusación en esta causa.

La investigación llegó a solaparse con la que se puso en marcha contra «Herrira», que tras el anuncio de disolución de ETA asumió estos cometidos como enlace entre ETA y sus presos. En este caso, se sentaron en el banquillo 47 acusados (entre ellos, también, Zulueta y Emparantza, para quienes la Fiscalía pedía 14 años de prisión), que tras un acuerdo entre las defensas y las acusaciones fueron condenados en 2019 a penas de tres años y medio de cárcel como máximo.

El precedente –y el hecho de que se juzgara antes a los miembros de «Herrira» que a los de «Halboka»– extendía la sombra de un nuevo acuerdo de conformidad (mediante el que las acusaciones garantizan que haya condenas ante una prueba endeble y las defensas consiguen una sustancial rebaja de penas a cambio del reconocimiento de las imputaciones).

"Muchos nos presionaron"

Intentos, por lo que cuenta Portero, no faltaron. «Muchos nos presionaron para llegar a acuerdos que no nos parecían justos. Utilizaron hasta instituciones como el Colegio de Abogados de Bilbao para evitar que nos personáramos o que continuáramos ejerciendo la acusación contra letrados que pertenecían a esa institución solo porque eran parte de ella. Olvidaban, sin embargo, que también eran parte de ETA», apunta el presidente de DyJ.

«Muchos cedieron a esas presiones», señala antes de insistir en que «solo la perseverancia y la profesionalidad» de la letrada de la asociación, Vanessa Santiago, «han mantenido vivo el procedimiento y conseguido llegar hasta el final».

En la AVT también están satisfechos con la decisión del Supremo. Fuentes de la asociación que preside Maite Araluce confirman que las defensas de los cuatro acusados (otros tres fueron absueltos por la Audiencia Nacional) querían llegar a un acuerdo de conformidad que al final no se produjo.

Satisfacción en la AVT por el aval del Supremo

Desde la AVT –representada en la causa por el letrado Antonio Guerrero– consideran relevante que el Tribunal Supremo solo haya estimado que los hechos que llevaron a cabo Zuriarrain y Sarriegui «fueron de menor entidad» (de ahí la rebaja en la condena), «desestimando todos los motivos de su recurso de casación, entre ellos la intervención del CNI» (Centro Nacional de Inteligencia) en el origen de la investigación.

«Su labor fue bastante menor y no tuvieron ningún tipo de actividad ni relación con actos o hechos violentos», apuntan esas mismas fuentes, que distinguen su actuación de la que llevaron a cabo Zulueta y Emparantza, «ya que a la primera le incautan un pendrive con croquis de zulos y respecto al segundo consta acreditado que intervino en el cobro del impuesto revolucionario» (mediante el envío de correos electrónicos y la recepción de cantidades fruto de la extorsión a empresarios por parte de los terroristas).

Los dos abogados esgrimieron sin éxito el principio de cosa juzgada (al haber sido ya condenados previamente como integrantes de «Herrira»), pero el alto tribunal ha ratificado ahora la decisión de la Audiencia Nacional, que consideró que tras ser detenidos en abril de 2010 su pertenencia a ETA (desde 2005) se interrumpió hasta enero del año 2012, cuando tras el anuncio de disolución por parte de ETA se reestructuró el «frente de cárceles», asumiendo los dos acusados de nuevo esas funciones hasta que volvieron a ser detenidos por las Fuerzas de Seguridad en enero de 2014.

Un pendrive con croquis de zulos

A Arantza Zulueta se le intervino en su despacho profesional –oculto tras el marco de un cuadro– un pendrive con información sobre zulos de ETA y unos croquis que llevaron a la Policía francesa hasta esos depósitos de material de la banda terrorista. Allí, los agentes localizaron 92 kilos de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un Kalashnikov, un Cetme y munición, además de dinero.

La sentencia ahora confirmada también señala que ETA pidió a «Marxel» (uno de los alias que habría utilizado Zulueta) un informe sobre las medidas de seguridad en la Audiencia Nacional con el objetivo de atentar contra la sede judicial, aunque no hay constancia de que la información se realizara o llegara a los terroristas.