La operación Correcaminos es un ejemplo de cómo la investigación en torno a la lacra de los narcopisos en Madrid son mucho más laboriosas de lo que la ciudadanía en general pueda creer. Las garantías jurídicas con las que cuentan las viviendas, casi blindadas constitucionalmente, hacen muy complicado conseguir una orden de entrada y registro en estos puntos de distribución de drogas, que han proliferado a la par que se vienen eliminando los búnkeres de los poblados más conflictivos, como la Cañada Real Galiana. En este caso, los agentes de la Comisaría Integral del Distrito de Hortaleza, de la Policía Municipal de Madrid, han empleado un año de trabajo, que comenzó en enero de 2025, con la incautación de 100 gramos de hachís y una persona detenida. A raíz de aquello, montaron un dispositivo de vigilancia discreta en torno al domicilio, en la calle de Cuevas de Almanzora, 52, cerca de Manoteras. Se da la circunstancia de que ahí residen los padres y una niña del principal encausado en este asunto. Se sospecha que utilizaba el trastero del bloque para almacenar las drogas. Las 'tronchas' policiales continuaron y el 30 de enero se incautaron de otros 9 kilos de hachís y hubo un segundo arresto. La mayoría de las personas investigadas salían del inmueble con sustancias para su tomarlas, pero otras superaban el límite de tenencia para el autoconsumo y también había quienes compraban una parte parte revenderla. El operativo se mantuvo durante meses. El 19 de marzo, los policías municipales observaron cómo subían y bajaban tres individuos y se subían en un Cabify. Fueron interceptados y descubrieron que portaban 66 gramos de cocaína, cantidad suficiente para detenerlos. En el mes de mayo, se hizo un seguimiento discreto a uno de los moradores del narcopiso y vieron cómo lanzaba por la ventana a otra persona nada menos que 6 kilos de hachís. Lograron escapar, pero los funcionarios se hicieron con la sustancia estupefaciente. Las investigaciones continuaron durante los siguientes meses, hasta que el pasado 14 de diciembre, a las ocho de la tarde, una patrulla sospechó de un vehículo. Conocían a su conductor, Félix M. C., español de 36 años. Sabían que solía ir al volante pese a tener retirado el carné. Además, pendía sobre él una orden judicial de busca, detención e ingreso en prisión, por delitos contra la salud pública. Dejaron que entrara y saliera del edificio, con una bolsa blanca. Arrancó de nuevo y los agentes, que iban de paisano, se dispusieron a seguirlo. En el cruce de la M-40 con la Radial 5, aprovechando que tenía que parar en el peaje, lo abordaron e identificaron. Portaba en el asiento del copiloto seis paquetes con droga y dos localizadores GPS. Eran 6,5 kilos de hachís. Ante tal evidencia, el juzgado de instrucción tuvo que expedir la orden de entrada y registro en el narcopiso. Se solicitó la colaboración de la Policía Nacional en ese punto, y el 16 de diciembre hallaron en la vivienda otros 30 kilos de hachís y detuvieron al consorte criminal de Félix, Fernando M. G., español de 22 años. El correcaminos dejó de escabullirse.
