Interior registra casi 80.000 atentados contra la autoridad en cinco años

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha registrado 78.400 atentados contra la autoridad en los últimos cinco años, la mayoría de ellos por agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad.

A la espera de que se faciliten los datos del último trimestre de 2025 y según ha informado EFE, se ha pasado de los 15.397 delitos de este tipo- agresiones a agentes- en 2021 a los 16.878 de 2024, lo que supone un aumento del 9,6 por ciento en ese periodo. De cara a las estadísticas de la última parte del año, puede arrojar una cifra similar a la de los años precedentes, ya que entre enero y septiembre se habían conocido 12.645 infracciones penales de atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos.

Respecto a las comunidades autónomas, el 65 % de las agresiones se han registrado en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Si se tienen en cuenta los años cerrados, la estadística sitúa a Madrid en cabeza, con más de 3.000 cada ejercicio; por delante de Andalucía, que supera los 2.800, y de Cataluña, con más de 2.600. A diferencia de la tendencia mostrada en los últimos años, Andalucía lidera la clasificación, seguida de Cataluña. Por debajo de las 200 agresiones el pasado curso se colocan La Rioja, Cantabria y Navarra.

Tal y como ha podido analizar LA RAZÓN, el Código Penal tipifica estos delitos con penas de hasta cuatro años de prisión. Gracias a los artículos recogidos entre el 550 y 554 se desprende que "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave". En este sentido, la mínima privación de libertad son dos años y una multa de entre tres y seis meses que no se índica la cuantía en la regulación.

Marlaska deniega el estatus de profesión de riesgo

Pese a las recomendaciones del GRECO que volverá a revisar los avances de España en su lucha contra la corrupción, el responsable de la cartera de Interior no ha aumentado el estatus de las agentes de la Guardia Civil y de la Policía a profesión de riesgo, tal y como reclaman desde hace años los sindicatos mayoritarios de ambos cuerpos. Ante la indecisión del Gobierno, los populares se han comprometido a impulsar una directiva europea para obligar al Ejecutivo a saldar una deuda histórica. Gracias a una reunión con los estamentos europeos se ha apostado por introducir el término "eurodelito" para conseguir una mayor protección.

Antes de la consideración de la Unión Europea, algunas organizaciones como Jucil y Jupol se concentraron ante el Ministerio del Interior para denunciar la "escalada" de violencia contra los agentes de las fuerzas de seguridad. Jucil estima que la Guardia Civil sufre una media de cinco ataques diarios en España que en su mayoría se concentran en Gibraltar.

Mismo escenario sufren los agentes de la Policía Nacional. El pasado mes de octubre se redujo el número de miembros del cuerpo desplazados desde las diferentes comunidades autónomas a Ceuta y Melilla para terminar con la inseguridad de los ciudadanos. Con esta decisión se pasó de 50 policías de la Unidad de Intervención Policial (UIP) a no más de una pequeña facción del grupo con la que únicamente 15 agentes velan por la seguridad de los ciudadanos. Para el Ministerio del Interior la medida es suficiente.