Gobierno declara el norte de Colombia en emergencia económica por inundaciones que afectan a más de 200.000 personas
El Gobierno de Gustavo Petro declaró "estado de emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta días calendario". El decreto 150 de 2026, que contiene la firma de todos los ministros del Gabinete, decretó un estado de excepción que permitirá tomar medidas sin pasar por el Congreso.
Colombia acumula actualmente más de 200.000 personas afectadas, 10 muertos y casi 20.000 viviendas damnificadas, según reportes oficiales, ante las inundaciones que afectan a parte de la región Caribe. Cabe indicar que la medida podría permitir traslados presupuestales para alimentar los fondos de atención, crear contribuciones temporales o realizar pagos a las familias de las zonas golpeadas.
Un análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) atribuye el fenómeno al desplazamiento inusual de un frente frío hacia latitudes más al sur, intensificado por la presencia de un chorro subtropical y la interacción de diversos sistemas atmosféricos.
No es la primera emergencia durtante la gestión Petro
En 2023, Petro declaró excepción para la península de La Guajira, también en el Caribe, bajo el argumento de la crisis humanitaria ocasionada por el fenómeno del Niño. Además, se emitió 13 decretos de diferentes tipos, los mismos que la Corte Constitucional juzgó como inconstitucionales debido a que buscaba resolver problemas de vieja data.
Sin embargo, en la situación actual, las inundaciones se muestran en un momento grave y completamente inesperadas. La alerta se presenta más sólida al punto de tener una escalada internacional, pues incluso el papa León XIV realizó una petición especial.
Contraposiciones por la nueva declaratoria
Las posturas contradictorias dentro de Colombia no se hicieron esperar, según reportó el medio local El Tiempo. Figuras cercanas al Ejecutivo han salido en defensa, como el caso del representante Alejandro Ocampo, quien aseveró que espera que "los enemigos de la patria no salgan a demandar" la decisión.
En la vereda del frente se encuentra la candidata Hannah Escobar, que apuntó de manera firme que esto solo busca generar "más cargos corbata, más compra de votos y de conciencias". En la misma línea, Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, hizo un recuento sobre los movimientos económicos del actual Gobierno y aseguró que “no es un problema de falta de dinero, sino de pésima gerencia y priorización".
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se presentó como un aliado inesperado y mostró su apoyo a "una medida de esta naturaleza, si tiene una estructura institucional que garantice que los recursos vayan a satisfacer las necesidades de esta zona".