El último informe de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) denuncia una preocupante deriva en España: formas de censura indirecta y presiones políticas que erosionan el ejercicio del periodismo. La negativa a responder preguntas en comparecencias oficiales, los retrasos en el acceso a información pública o la politización de RTVE han sido señaladas hasta por la Comisión Europea como amenazas a la independencia editorial. Especial alarma genera la reforma del derecho de rectificación, que afectará también a usuarios influyentes en redes sociales. Aunque el objetivo declarado sea combatir la desinformación, los expertos advierten de los riesgos de una aplicación imprecisa: en paralelo, el acoso digital a periodistas –en ocasiones amplificado por los políticos– amenaza la libertad y la seguridad personal de los profesionales, como evidenció el caso del corresponsal de ABC David Alandete. En democracia, la prensa libre no es un estorbo: es un pilar esencial. Su debilitamiento debe alarmar tanto como cualquier ataque a las instituciones.
