La Audiencia de Valladolid ha condenado a un año y medio de cárcel al empresario de origen rumano Vasile U, quien fue juzgado acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores , encuadrado en el artículo 311 del Código Penal, por imponer condiciones abusivas a jornaleros de nacionalidad extranjera reclutados entre septiembre y octubre de 2020, a los que utilizó para la recogida de la patata en la zona de Medina del Campo (Valladolid). Las víctimas fueron tratadas «como perros», tal y como subrayó la Fiscalía durante el juicio. La sentencia del tribunal, recogida por Ep, considera probada la culpabilidad del encausado, al que aplica la atenuante de dilaciones indebidas, y le impone la citada pena privativa de libertad junto con el pago de una multa de 1.440 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de una indemnización de 500 euros a cada uno de los diez trabajadores afectados. La Sección Segunda de lo Penal considera que a través de las manifestaciones de los testigos queda probado que Vasile era el «empresario de facto» quien dirigía la estructura organizativa, quien pagaba y quien utilizó a su hermana como una mera «pantalla» mientras él ofrecía unas condiciones laborales como «señuelo» para que los afectados se trasladaran a Valladolid desde los lugares donde residían aprovechando su situación de necesidad, máxime cuando en la época en la que se produjeron los hechos se vivía una situación de pandemia. El fiscal del caso, quien había pedido cuatro años de cárcel y una indemnización para cada uno de los afectados de 15.000 euros, censuró con dureza el comportamiento del ahora condenado. «No sólo no les pagó lo prometido, sino que l es trató como perros y encima les escupió a la cara!«, llegó a apuntar el acusador público tras hacer suyas las testificales de los afectados, de origen colombiano, peruano y marroquí, para dar por acreditado que Vasile U. era la persona que »movía los hilos« en la empresa donde su hermana Ionela, también encausada pero en paradero desconocido, figuraba como responsable pero que en realidad era una »mera pantalla« utilizada por el acusado para eludir las posibles responsabilidades derivadas de su ilícita actividad. El fiscal sostuvo que la decena de temporeros afectados fue reclutada por Vasile, de origen rumano, con el auxilio de Ángel Q.T, residente en Alicante, declarado en rebeldía y buscado para que testifique como investigado en fase de instrucción por estos hechos. Este último, con la promesa de un salario de entre 1.800 y 1.600 euros, la formalización de contrato, alta en la Seguridad Social y alojamiento gratuito, convenció a los damnificados para que lo dejaran todo y se trasladaran desde Alicante y Yecla (Murcia) hasta una finca en Torrecilla del Valle (Valladolid) para realizar trabajos agrícolas en el periodo que media entre el 15 de septiembre y el 22 de octubre de 2020, en plena pandemia. Aunque el acusador público entiende que el «señor Ángel», como así le identifican los denunciantes, trajo «engañados» a los jornaleros, y tendría que ser juzgado por trata de seres humanos, advirtió de que toda la prueba demuestra que lo hizo siguiendo las instrucciones y las «milongas» de Vasile, quien puso a su hermana al frente de la empresa porque él no podía figurar como tal, «ya que tenía embargadas sus cuentas y sus vehículos». Sostenía que fue el acusado el que propició la llegada a Valladolid de los temporeros con promesas laborales que no se cumplieron y un alojamiento en precario, en referencia a que la casa en la que se hacinaban carecía de calefacción y agua potable e incluso los recién llegados se tuvieron que buscar la vida para buscar colchones en un punto limpio. En este contexto, el fiscal recordó que tan sólo parte de la primera 'hornada' de temporeros llegada desde Murcia, formada por cuatro personas, estuvo dada de alta unos días en la Seguridad Social, entre nueve y dieciséis días, frente al casi mes de trabajos desarrollados, mientras que los otros seis que viajaron desde Alicante no estuvieron ni un día cotizando, situación que, a su juicio, constituye una clara vulneración de sus derechos, a lo que añadió que percibieron cantidades muy por debajo de lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio marco del sector. «¡No les pagó lo prometido, les trató como perros y encima les escupió a la cara!», reiteró el acusador público en alusión a que el día 22 de octubre de 2020, cuando la Guardia Civil se personó en la finca tras ser reclamada su presencia por los afectados por falta de pago, el acusado acudió al lugar y se desentendió de todo al asegurar que no conocía a esos trabajadores y les llamó okupas. «Ese comportamiento es, seguro, lo que más indignó a los afectados», recriminó el fiscal, quien preguntó el por qué de esa llamada de auxilio al Instituto Armado si de verdad los temporeros estaban cobrando los jornales prometidos. «La burocracia la llevaba mi hermana, yo era el encargado de la empresa y me limitaba a visitar el campo y a enseñar a trabajar a los jornaleros», insistió Vasile, que, según también su versión de los hechos, hacía de intermediario cuando su hermana le entregaba el dinero para que él se lo hiciera llegar a Ángel, «jefe de cuadrilla y persona de confianza» que luego pagaba el jornal a los temporeros.
