El 67% de víctimas por ataques extorsivos eran transportistas y deja 93 muertos y 76 lesionados, según el Ministerio Público
La violencia asociada al cobro ilegal de cupos se ha convertido en una amenaza constante para choferes, cobradores, empresarios y usuarios del servicio urbano en Lima Metropolitana y Callao. Un boletín elaborado por el Ministerio Público, a través de su Oficina de Observatorio de Criminalidad, identificó 125 atentados vinculados a estos delitos entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, con un saldo de 169 personas perjudicadas: 93 fallecidas y 76 lesionadas.
El documento advierte que estos episodios no constituyen hechos aislados, sino manifestaciones de una dinámica sistemática que impacta directamente en la movilidad urbana. Durante 2025 se concentró la mayor cantidad de casos, con 105 episodios, frente a 20 registrados entre agosto y diciembre de 2024. Septiembre destacó como el mes con más siniestros, al acumular 29 sucesos que dejaron 40 agraviados.
Distritos y horarios bajo mayor presión
El análisis territorial revela que Lima Norte registró 41 hechos, mientras que el sur concentró el mayor número de víctimas, con 51. A nivel distrital, San Juan de Lurigancho encabezó la lista con 17 episodios, en tanto San Juan de Miraflores reportó 21 perjudicados.
Los datos muestran que la mayor incidencia ocurrió durante la noche, franja en la que se produjo el 61,5% de los sucesos. Además, los días miércoles, jueves y viernes reunieron el 55% de los eventos contabilizados. Esta concentración temporal sugiere una planificación orientada a maximizar impacto y visibilidad.
El informe también precisó que 163 transportistas fueron atacados dentro de unidades vehiculares, mientras seis sufrieron agresiones en la vía pública o en establecimientos vinculados al rubro. Buses, combis y mototaxis aparecen como los principales escenarios de los hechos.
Conductores, el blanco principal
El perfil de los involucrados confirma que el sector laboral resulta el más expuesto. El 67,5 % correspondía a choferes, seguido por usuarios con 22,5 % y personal de cobro con 4,1%. En términos demográficos, el 87,6% eran varones y el 85,8% tenía nacionalidad peruana; de este último grupo, el 43,8% provenía de otras regiones del país.
La franja etaria más golpeada fue la de 40 a 49 años, con 29% del total. Casi la mitad tenía responsabilidades familiares directas, lo que amplifica el impacto social de cada episodio.
En cuanto a la modalidad empleada, el 81,1 % de los casos implicó interceptación directa y el 97,6 % incluyó uso de arma de fuego. En siete de cada diez situaciones, los agresores se desplazaban en motocicleta, patrón que coincide con estadísticas nacionales sobre criminalidad violenta.
Investigación fiscal y dificultades procesales
El sistema fiscal inició 117 investigaciones. Las tipificaciones más frecuentes fueron homicidio calificado (39,3 %), homicidio simple (35 %), delito de chantaje económico (19,7%) y lesiones graves (12%). Una cuarta parte de los expedientes incluyó concurso de figuras penales, lo que evidencia complejidad procesal.
Sin embargo, el avance enfrenta obstáculos. El 77,8% permanece en etapa preliminar y el 16,2% fue archivado, principalmente por imposibilidad de individualizar responsables. Solo el 5,1% alcanzó formalización preparatoria.
Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron además 16.730 denuncias por cobro ilegal, 5.789 por homicidio simple, 928 por homicidio calificado y 133 por sicariato en ambas jurisdicciones. Pese a ello, la información institucional no siempre permite vincular ocupación y circunstancias específicas, lo que motivó la construcción de un registro administrativo especializado.
El boletín concluye que la expansión de redes criminales en el servicio urbano responde a factores estructurales como fragmentación empresarial, informalidad y precariedad laboral. En ese contexto, la ofensiva contra operadores no solo constituye un problema de orden público, sino también un desafío de gestión metropolitana.
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