Fiscalización para el desarrollo
El 28 de enero se celebró el Acto de Transferencia de Mando de la presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), el espacio por definición para la cooperación entre las entidades de fiscalización de la región.
La Contraloría General de Paraguay, a cargo de Camilo Benítez Aldana, concluyó su periodo y lo asumió el Tribunal de Cuentas de la Unión correspondiente a Brasil, cuyo presidente es el ministro Vital do Rêgo Filho.
Ahora, la organización debe continuar el trabajo institucional sobre la idea compartida de que la cooperación regional en materia de fiscalización representa una valiosa oportunidad para el fortalecimiento de la gobernanza en América Latina.
Como secretario ejecutivo de la OLACEFS, tuve el honor de tomar la protesta al nuevo presidente de la misma, cuyo periodo es por tres años.
La OLACEFS, como organismo multilateral, ha demostrado en su trabajo permanente que la cooperación —en lo que se refiere a la fiscalización— genera valor público significativo, al promover la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de recursos públicos.
Actualmente, como lo mencioné en un texto previo en este mismo espacio, en un contexto de crisis múltiples —desde pandemias, nuevos equilibrios geopolíticos hasta el cambio climático—, la integración regional es crucial.
Al tiempo que optimiza las capacidades técnicas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), también contribuye a la resiliencia democrática y al desarrollo sostenible.
El trabajo reciente y conjunto de las EFS desde la OLACEFS demuestra el potencial transformador de la cooperación para la fiscalización.
Esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar las EFS a entornos tecnológicos altamente dinámicos, permitiendo auditorías más eficientes, coordinadas y compartidas en el ámbito regional.
Otro argumento clave proviene de la promoción de la participación ciudadana. Es evidente que la sociedad civil, representada en los congresos locales, fortalece lo anterior.
En esencia, estos trabajos demuestran que la cooperación regional —entre las propias y la suma de otros actores del sector social— multiplica el valor público de la fiscalización.
El trabajo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabezo, nos ha permitido no solo ampliar la cobertura de fiscalización con los entes auditados al optimizar recursos limitados, compartir buenas prácticas y abordar problemas transnacionales.
Con este panorama, las experiencias con resultados positivos representan una oportunidad invaluable, ya que permiten aprovechar las experiencias acumuladas.
Iniciativas no solo tecnológicas, sino las vinculadas con la participación ciudadana y el incremento de la cobertura.
Asimismo, es imperativo profundizar las relaciones con aliados estratégicos. La colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) ha sido fructífera en temas como la independencia de las EFS y auditorías coordinadas en preparación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se puede avanzar en las leyes contra la corrupción, usando el acuerdo entre la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y UNODC para poner en práctica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) ha demostrado ser efectiva en proyectos ambientales, y su expansión podría abarcar mayores espacios para la fiscalización basada en la capacitación de los entes.
Nuestras alianzas aumentan el alcance de la fiscalización y permiten revisar áreas concretas con objetivos claros.
En todo este proceso, ante el rol de la Auditoría Superior de la Federación —en funciones de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS—, respaldamos los proyectos de esta gran organización regional que abre la puerta a la posibilidad de mejora continua de nuestras instituciones.
Nuestra experiencia así lo demuestra: que la fiscalización sin demagogias asegura contribución al bienestar público.