Las plataformas ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha de Campo de Criptana, Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava, Daimiel, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Socuéllamos, Tomelloso (junto con Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz), Torralba de Calatrava, Valdepeñas, Villa de Don Fadrique, Villaluenga de la Sagra y Villarrobledo, han difundido un largo y duro comunicado dirigido a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez , en el que manifiestan su «más firme protesta, rechazo y preocupación institucional ante las declaraciones realizadas por usted el día 13 de enero de 2026 en la televisión pública regional, relativas al Plan Regional de Biometanización 2030 para Castilla-La Mancha». En el extenso escrito al que ha tenido acceso ABC se critica primero que la consejera afirmara que se han recibido solo 11 alegaciones en la segunda fase de información pública, con lo cual se considera «necesario aprobar el plan cuanto antes». Sin embargo, las plataformas señalan que se ha omitido que en la primera fase se presentaron más de 13.400 alegaciones, de las cuales más de 9.400 procedían únicamente de la Plataforma de Socuéllamos, así como las presentadas por la propia Consejería de Sanidad advirtiendo sobre «los riesgos sanitarios no considerados , límites de distancia insuficientes para las plantas y el riesgo de escapes de gases que afectan a la salud respiratoria y contaminación de acuíferos, criticando la falta de atención a la salud en el plan inicial y pidiendo más garantías ambientales y sanitarias, sumándose al rechazo social masivo de las plataformas ciudadanas«. Por ello consideran que esas declaraciones suponen una «manipulación consciente de la realidad» , y exigen transparencia y veracidad, ya que «la ciudadanía ha participado masivamente, de forma ordenada, fundamentada y dentro de la legalidad». Buena parte de las críticas se centran en la distancia de las plataformas de biogás respecto de los núcleos de población. En este sentido, el escrito señala que la consejera manifestó que «como actualmente no tenemos un Plan de Biometanización, no hay distancias, las que quiera establecer el municipio ; ese es el problema, que por un lado se está boicoteando el establecer un plan específico que defina todas esas necesidades, pero por otro lado se están exigiendo unas distancias que a día de hoy no existen, salvo las que quiera poner el propio municipio en sus normas subsidiarias». Para las plataformas esto supone un error y una desviación de responsabilidades. Así, aseguran que es falso que no existan distancias , ya que aunque Castilla-La Mancha no haya aprobado todavía una normativa autonómica específica, el marco jurídico europeo y estatal sí establece obligaciones claras en materia de protección de la salud y del medio ambiente, citando en el escrito diversas directivas, estudios e informes sobre la regulación de las plantas de biogás y el manejo del digestato En segundo lugar, consideran que también es falso que «las distancias son las que quiera establecer el municipio», alegando que los ayuntamientos no tienen competencias para fijar distancias sanitarias , regular emisiones industriales, establecer límites ambientales ni suplir la falta de normativa autonómica. «Pretender que los municipios asuman esta responsabilidad constituye una dejación de funciones por parte de la Junta de Comunidades y una desviación de poder, además de colocar a los ayuntamientos en una situación de vulnerabilidad jurídica, obligándolos a asumir decisiones para las que no disponen — sobre todo los más pequeños— ni de medios técnicos, ni de capacidad normativa, ni de respaldo legal», aseguran. En tercer lugar, estas plataformas consideran que la afirmación por parte de la consejera de que la ciudadanía está «boicoteando el establecer un plan específico» es «profundamente improcedente, ofensiva y contraria al deber institucional de respeto» y es un derecho recogido en la Constitución Española «La ciudadanía no está boicoteando nada: está ejerciendo un derecho democrático esencial. Está participando en un procedimiento administrativo que afecta a su salud, a su territorio y a su futuro», afirman. En cuarto lugar, apuntan que afirmar simultáneamente que no existen distancias, que los municipios pueden poner las que quieran, que la ciudadanía exige