¿Secuestran personas para robarles los órganos en República Dominicana? Mito o realidad, según expertos
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.– Ante la preocupación nacional generada por la desaparición de los niños Roldany Calderón y Brianna Genao, en redes sociales han vuelto a circular versiones sobre supuestos secuestros de personas para robarles órganos, una teoría que especialistas en trasplantes y autoridades médicas califican como un mito sin sustento médico ni logístico.
La aclaración fue planteada por autoridades del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) el 5 de noviembre de 2025, durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde se explicó que la extracción de órganos requiere condiciones clínicas específicas, logística hospitalaria compleja y personal altamente especializado, factores que hacen imposible la realización de trasplantes fuera de entornos hospitalarios controlados.
El doctor Luis Manuel Pérez Méndez, coordinador de Trasplante Hepático del INCORT, enfatizó que para que un trasplante sea viable, el donante debe encontrarse en condiciones como ventilación mecánica, estabilidad hemodinámica y saturación de oxígeno superior al 90 %, lo cual no coincide con una muerte violenta producto de un secuestro.
Además, recordó que el Hospital General de la Plaza de la Salud es el único centro avalado en el país para trasplantes hepáticos y otros órganos complejos, con equipos multidisciplinarios y protocolos de preservación que solo existen en entornos hospitalarios controlados.
“Debe estar prácticamente como si estuviera vivo, lo cual es incompatible con una muerte violenta producto de un secuestro”, puntualizó Pérez Méndez, quien agregó que los órganos necesitan preservación inmediata en soluciones especiales y cirujanos altamente capacitados para que sean trasplantables, algo que descarta completamente cualquier supuesto robo improvisado.
Pérez Méndez y José del Carmen Caraballo, encargado del Departamento de Coordinación Hospitalaria del INCORT, abordaron también el caso de la niña Carla Massiel Cabrera, desaparecida en junio de 2015, uno de los episodios que más afectó la percepción pública sobre la donación de órganos. Tras una larga investigación, se determinó que la niña fue víctima de rapto, violación y asesinato, sin relación alguna con extracción de órganos.
Perspectiva legal
Desde la perspectiva legal, la abogada penalista Anny Guzmán sostuvo que atribuir la desaparición de menores a supuestas redes de venta de órganos, sin resultados investigativos concluyentes, constituye una apreciación prematura y especulativa.
No obstante, la jurista advirtió que la ausencia absoluta de rastros en un país con amplias capacidades territoriales y logísticas obliga al Estado a profundizar las investigaciones y reforzar de manera urgente las políticas públicas de prevención.
Guzmán recordó que República Dominicana, con 48,442 km², ocho aeropuertos internacionales y veintitrés puertos marítimos, posee infraestructura que debería permitir un control efectivo de la movilidad de personas.
A esto se suma la red de cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, desplegadas en avenidas, intersecciones y espacios públicos a nivel nacional. Ante esto, la jurista calificó como altamente cuestionable que un menor desaparezca por períodos prolongados sin trazabilidad alguna por parte de las autoridades.
Asimismo, la especialista destacó que casos recientes de menores desaparecidos, como los de Brianna Genao, de 3 años de edad, cuya desaparición cumple 17 días sin pistas concluyentes, y Roldany Calderón, también de 3 años y desaparecido desde hace más de nueve meses, evidencian fallas institucionales y brechas en la efectividad de los protocolos de búsqueda y seguimiento, pese a la existencia de cooperación internacional, recursos tecnológicos y canales de comunicación con la ciudadanía.
“Antes de arribar a conclusiones sobre supuestas redes de tráfico de órganos, es imprescindible realizar investigaciones serias, técnicas y exhaustivas que permitan identificar responsabilidades, determinar fallas institucionales y fortalecer las políticas públicas de prevención”, subrayó Guzmán durante su participación en el programa Matinal, transmitido por Telemicro.
Situación actual
Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene operativos ininterrumpidos en busca de Brianna Genao, ampliando perímetros de rastreo y utilizando recursos técnicos y humanos, incluidos equipos caninos y cooperación con el FBI.
De su lado, los padres del niño Roldany Calderón han solicitado directamente apoyo del FBI ante la falta de avances en la investigación, tras meses sin resultados concretos.
Efraín Calderón, padre del menor, manifestó que, pese a su lucha constante, no han recibido información verificable sobre el paradero de su hijo, y que esperan que la cooperación internacional contribuya al esclarecimiento de los hechos.
La situación evidencia que, más allá de los rumores sobre redes de tráfico de órganos, la verdadera prioridad es garantizar una investigación profesional, transparente y coordinada para dar con los menores desaparecidos y fortalecer los mecanismos de protección infantil.
Responsabilidad social
Especialistas legales y autoridades coinciden en la importancia de diferenciar entre rumores y evidencias verificables, evitando especulaciones que solo generan confusión y angustia en las familias afectadas.
La abogada Guzmán enfatizó que la protección de niños, niñas y adolescentes debe abordarse desde la prevención efectiva, la coordinación interinstitucional y la acción oportuna del Estado, como garante principal de los derechos fundamentales y la seguridad de la niñez en República Dominicana.
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