“La investigación tiene un sesgo”: los descargos de la defensa de los hijos y exyerno de Julia Chuñil

La madrugada de este miércoles marcó un nuevo giro en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, comunera mapuche y defensora ambiental vista por última vez hace más de dos años. En una operación coordinada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, Carabineros de Chile detuvo a Pablo San Martín Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y BF BB, tres de sus hijos y a un exyerno.

Durante esta jornada se realizaron los controles de detención en el Tribunal de Garantía de Los Lagos de los cuatro imputados. El Ministerio Público acusa a los hijos de homicidio calificado y parricidio, mientras que al exyerno de homicidio calificado. Además, los cuatro detenidos serán formalizados por robo con violencia e intimidación en contra de un adulto mayor de 90 años, un giro que amplía el espectro de las acusaciones.

El tribunal declaró legal la detención y fijó para este jueves 15 de enero la audiencia de formalización de la investigación.

La Fiscalía no ha divulgado públicamente elementos probatorios específicos que vinculen directamente a los detenidos con la muerte de Chuñil, pero la calificación de los delitos y el énfasis en el trabajo investigativo reservado sugieren que existen nuevos antecedentes que se esperan sean detallados en las audiencias judiciales próximas a ocurrir.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada Mariela Santana, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, fue enfática en señalar que la investigación presenta fallas estructurales desde sus primeras etapas, principalmente en el enfoque y diligencias del Ministerio Público. Santana, quien hasta octubre de 2023 integró junto a Karina Riquelme la dupla que representaba a los hijos de Julia Chuñil, actualmente se enfoca en acompañar la causa ante instancias internacionales, mientras que Riquelme asumió la representación ante los tribunales nacionales.

“La investigación por la desaparición de Julia Chuñil ha sido una investigación muy cuestionada desde sus inicios”, aseveró. “Porque no ha cumplido con los estándares de debida diligencia tratándose de una persona como Julia Chuñil, que es del grupo de personas de especial protección, por ser mujer, comunera, mapuche y defensora de la tierra”.

A causa de lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar para garantizar esfuerzos efectivos de búsqueda al Estado chileno y la obligatoriedad de mantener informada a la familia, cosa que no ocurrió en la detención de los hijos de Chuñil.

“Entendió (el organismo internacional) que la investigación adolecía de muchos vacíos y que no estaba siendo bien llevada. Por eso, en el mes de julio, otorgó la medida cautelar y obligó al Estado chileno a redoblar los esfuerzos en la búsqueda y, además, a mantener a la familia informada del estado de la investigación”, apuntó.

Según la abogada, pese a dicho mandato, el cumplimiento ha sido más declarativo que efectivo. Durante el período en que CODEPU asumió la representación de Javier Troncoso Chuñil, solicitaron cerca de 50 diligencias investigativas, muchas de las cuales —afirma— no se ejecutaron o se realizaron de manera deficiente.

“Constatamos que el Ministerio Público no había abordado las diligencias de búsqueda con la mirada técnica y con las perspectivas con las que debieron haber sido ordenadas”, aseguró, recalcando que en su visión “la investigación tiene un sesgo, hay antecedentes que no se han investigado”.

“No se ha investigado el rol de la CONADI, que puede ser un elemento que pudiera dar luces de mutaciones para la desaparición de Julia. No se tomaron en cuenta muchas diligencias y más que se perdió evidencia, se perdió la posibilidad de tener evidencia. No se hicieron tomas de sedimento de tierra en una fosa que se encontró, no se georreferenciaron lugares indicados por la familia. Insistimos que la investigación es deficiente”, denunció acerca de la forma en que Fiscalía ha llevado el proceso investigativo.

Uno de los puntos más sensibles que plantea Santana es la estigmatización temprana de los hijos como principales sospechosos, lo que —a su juicio— condicionó el rumbo de toda la investigación: “Desde el inicio hasta ahora, la investigación se ha dirigido prácticamente solo en contra de los hijos de Julia Chuñil. Las diligencias decretadas respecto de terceros han sido mínimas y no intrusivas”.

