La delegación europea que examina nuestro Estado de Derecho escucha las "preocupaciones" de los jueces

Como ya informó ayer LA RAZÓN que ocurriría, el presidente del Gobierno no quiso recibir a la misión del Parlamento Europeo que visita nuestro país, desde el lunes y hasta hoy, para examinar el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes.

Ayer, los cinco eurodiputados que la conforman confirmaron públicamente que a Pedro Sánchez se unieron en su no recibimiento otros dos ministros socialistas, Félix Bolaños (Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes) y Fernando Grande-Marlaska (Interior).

Según la delegación comunitaria, desde ninguno de los dos departamentos, ni desde Moncloa, se les ofreció alguna razón de por qué no quieren sentarse a hablar con ellos sobre la situación de las garantías democráticas en nuestro país.

Y pese a que, tal y como subrayó el eurodiputado popular Javier Zarzalejos, todos los grupos políticos de Bruselas acordaron solicitar al Ejecutivo que les recibiese. No ocurrió lo mismo, explicó Zarzalejos, cuando desarrollaron el mismo examen en territorio eslovaco.

La misión la componen, además de Zarzalejos como presidente de la citada comisión, Raquel García Hermida-van der Valle (del grupo de trabajo sobre la Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales); Alessandro Zan (Socialistas y Demócratas); Jorge Buxadé (de Vox y Patriotas) y Assita Kanko (Conservadores y Reformistas).

En cambio, las fuentes de Interior consultadas por este diario aseguran que «atendieron la visita con una representación adecuada a la solicitud y sus necesidades».

Mientras tanto, los miembros de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara se vieron con todas las asociaciones de jueces, menos con la cuarta, Foro Judicial Independiente (FJI), a la que no incluyeron en su agenda de trabajo, que fue pactada por todos los grupos.

La agrupación mayoritaria de la judicatura trasladó a los representantes europeos su «preocupación» por el «deterioro» que, considera, viene sufriendo en los últimos años nuestro Estado de Derecho. Durante la conversación, los europarlamentarios preguntaron a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) por el «modelo de acceso a la Carrera» y el «papel» y «límites funcionales» del Tribunal Constitucional (TC) en relación a la jurisdicción ordinaria y el Derecho europeo.

También se vieron con la segunda asociación judicial. Ana González Olalla, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), alertó a los eurodiputados de las consecuencias de determinadas reformas y planes legislativos, especialmente por el proyecto de ley de reforma del acceso a la judicatura y la Fiscalía sobre el que avisaron de que supondrá la estabilización de 700 sustitutos, bajo el pretexto de una falsa demanda de las instituciones europeas. Sin olvidar la situación de colapso de unos nuevos tribunales de instancia sin suficiente «dotación económica» ni «medios humanos».

Por su lado, la única asociación de corte progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) únicamente valoró como «aspecto negativo» los ataques de responsables políticos a compañeros con los que se buscan «desacreditar al Poder Judicial», refiriéndose solo a los casos de la instructora de la causa de la Dana o la «persistente campaña de desprestigio» contra la Corte de Garantías. Negó, en cualquier caso, que la independencia judicial esté en juego y aplaudió las nuevas 500 plazas.

La delegación tiene, además, previstas citas con miembros de la «Administración del Estado»; la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, entre otros miembros del alto tribunal y vocales del órgano de gobierno de los jueces, así como con el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. Los parlamentarios se reunirán, de igual forma, con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; representantes de la Fiscalía Especial Anticorrupción; la Autoridad Independiente de Protección del Informante y con la Guardia Civil.

La agenda también incluye encuentros con otras asociaciones de fiscales, organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos del Estado de Derecho, transparencia, anticorrupción, igualdad y no discriminación, así como con representantes de medios de comunicación públicos y privados y expertos académicos. Ayer fue el turno de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (Fape), la Fundación Mujeres y la Fundación Pedro Zerolo.

Las peticiones no atendidas de una asociación

Pese a que la misión no convocó a una reunión a FJI, la asociación que encabeza el magistrado Roberto García Ceniceros le trasladó por escrito su visión del momento que atraviesa nuestro Estado de Derecho.

Tal y como pudo saber LA RAZÓN en primicia, FJI puso especial hincapié en que España incumple las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el sistema de elección de los miembros del CGPJ, así como de las que plasmó, al respecto, el último informe GRECO. Además, destacó que el 75% de los nombramientos discrecionales del CGPJ, recaen en afiliados a la APM y JJpD.