distancias que «no existen» y que la falta de distancias es culpa de la ciudadanía por «boicotear» el Plan, constituye una argumentación contradictoria, incoherente y alarmante y genera «una profunda inseguridad jurídica». Asimismo, afirman que las declaraciones de la consejera «tienen consecuencias reales y graves. Generan alarma social, erosionan la confianza en la Consejería , desinforman a la población, trasladan responsabilidades a quien no las tiene y desacreditan injustamente a miles de ciudadanos que han actuado con rigor, respeto y dentro de la legalidad. Además, favorecen la implantación de plantas de biometano sin garantías, a distancias insuficientes y sin evaluación sanitaria adecuada«. Otro de los aspectos de este polémico plan es el de la gestión de los residuos de los que se nutren este tipo de plantas de energía. Al respecto, se indica que la consejera ha manifestado que, ante la falta de infraestructuras, «habrá que determinar dónde irán los residuos» generados en la Comunidad Autónoma, que suman hasta 15,7 millones de toneladas entre vinazas, estiércoles, pajas o lodos de depuradora, y aclaró que su recogida deberá realizarse en un radio de 30 kilómetros. Las plataformas indican primero que el digestato no es un subproducto inocuo y mucho menos un abono orgánico de alta calidad, y que «la aplicación masiva provoca contaminación en acuíferos por nitratos, por acumulación de metales pesados en suelos agrícolas, por alteración del microbioma del suelo y por dispersión de patógenos y bioaerosoles«. Asimismo, afirman que la cantidad de digestato generada es prácticamente equivalente a la cantidad de residuos de entrada, ya que según apuntan la propia industria reconoce que entre el 85 % y el 95 % de la masa inicial de residuos se convierte en digestato. Es decir: por cada 100 toneladas de residuos, se producen entre 85 y 95 toneladas de un residuo nuevo , más inestable y difícil de gestionar, de ahí que entiendan que las plantas de biometano no son una «solución» al problema de los residuos y afirmar lo contrario es «una manipulación inaceptable de la realidad». También se hacen varias preguntas: «¿Cómo piensa la Administración gestionar decenas de miles de toneladas de un residuo que nadie utilizará? ¿Dónde se almacenará y bajo qué garantías?». En la parte final del largo escrito, las plataformas aluden a otra de las afirmaciones de la consejera en las que indicaba que «este Plan de Biometanización no fomenta la construcción de plantas, sino que regula cómo deben instalarse, indicando de forma transparente las medidas que deben adoptar las empresas que quieran tratar residuos orgánicos para transformarlos en biogás y biometano, incluyendo un condicionamiento adicional que prácticamente no existe en ninguna otra comunidad autónoma : el tratamiento del digestato hasta convertirlo en un abono orgánico de alta calidad, cerrando el círculo sin generar residuos y permitiendo incluso reutilizar el agua en la agricultura». Sin embargo, para las plataformas esta afirmación, «lejos de corregir las carencias del Plan, las agrava. Si el Plan realmente pretende regular —y no fomentar—, entonces la ausencia de distancias, la falta de garantías sanitarias, la omisión del destino real del digestato y convierten esa supuesta regulación en un marco que, de facto, facilita la implantación de plantas sin control suficiente».32 Finaliza el escrito dirigido a la consejera manifestando que «las Plataformas Stop Biometano de CastillaLa Mancha exigimos una rectificación pública inmediata de sus declaraciones, el reconocimiento expreso del derecho fundamental de participación ciudadana , el cese de la desinformación institucional sobre distancias y competencias municipales, y el compromiso firme de no criminalizar la participación democrática. Exigimos también la elaboración urgente de una normativa autonómica garantista que regule distancias, emisiones, digestato, riesgos sanitarios y condiciones de implantación, y que ponga fin a la inseguridad jurídica que sus declaraciones han agravado. La ciudadanía de Castilla-La Mancha no está boicoteando nada. La ciudadanía está defendiendo su salud, su territorio y sus derechos. Y no aceptará que se la descalifique, se la manipule o se la responsabilice de las carencias de un Plan que la propia Administración ha elaborado sin el rigor técnico, jurídico y ambiental que exige la ley«.
