La ley de multirreincidencia de Junts llega al Congreso con el PSOE y sus socios enfrentados

La reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, ya tiene fecha para su votación final en el Pleno del Congreso. Será la semana del 10 de febrero, y por el momento el PSOE sigue enfrentado tanto con Sumar como con sus socios parlamentarios de Bildu, ERC y Podemos, que no la comparten.

Junts registró esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que, por fin, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación porque los socios a la izquierda del Gobierno se habían mostrado disconformes con la misma, según recoge Europa Press.

Pero la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por el partido de Carles Puigdemont llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa. Ahora será el Pleno del Congreso el que debatirá y votará el texto en la sesión que comenzará el próximo día 10 de febrero y lo enviará al Senado para acabar de completar su tramitación.

Todo apunta a que en ese último trámite en el Congreso se volverá a evidenciar la distancia que sobre la multirreincidencia mantiene el PSOE con su socio en el Gobierno, Sumar, y con sus aliados de la izquierda, como así quedó demostrado durante el debate en comisión.

En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

Y se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, "cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro". Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente "la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas".

Por último, mediante una enmienda 'in voce' acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado 'petaqueo' que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.

Durante el debate en la comisión, Junts defendió que, con su ley, pretende revertir la "frustración" y la sensación de abandono que genera los hurtos reiterados; el PSOE apuntó que esta atiende las demandas de los ciudadanos; el PP añadió que aspira a acabar con "la alarma social y la sensación de impunidad" ante el delito; Vox aplaudió que haya "mayor severidad frente al hurto leve y más supuestos agravados", y el PNV insistió en que el endurecimiento de las penas por multirreincidencia es una reclamación "transversal".

Todos estos grupos dieron su respaldo a la reforma, al contrario que Sumar, Bildu y Podemos, que votaron en contra y ERC, que optó por la abstención.

En Sumar justificaron su posición incidiendo en que la reforma supone una deriva "punitivista" que sólo busca "dar satisfacción" a Junts; en Bildu denunciaron que esta ley "no es ni proporcional ni eficaz, ni garantista", y en Podemos creen que "alimenta los relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha". Por su parte, ERC advirtió de que esta reforma crea expectativas que no va a resolver.