La Comisión Europea concedió más de 111 millones de euros para modernizar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla tras constatar oficialmente su obsolescencia, una advertencia formulada ya en diciembre de 2023. Sin embargo, tras el grave accidente de Adamuz y las explicaciones ofrecidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, persisten dudas relevantes sobre la ejecución real de los trabajos financiados por Europa. El propio Gobierno ha reconocido que no se sustituyeron elementos clave en el tramo siniestrado, pese a que figuraban en el proyecto aprobado por Bruselas. Este desfase entre lo prometido y lo ejecutado trasciende la polémica política. Afecta al principio de buena administración y al deber de los Estados miembros de garantizar la trazabilidad y el uso finalista del dinero. Sería lógico que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude examine el caso. Con los fondos europeos no se juega. Y quien los gestiona debe estar en condiciones de explicarlo con rigor y transparencia.