La abogada cuestiona, además, la escasa profundidad en la investigación de otros sujetos de interés, como el empresario alemán Juan Carlos Morstadt, respecto de quien —según señala— no se habrían realizado allanamientos ni peritajes exhaustivos.

“Entendemos que no han habido allanamientos a este señor, no se han terminado de periciar los automóviles que solicitamos periciar. Se alcanzó a periciar uno de los vehículos del padre de este sujeto y se constató que todos los registros del computador del automóvil habían sido borrados, lo que hacía especialmente relevante periciar los otros vehículos, diligencia que no se realizó”, lamentó Santana.

Santana también revela un antecedente que, asegura, ha sido invisibilizado en el debate público: documentación médica que acreditaría que Javier Troncoso Chuñil no se encontraba en el lugar de la desaparición el día de los hechos.

“Yo solicité oportunamente oficios que daban cuenta de que Javier Troncoso no estaba situado el día de la desaparición de su madre. Él estaba practicándose exámenes médicos en Puerto Montt, en el marco de una postulación laboral. La clínica dio cuenta de eso. Sin embargo, este antecedente no se ha visibilizado en ningún medio ni ha sido debidamente considerado por el Ministerio Público”, acusó Santana.

Además, Santana entregó una reflexión acerca de cómo la forma en que se desarrolló la investigación obstaculizó el objetivo de búsqueda de Julia Chuñil. “Esta investigación está buscando responsables antes de agotar la búsqueda efectiva de doña Julia Chuñil”, expresó.

“Lo primero que debió haber hecho el Ministerio Público, y en realidad toda la institucionalidad del Estado chileno es agotar la búsqueda, porque sin verdad no hay justicia, no se pueden determinar responsabilidades sin tener la certeza de qué es lo que pasó con Julia Chuñil, cuál es su paradero”, añadió la abogada.

Defensa de exyerno de Chuñil denuncia ilegalidad en la detención

Tras la audiencia de formalización, la defensa del exyerno de Chuñil, declaró ante los medios de comunicación que “el Ministerio Público carece de antecedentes para presumir fundadamente” la participación de su representado.

“En ese contexto nosotros nos vamos a oponer a medidas cautelares privativas de libertad el día de mañana”, adelantó el abogado penal público, Juan Pablo Alday.

En esa línea, acusó que “es muy excepcional que un tribunal despache una orden de detención”. “Nosotros estimamos que no estaban los supuestos para que se despachara esta orden de detención y que la resolución judicial no está debidamente fundada“, aseveró.

“Por eso solicitamos la orden inmediata de libertad de mi representado (…) No existen antecedentes en la carpeta investigativa que permitan presumir fundadamente la participación de mi representado. Que es el estándar que establece el Código Procesal Penal”, enfatizó Alday.

Reacciones políticas

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó la autonomía del Ministerio Público y evitó pronunciarse sobre el fondo de las imputaciones, insistiendo en que el rol del Gobierno ha sido colaborar con la investigación.

“No olvidemos que en Chile existe Estado de Derecho, quien lleva adelante las investigaciones es el Ministerio Público, que es un órgano autónomo que no es dependiente del gobierno y quien resuelve finalmente es la justicia, los tribunales de justicia”, señaló.

Además, sostuvo que “este caso tiene que ser esclarecido”. “Se tiene que saber qué es lo que ocurrió con Julia Chuñil y, obviamente, acreditar responsabilidades penales y aplicar las sanciones que establece la ley. Nosotros hemos colaborado con todo lo que se nos ha solicitado para que la investigación sea exitosa, ese es el rol que le corresponde al gobierno”, indicó el ministro Elizalde.

Desde el Congreso Nacional, la diputada Carolina Tello (FA), presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, catalogó como “gravísimos los antecedentes que hemos conocido”.

“Esperamos que se investigue con profundidad y que podamos dar respuesta lo antes posible. Una desaparición de una mujer indígena medioambientalista tiene que tener una respuesta en nuestro país. Y con los antecedentes que conocimos hace algunas horas, que son bastante impactantes, esperamos pueda haber prontamente una respuesta”, manifestó Tello.