¿Por qué la nueva subida del SMI (1.221 euros) no se aplicará a policías, guardias civiles y militares?
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sigue a pies juntillas su plan estrella, ajena a la polémica sobre su liderazgo en la izquierda. Así, junto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, necesitado de buenas noticias, protagonizarán la firma de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un aumento de 37 euros brutos al mes, pactado con UGT y CC OO, y que supone un 3,1% más respecto al año pasado.
Esta subida, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, sitúa el salario mínimo en 1.221 euros al mes, unos 17.094 euros brutos anuales repartidos en catorce pagas. Sin embargo, este aumento salarial no incluye a los funcionarios públicos y, por tanto, tampoco a policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones o militares, cuyo salario base oscila entre los 686,07 euros (Grupo E) y los 900,63 euros (C1). Es decir, entre 534,93 y 320,37 euros por debajo del SMI.
Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿por qué no se aplica el salario mínimo interprofesional a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado o las Fuerzas Armadas? La respuesta está en el Capítulo I del estatuto de los trabajadores, en su apartado 1.3. En concreto, establece que se excluyen del ámbito regulado por esta ley: "La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias". O lo que es lo mismo, militares, policías y guardias civiles, quedan excluidos de la ley por la que se rigen la mayoría de trabajadores de este país, al igual que el resto de funcionarios públicos.
Militares, hasta 504 euros por debajo del SMI
En este sentido, hay que señalar que el salario base actual de policías, funcionarios de prisiones y guardias civiles se rige por el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (art. 2.1), así como por la Tabla de Retribuciones del Personal Funcionario, facilitada por el Ministerio de Hacienda. Así, un agente que acabe de ingresar en la Policía o la Guardia Civil (C1) recibirá 10.807,56 euros al año, divididos en 12 pagas, lo que equivale a unos 900,63 euros brutos al mes. Cantidad a la que hay que sumarle dos pagas extras en junio y diciembre, cuya parte fija es de 778,42 euros brutos, cada una. Finalmente, hay que tener en cuenta también otros factores que forman parte de sus nóminas como la antigüedad (32,96 euros más por trienio), el cargo que ocupa, el destino o la territorialidad, entre otros.
En el caso de los militares, su sueldo base viene determinado por el Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Presupuestos de cada año. El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, aprobó en 2025 una subida de sueldo de 200 euros mensuales en el Complemento Específico General para los militares españoles. Un aumento que podía llegar hasta los 300 euros si se suma el incentivo o plus salarial de 100 euros comprometido en 2024. Sin embargo, el salario base de un soldado raso temporal (C2) es de apenas 716,98 euros y el de un soldado permanente o cabo (C1), de 861,46 euros. Ambos se sitúan muy lejos de los 1.221 euros del Salario Mínimo Interprofesional de Yolanda Díaz.
Desprecio de Montero, Díaz y Marlaska
Desde distintos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han ofrecido al Ejecutivo una solución para que no exista tanta diferencia respecto al SMI del resto de trabajadores. Una propuesta que no afectaría a la cuantía de "gasto de personal" de los Presupuestos Generales del Estado y que han hecho llegar tanto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como al del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que han caído en saco roto. ¿En qué consiste esa iniciativa? Es simple, se trataría de modificar el denominado complemento de destino y tomar de ahí, por ejemplo, los 320,37 euros que faltarían en el caso de los funcionarios del grupo C1. De este modo, la nómina se mantiene y no implica una inversión extra en los Presupuestos. Por otra parte, también se apostaba por abonar el 100% del sueldo en las pagas extras, frente al porcentaje actual que oscila entre el 61 y el 86 por ciento.
Y si bien los partidos políticos han mostrado cierto interés en resolver los problemas de desigualdad y la situación de los militares, los funcionarios de prisiones, los policías o los guardias civiles, estas promesas no van más allá de los programas electorales o la foto en el Congreso. Y es que mención aparte merece el tema de la equiparación salarial entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un capítulo que Interior y Grande-Marlaska, en este caso, consideran más que cerrado, pese a las manifestaciones de los agentes.