Nadie quiere un tractor…(ni amarillo siquiera)

Los tractores que tomaron Madrid son resultado de décadas de políticas agrarias que han erosionado la viabilidad del sector. Lo malo de la intervención, es que el productor se olvida de las reglas del mercado y se concentra en la maximización de la subvención. Y cuando cambian las reglas del juego, el productor no está preparado para competir, el mercado está intervenido y los incentivos públicos se vuelven perversos.

El campo vive una peligrosa esquizofrenia. Mientras los titulares macroeconómicos celebran que el sector primario ha recuperado el pulso en 2025 tras la sequía, la realidad a pie de surco es desoladora: producir más ya no garantiza la supervivencia. Pese a una recuperación productiva, la renta agraria apenas creció un 1% debido a unos costes de producción que siguen asfixiando al agricultor. Esta crisis de rentabilidad está acelerando un fenómeno estructural inquietante: la "uberización" del campo. Ante la falta de viabilidad de las explotaciones familiares, los fondos de inversión sobrevuelan el terreno rústico buscando rentabilidad financiera, no social.

La economía enseña que, cuando cargas costes fijos sobre márgenes estrechos, fuerzas concentración, expulsas al pequeño y acabas importando lo que antes producías. El problema no es proteger el suelo o el agua; si no legislar desde el despacho urbano sin conocer la realidad de una explotación agraria. Algunos lobbies ecologistas han logrado imponer una visión moralizante del campo, donde producir parece casi una actividad sospechosa.

Resulta incoherente prohibir productos químicos en Europa por su toxicidad y daño a los acuíferos, para luego importar alimentos tratados con esas mismas sustancias. Estamos externalizando la contaminación para importar riesgo sanitario. Sin la aplicación de "cláusulas espejo" que exijan a las importaciones la misma seguridad que al producto local, estamos engañando al consumidor y condenando al productor. No podemos permitirnos el lujo de prescindir del campo, de él depende nuestra autonomía alimentaria, buena parte del equilibrio territorial y la cohesión social de la España interior.

La política agraria es, en última instancia, política de salud pública. Si encarecemos artificialmente la producción con cargas regulatorias excesivas, el resultado es simple: precios más altos y mayor dependencia exterior. Y cuando lo fresco y saludable se encarece, quienes más lo sufren son los hogares con menos renta. No es una abstracción ideológica; es economía doméstica.

*Álvaro Hidalgo Vega es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (UCLM) y presidente Fundación Weber