Inspectores de trabajo celebran la regularización de migrantes: "Es poner fin a una hipocresía estructural"
El sindicato UPIT considera que con medida aflorará empleo sumergido y "debilita a quienes hacen negocio con la precariedad y el miedo" y pide al Gobierno más recursos públicos para su tramitación
Los migrantes podrán solicitar su regularización entre abril y junio y el Gobierno se compromete a resolver en tres meses
Los inspectores de trabajo son una figura clave a la hora de destapar situaciones de abuso y explotación de trabajadores migrantes cada día. “Sabemos bien que, en muchas ocasiones, sin papeles no hay derechos efectivos”, subraya este viernes UPIT (la Unión Progresista de Inspectores e Inspectoras de Trabajo), que ha celebrado la regularización extraordinaria de migrantes que ha comenzado a tramitar el Gobierno. La medida, para la que han pedido recursos públicos suficientes, aflorará empleo sumergido y “debilita a quienes hacen negocio con la precariedad y el miedo”, indican.
El sindicato de inspectores celebra que la medida ofrece una salida con derechos a una realidad conocida: “Cientos de miles de personas migrantes sostienen sectores enteros de nuestra economía –agricultura, cuidados, hostelería, construcción– en condiciones de extrema vulnerabilidad”.
“La irregularidad administrativa no es una elección; es una imposición legal que alimenta la explotación laboral, el fraude, la economía sumergida y, en sus formas más extremas, la trata de seres humanos con fines de explotación”, sostiene UPIT. “Regularizar no es un premio: es poner fin a una hipocresía estructural”, añade la organización.
Un impedimento a la explotación laboral
Los inspectores apuntan que la falta de autorización administrativa empuja a muchas personas a “aceptar jornadas abusivas, salarios por debajo de convenio, ausencia de cotización, falta de protección en materia de seguridad y salud y situaciones cercanas a la servidumbre moderna”.
“El abuso sobre las personas en situación de necesidad por su irregularidad administrativa es, sin duda, en sus casos más extremos, la esclavitud del S. XXI”, recoge su comunicado.
Por ello, saludan la regularización como “una medida de salud democrática y de fortalecimiento del Estado social”. La unión de inspectores sostiene que la medida aflorará empleo ahora en la economía sumergida, reforzará así el Sistema de Seguridad Social y debilita las oportunidades de explotación laboral que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas sin papeles.
“Rechazamos los discursos hipócritas que criminalizan a quienes migran, al tiempo que miran hacia otro lado ante los beneficios empresariales construidos sobre su explotación. Migrar no es un delito; explotar sí lo es. Y la mejor forma de combatir la explotación laboral no es la persecución del más débil, sino la ampliación de derechos, la visibilidad jurídica y el refuerzo de los mecanismos de control público”, denuncian.
Piden recursos públicos para evitar “cuellos de botella”
UPIT reclama al Gobierno que, “siendo estricto en las condiciones exigidas para el reconocimiento de la nueva situación administrativa, adopte las medidas necesarias para agilizar el procedimiento, evitando que el mismo se pueda convertir en un cuello de botella que le reste efectividad”.
El sindicato de inspectores demanda a todas las autoridades públicas que deban participar en el procedimiento que faciliten la documentación necesaria para acreditar la estancia en nuestro país y que “no pongan obstáculos a las personas solicitantes”. “Esta no es una cuestión de ideologías. Es una cuestión de humanidad”, indican.
Además, UPIT pide que la regularización vaya acompañada también de más recursos para la Inspección de Trabajo. “No lo olvidemos, los derechos no se declaran, se reconocen y se garantizan, y para lograrlo es imprescindible una Inspección de Trabajo fuerte, dotada de recursos materiales y humanos suficientes”, añaden.