Otra vez, el horror toca a los niños
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
La desaparición de Brianna Genao se suma a otros casos recientes como el de Roldany Calderón, de 3 años de edad, desaparecido en Jarabacoa en marzo de 2025, y de otros menores cuyos cuerpos han sido hallados sin vida, en distintas localidades del país.
El 31 de diciembre de 2025, mientras el país despedía el año, la familia de Brianna iniciaba el sufrimiento de su desaparición en la comunidad de Barrero, municipio Imbert, en Puerto Plata.
Su nombre se integra a una lista de niños y niñas cuyos paraderos todavía son desconocidos y que, en el peor de los casos, algunos han sido hallados muertos.
Roldany Calderón, por ejemplo, desapareció el 30 de marzo de 2025 en Manabao, Jarabacoa, y hasta el momento se desconoce su paradero.
Estos dos casos tienen características similares: la misma edad de los niños y un entorno rural y comunitario, donde la vigilancia y la respuesta inmediata de las familias y vecinos son vitales, pero también en el que las limitaciones institucionales suelen ser más evidentes por la ausencia de políticas públicas.
Otros menores han sido reportados como desaparecidos en distintas localidades del país, sin respuestas concluyentes. En varios casos, las búsquedas terminaron con el hallazgo de cuerpos inertes y abandonados, multiplicando la indignación y el dolor.
El patrón es peligroso y temible y si no se actúa a tiempo, la tragedia puede convertirse en recurrente pesadilla social y criminal.
La Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos de protección infantil no han logrado articular una coordinación efectiva, sin que se puedan apreciar las causas que puedan justificar tal imposibilidad.
La famosa espera de 24 o 72 horas para declarar a alguien desaparecido, por razones culturales y burocráticas, es un vacío crítico que retrasa las búsquedas y pone en riesgo la vida de las personas, niños, jóvenes o adultos extraviados en cualquier parte del país.
Aunque existen avances, como protocolos de búsqueda, cooperación internacional, unidades especializadas, los vacíos siguen siendo profundos y se manifiestan en la falta de estadísticas claras, ausencia de un sistema nacional de alerta inmediata y escaso acompañamiento a las familias, que muchas veces enfrentan la búsqueda en soledad.
En julio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea la Alerta Amber, pero aún está pendiente de ser conocido en el Senado.
Esta pieza busca activar de inmediato la búsqueda de desaparecidos, coordinar al Estado, a los medios de comunicación y a la ciudadanía y garantizar que cada denuncia se atienda como una real emergencia y no como un simple trámite burocrático.
La pregunta es inevitable: ¿qué obstaculiza su aprobación final y posterior promulgación?
Es cierto que la primera línea de protección de la familia, fundamentalmente de los menores, está en el hogar, que no puede ser sustituido por ningún sistema de alerta, y que allí, deben prevalecer normas básicas de seguridad y de comunicación ante cualquier situación extraña, incluso, cuando ni siquiera exista el dominio del habla, como en los casos que se han referido.
La desaparición de Brianna, de Roldany y de tantos otros niños y niñas no puede quedar como un eco perdido en la memoria.
Estas realidades deben convocar a crear redes de apoyo con vecinos, escuelas, iglesias y asociaciones, en las que participen todos.
La responsabilidad debe ser compartida, porque si bien el Estado tiene la obligación de garantizar sistemas de protección, la familia es el núcleo donde se cultiva la seguridad y la confianza.
El país necesita transformar el dolor en acción, la indignación en política pública y la desaparición de estos y otros pequeños en un pacto nacional entre Estado, familias y comunidades. Cada minuto de atraso en hacerlo es un minuto de horror.
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