Un juez abre la tercera investigación al Gobierno andaluz por "fraude" en los contratos a dedo con la sanidad privada

Al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno se le ha abierto otro frente judicial a las puertas de la campaña para las elecciones autonómicas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba acaba de abrir una investigación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) -la tercera en esta legislatura- por supuestas irregularidades en la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, con varias farmacéuticas, clínicas y otras empresas del sector sanitario privado durante los ejercicios 2020 y 2021.

El magistrado José Luis Rodríguez Lainz incoa diligencias previas “de carácter criminal” a partir de una querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre, contra la plataforma logística del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por el presunto abuso “generalizado” de contratos menores -y prórrogas de otros contratos vigentes- con las mismas sociedades privadas y por los mismos servicios, “para tratar de eludir el procedimiento ordinario”, vulnerando así la Ley de Contratos del Sector Público.

Es la tercera investigación judicial contra el Gobierno andaluz por supuestas irregularidades en la contratación pública con la sanidad privada, un ámbito en el que se ha volcado toda la oposición a Moreno para desgastar su imagen. La primera causa judicial contra el SAS nace de otra querella del PSOE en Sevilla (contratos de emergencia sin aparente amparo legal), la segunda parte de una denuncia de Podemos en Cádiz (“fraccionamiento masivo e indebido de contratos”).

La causa que se acaba de abrir contra el SAS en Córdoba es un compendio de las dos anteriores. Una macroquerella donde el PSOE ha unificado los contratos de emergencia y el fraccionamiento de contratos menores, partiendo de la misma raíz: los informes desfavorables de los interventores provinciales del SAS que, entre 2020 y 2024, alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y a la de Hacienda de las irregularidades en la contratación pública con clínicas privadas.

Los socialistas, en una prolija ampliación de su querella, presentaron al juez 577 expedientes de gasto bajo sospecha (contratos del SAS con empresas privadas), 334 correspondientes al ejercicio 2020, y otros 239 del año 2021, para terminar denunciando cinco delitos: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

El juez, “tan solo y de momento”, ha abierto diligencias por los tres primeros (delitos administrativos), pues considera “débil” -cuando no “sospechas u opiniones subjetivas”- los argumentos jurídicos que expone el PSOE respecto al resto de infracciones criminales.

Rodríguez Lainz, conocido por su meticulosa instrucción del caso Bretón, redacta un auto de apertura de diligencias de 52 páginas -inusualmente largo- donde purga la gran mayoría de contratos bajo sospecha que presenta el PSOE en su querella, realizando un “juicio de exclusión de los expedientes” donde no percibe “indicios de infracción criminal”, sino “meras irregularidades administrativas”.

Aun así, deja la puerta abierta a lo que vaya revelando la instrucción. “La posible imputación de otras infracciones criminales, como malversación y pertenencia a organización criminal, o a nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de esta investigación dependerá de la evolución de las actuaciones”, subraya en un auto fechado el 11 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En ese escrito, el magistrado señala directamente a Valle García, actual gerente del SAS, por su condición de directora del hospital cordobés durante los años que se investigan. García, imputada en otra causa judicial por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS, aún no está siendo investigada formalmente, pero el juez ha ordenado que “se ponga en su conocimiento la existencia de este procedimiento”, que le afecta directamente.

El magistrado también ha solicitado que se informe de la apertura de diligencias a los servicios jurídicos del SAS, además ha reclamado 12.000 euros al PSOE para poder mantenerse personado en la causa como acusación popular, y ha remitido a la Fiscalía las primeras actuaciones para que elabore su informe. Fuentes de la Consejería de Sanidad, consultada por este periódico, ha asegurado “no tener constancia” de la apertura de nuevas diligencias procesales.

Solicitud de cientos de expedientes al SAS e informes de auditores

La investigación está en fase muy preliminar. En su auto, el juez mueve ficha y reclama una extensa documentación a la gerencia del SAS en Córodoba, para que remitan “copias íntegras de los expedientes de contratación” bajo sospecha; y a la Intervención Provincial del SAS le pide copia de “los informes emitidos por cada uno de los expedientes” donde aparecen las irregularidades denunciadas.

