Guardias civiles reclaman a Marlaska excluir de la regulación a inmigrantes con antecedentes penales

Las asociaciones conformadas por guardias civiles han reclamado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, oponerse de manera contundente a que los inmigrantes con antecedentes penales en el extranjero puedan obtener el permiso de residencia con una mera declaración responsable.

En el documento compartido por Jucil en sus redes sociales y firmado por hasta seis asociaciones que comparten la consigna de que la seguridad en España "no se negocia", se considera que el responsable de la cartera de Interior no puede aceptar la regulación masiva de inmigrantes que ha cedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, se apunta a que la posibilidad de que una simple declaración sirva como prueba si el país no puede aportar el expediente criminal del afectado en el plazo de un mes, "genera un riesgo para los agentes de la autoridad" provocando una "puerta abierta" para que los delincuentes se incorporen a ámbito laboral español, incluso con "delitos muy graves".

"Por ello solicitamos, que en su condición de miembro del Consejo de Ministros y como máximo responsable de la seguridad ciudadana se oponga al texto presentado", reza el comunicado que menciona el artículo 10- el que introduce la posibilidad de una declaración como puerta de entrada-. De este modo se busca evitar que se puedan regularizar inmigrantes que no acrediten de manera oficial la carencia de antecedentes penales.

 

Tal y como recogió LA RAZÓN, la falta de regulación y la lentitud de la burocracia en algunos de los países del continente africano convertiría las declaraciones firmadas en la única prueba de manera recurrente, lo que provocaría un efecto llamada a España que ha registrado un aumento de la delincuencia y la creación de guetos en ciudades como Barcelona. Sierra Leona, Níger, Mali o Somalia son algunos de los ejemplos.

La posibilidad de introducir inmigrantes con delitos no tipificados en España

Con el proyecto cerrado a la participación ciudadana, los próximos pasos serán acudir al Consejo de Ministros antes de otorgar la luz verde, ya que no es necesario su paso por el Congreso de los Diputados. A este aspecto que han denunciado miembros de la Benemérita, se suma que los interesados que hayan cometido delitos en los últimos cinco años pero que no se encuentren tipificados en el ordenamiento jurídico de España quedarán eliminados. Es decir, no se tendrán en cuenta en el proceso que puede beneficiar el implicado.

Cabe recordar que tal y como señala el Proyecto publicado el pasado 28 de enero por el Ministerio de Migraciones y Seguridad Social, analizado por LA RAZÓN, las personas con una solicitud presentada para residir en España antes del pasado 31 de diciembre de 2025, se podrán acoger a la nueva regulación.

En este sentido, se reclama que se "carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español", y que no se figure como una persona "rechazable" en el espacio territorial con los que la nación cuente con convenios de esta índole. En menos de una hora en Europa se debatirá sobre la propuesta del Gobierno de España.