El obsoleto catálogo gallego de especies amenazadas: dos ampliaciones en 20 años y el 99% de los planes de protección congelados
Expertos critican la resistencia de la Xunta a revisar el listado y exigen que se desarrollen las estrategias de conservación y protección de las casi 200 especies vulnerables que aún no las tienen
Ni marsopas ni tartarañas: solo tres de las 201 especies amenazadas en Galicia tienen un plan de protección vigente
En sus casi 20 años de historia, el 'Catálogo Galego de Especies Ameazadas' ha sido actualizado solo en dos ocasiones, la última de ellas en 2014. Contiene, desde entonces, un total de 201 especies, de las que 125 figuran como vulnerables y las otras 76, como en peligro de extinción. Los escasos movimientos de la Xunta en la materia son, según los expertos, un problema: el listado no es un reflejo fiel de todos los riesgos ni los recoge en su verdadera magnitud porque hay casos en los que la situación ha empeorado, pero no su categoría dentro del catálogo.
Que la lista lleve 12 años sin incorporar cambios no se debe a que no haya propuestas para actualizarla. Entidades de defensa de la naturaleza presentaron solicitudes para incluir a la camariña (Corema album), una planta que crece en sistemas dunares, pero fue rechazada por el Gobierno gallego, pese a la opinión de los expertos de que debía figurar en el catálogo. Las peticiones sobre la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), con un acusadísimo declive, no han recibido respuesta. La propuesta más reciente que se ha puesto sobre la mesa de la Consellería de Medio Ambiente es la de dar protección al salmón atlántico (Salmo salar L.), con una población que está actualmente “muy por debajo del límite para garantizar la viabilidad”.
Desde que se creó el catálogo en 2007 hubo dos modificaciones: una fue en 2011 para incluir las especies que figuraban en el listado estatal y, a petición de la asociación ecologista Adega, el carballo anano (un tipo de roble, Quercus lusitanica). En 2014, tras solicitarlo la Universidade de Santiago de Compostela, se volvió a hacer una ampliación para inscribir también un tipo de helecho, el Cheilanthes guanchica C. Bolle. Desde entonces, no ha habido movimientos. La Consellería de Medio Ambiente no ha respondido a las preguntas sobre este asunto remitidas por este periódico.
El biólogo Serafín González, presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ve el catálogo desfasado y protesta por lo que califica de “interlocución difícil” con la Consellería de Medio Ambiente, dirigida por Ángeles Vázquez, tanto para actualizarlo como para poner en marcha otras medidas de protección de especies vulnerables. “Lo peor de todo es que no se hace lo que exige el decreto [por el que se creó el catálogo en 2007]: no se están aprobando los planes de conservación para las especies vulnerables ni los de recuperación para las que están en peligro de extinción”, critica. Se refiere a que, de las 201 especies que figuran como amenazadas, solo tres tienen una estrategia de protección aprobada y una más, el oso pardo, sigue pendiente de una revisión del documento que se le aplica desde 1992.
La situación se mantiene inmutable a pesar de que la propia norma gallega obliga a desarrollar esos planes, de que se llegaron a encargar -y se entregaron- los estudios para varias decenas de especies y de la promesa que, en 2017, hizo el actual presidente del PP, que era entonces el jefe del Gobierno gallego. Alberto Núñez Feijóo anunció, en la presentación de la ley gallega de patrimonio natural, que en 2020 habría planes de recuperación o conservación para 45 especies. No se aprobó ni uno.
El secretario técnico de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, pide ampliar y actualizar el listado de especies amenazadas de Galicia. Señala que hay especies en declive que no están recogidas y que, de entre las que sí forman parte, las hay que han empeorado su situación y deberían aparecer como en peligro de extinción y no como vulnerables. “La Xunta no hace y deja que siga el declive. Algunas posiblemente ya habrán desaparecido de algunos lugares”, critica. Tanto Eirexas como González citan el caso de la gaviota patiamarilla. En una primera petición para darle protección hecha por la SGHN se consideraba que debía estar entre las vulnerables. Ahora, señala el presidente de la sociedad, ya tendría que estar en el siguiente nivel, el que alerta de su extinción. Pero esas solicitudes no han tenido respuesta por parte del Gobierno gallego, afea.