El magistrado también requiere a los servicios jurídicos del SAS en Córdoba un informe sobre la normativa general y específica que se aplica a la hora de “optar por la contratación menor o de emergencia y su justificación”, aplicadas a los ejercicios 2020 y 2021, que son objeto de esta investigación.

En los fundamentos jurídicos, Rodríguez Lainz pondera, por un lado, el uso estricto de la ley de contratación pública en el ámbito sanitario y, por otro, un contexto tan excepcional como fue la pandemia de Covid-19. Y este, en realidad, es el meollo del asunto en las tres causas judiciales que salpican al SAS: “Nos movemos en terrenos en los que se plantea un forzamiento del Derecho como forma de atender a las necesidades de la población, y no necesariamente del aprovechamiento de estas circunstancias para favorecer el despreciable enriquecimiento ilícito de concretas personas que, como servidores públicos, pudieran beneficiarse de esta desregulación o apartamiento de los cauces administrativos adecuados”.

Con todo, el juez procede con la investigación para “comprobar efectivamente si existió el fraccionamiento de contratos de obras o servicios, el abuso de la contratación de urgencia o la desregulación de operaciones de compra o suministros”.

Entre las diligencias ordenadas, el magistrado también reclama “identificar” al personal técnico destinado a tramitar los expedientes bajo sospecha, “con capacidad de decisión sobre los mismos”, y pide informes sobre el transcurso de dicha tramitación, “tanto previa como posterior”.

Por último, el magistrado reclama una aclaración sobre los criterios que aplicó el SAS para la selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia, así como los procedimientos para garantizar en estas contrataciones la concurrencia competitiva de otros licitadores“. El juez no descarta, a la espera del informe que elabore el Ministerio Fiscal sobre las indagaciones realizadas hasta la fecha, que sea necesario abrir ”piezas separadas que faciliten el trámite“ de la investigación.

Lo que sí desecha el magistrado de momento, pese a la propuesta del PSOE en su querella, es citar a declarar como testigo a la interventora que elevó el informe desfavorable sobre la contratación del SAS en Córdoba; descarta ordenar un atestado policial a la Brigada Central de Investigación de Capitales y Anticorrupción, y pedir auxilio judicial pericial -en esta fase temprana del procedimiento- a la Intervención General del Estado.

Tres causas con una raíz común

Los tres casos tienen una raíz común: los informes desfavorables de los interventores del SAS que, reiteradamente, alertaron a la Consejería de Salud y de Hacienda de que el procedimiento de contratación entre 2020 y 2024 -sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa- no tenía “justificación alguna”, carecía de “amparo legal” y era susceptible de provocar un “menoscabo de fondos” a las arcas públicas.

El juzgado de Sevilla investiga los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó en pandemia cuando ya estaba derogado. Por esta causa ya han declarado ante el juez, en calidad de imputados por prevaricación, la actual gerente del SAS y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

En paralelo, un juzgado de Cádiz investiga el supuesto “abuso” en los contratos menores del SAS con clínicas privadas durante el ejercicio 2021, adjudicaciones a dedo concatenadas por el mismo servicio y con la misma empresa, que los interventores censuraron como un sistema de “fraccionamiento masivo” para eludir la Ley del Sector Público.

Esta última causa guarda más paralelismos con el procedimiento que acaba de abrirse contra el SAS en Córdoba. El juez Rodríguez Lainz ha decidido investigar la legalidad de múltiples expedientes de gasto y la relación contractual del SAS de Córdoba con importantes empresas del sector farmacéutico, como Sanofi, Gilead, Janssen, Boehringer y Albazul.

El PSOE andaluz, bajo la dirección de Juan Espadas, fue responsablee de la primera querella criminal que motivó la apertura de una investigación judicial en Sevilla por los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas. El pasado octubre, ya con María Jesús Montero como secretaria general y candidata en las andaluzas, denunció al mismo organismo en Córdoba, con el agravante de que la directora de este hospital provincial es hoy la número tres de la Consejería de Sanidad y está imputada.