Durante este día, autoridades del estado de Chihuahua informaron sobre la liberación de José Luis 'N' dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez donde se hallaron al menor 383 cadáveres.El 12 de febrero el juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó un amparo al empresario José Luis 'N', en contra de la vinculación a proceso que recibió hace siete meses.Para dar cumplimiento al amparo, anoche se realizó una audiencia por parte de un juez de Control con jurisdicción en Ciudad Juárez, quien revocó la vinculación y en su lugar dicto auto de no vinculación a proceso. Por lo que en las primeras horas de hoy José Luis -quien es ciudadano estadunidense- salió del Cereso 3.En junio del año pasado las autoridades encontraron 386 cadáveres embalsamados, apilados y en condiciones insalubres -entre ratas- en el Crematorio Plenitud ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, de la colonia Las Granjas Polo Gamboa.Posteriormente fueron detenidos el dueño del crematorio José Luis 'N', y el único empleado Facundo Teófilo M.R., -quien murió estando en reclusión-.Fiscalía apelará la libertadLuego de que el dueño del crematorio donde se localizaron 386 cadáveres acumulados, salió libre al ganar un amparo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua anunció que presentará un recurso de revisión y una queja en contra del juez federal que otorgó la protección.En conferencia de prensa el fiscal General del estado, César Jauregui Moreno, dijo que no queda otra opción que combatir por la vía legal la resolución del juez Séptimo de Distrito Luis Eduardo Rivas Martínez y presentar una queja ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, para que el caso sea revisado. El fiscal, quien es abogado, indicó que el juez federal no valoró de forma correcta los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público y que ignoró que a los familiares de las víctimas se les engañó entregándoles urnas con basura, una acción que, afirmó, fue con dolo. Además, aseguró que el anterior titular del juzgado ya había negado el amparo al empresario José Luis 'N' y preciso que más allá de consideraciones legales y técnicas, las autoridades están ante la presencia de hechos que deben ser sancionados para que no se vuelvan a repetir ni en Chihuahua ni en el país. Jauregui Moreno, aseguró que el Ministerio Público encuadro bien la conducta del empresario y de la otra persona, pues los hechos no encuadran en otro delito.A la fecha solo 191 de los 386 cuerpos han sido identificados y entregados, 187 liberados, agregó.Familiares de las víctimas expresaron su indignación por la libertad otorgada al dueño del Crematorio Plenitud, denunciaron que están en un abandono judicial y exigieron la renuncia del fiscal de la zona Norte, Jesús Manuel Salas, y que la Federación atraiga el caso. Desde anoche las familias de las víctimas acudieron al juzgado para manifestar su repudio a la resolución judicial y esta mañana acudieron a la Fiscalía.Dueño y trabajador del crematorio fueron vinculados a procesoDurante el mes de julio de 2025, el dueño y el empleado del crematorio fueron vinculados a proceso penal por dos delitos. Además, un nuez dictó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y quedó vigente la medida cautelar de prisión preventiva.Los señalados no declararon ante el juez de Control, pues sus abogados argumentaron que sus representados no cometieron ningún delito, que se trata faltas administrativas en las que incurrieron ante la falta de supervisión de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).Incluso mencionaron que la licencia de funcionamiento del lugar estaba vigente y que la ley no regula cuántos cuerpos se pueden acumular como máximo.Los delitos que les imputaban a los hombres era en el delito previsto en el Artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua que sanciona a quien oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla, con un máximo de dos años de prisión.Y por el delito del apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud que prevé penas hasta de 17 años de cárcel a quien ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos.rdr