El portavoz de Adega enfatiza que, si una vez están en el catálogo no se elaboran los planes de conservación o recuperación, las especies “solo están protegidas en un papel”. Sostiene que haber desarrollado los documentos de las que ya están en el listado habría frenado en seco proyectos, como el de Altri, que han superado el examen ambiental de la Xunta. Y va más allá: acusa al Gobierno gallego del PP de tener las estrategias congeladas precisamente para evitar interferencias con planes empresariales. En el caso de la macrocelulosa planteada para Palas de Rei (Lugo), constan 27 especies amenazadas en el terreno en el que se levantaría. Tres de ellas son tres plantas que solo crecen en esa zona, en ninguna otra del mundo, y que ya obligaron a cambiar una autovía.
Eirexas pone el foco en que no ha habido avances en más de una década en cuanto a los planes de protección -el más reciente, el de la píllara das dunas, está en vigor desde 2014- a pesar de que se encargaron las asistencias técnicas para elaborarlos y de que los estudios fueron entregados. Pero, protesta, se quedaron en un cajón. “Eso es prevaricación omisiva, que es un delito”, sostiene. La vía judicial es, para Adega, una de las que está resultado más útil en defensa de los valores naturales. Pone como ejemplo las decenas de proyectos eólicos paralizados por la posibilidad de daño ambiental irreparable. Sin embargo, el secretario técnico de la asociación considera que es muy complicado llevar a la Xunta ante la Justicia por su inacción. El freno, expone, son los elevados costes económicos que podría suponer.
El órgano consultivo, sin convocar el año pasado
El Observatorio Galego da Biodiversidade se creó en 2007 como un órgano de asesoramiento de la Xunta para la conservación de las especies. El decreto que lo regula señala que, para ejercer sus funciones de forma eficaz, la Xunta necesita “información detallada y pormenorizada” de la evolución de las especies. Esa es una de las tareas que encomienda a este observatorio, que también opina, aunque su postura no es vinculante, sobre las posibles ampliaciones o cambios en el catálogo de especies amenazadas. Fue lo que ocurrió en las dos modificaciones de este listado: la inclusión del roble Quercus lusitanica y del helecho Cheilanthes guanchica C. Bolle se abordaron en este órgano, en el que están representados responsables de la Consellería de Medio Ambiente, de las tres universidades gallegas, expertos nombrados específicamente y miembros de dos asociaciones de defensa de la naturaleza (que, en este caso, son Adega y la Sociedade Galega de Historia Natural).
Serafín González se queja de que ese carácter no vinculante hace que la Xunta no haga caso en algunas ocasiones de las opiniones de los expertos. Recuerda el caso de la camariña y señala que los estudiosos de la flora vascular se mostraron de acuerdo con que se incluyese en el catálogo, pero el Gobierno gallego lo rechazó. Critica que la opinión expresada “con poco disimulo” por la Consellería de Medio Ambiente en algún observatorio es que, de modificarse este listado de especies amenazadas, sea para reducir el número. Tanto el representante de la SGHN como el de Adega hablan de incumplimientos en este órgano. El decreto que lo regula establece que debe reunirse, como mínimo, una vez al año, pero no hubo ninguna convocatoria en 2025, señalan.
El presidente de la SGHN califica la actitud de la Consellería con respecto a la protección de especies de “beligerante, pero para mal”. Cita la insistente batalla por poder cazar al lobo ibérico y la estupefacción de las asociaciones ecologistas que tuvieron que reclamar que se prohibiese abatir ejemplares de especies en peligro de extinción, como la avefría y la agachadiza. Sobre esta última relata que se logró la prohibición en unos pocos municipios de Ourense donde cría, pero no en el resto. “Son cosas que no tienen sentido”, lamenta.
