La irrupción de la inteligencia artificial en las aulas ha abierto un nuevo escenario en el ámbito educativo, no exento de tensiones. Entre ellas, el uso de detectores automáticos para identificar trabajos supuestamente elaborados con IA y la preocupación creciente por los llamados «falsos positivos», es decir, aquellos casos en los que un sistema señala erróneamente un texto como generado artificialmente. La pregunta que muchas familias se hacen es clara: ¿qué hacer si acusan a un hijo de utilizar IA sin pruebas concluyentes? Los detectores de inteligencia artificial no son herramientas infalibles. Funcionan a partir de patrones estadísticos y probabilidades, no de certezas absolutas. Un texto bien estructurado, con vocabulario amplio y redacción cuidada puede ser etiquetado como sospechoso simplemente por su calidad formal. Penalizar a un alumno por escribir correctamente o por haber mejorado su expresión sería, además de injusto, pedagógicamente incoherente. Por eso, basar una acusación únicamente en el resultado de una plataforma automática resulta insuficiente . Ante una situación de este tipo, la primera recomendación es actuar con serenidad. Conviene solicitar una explicación detallada del procedimiento seguido: qué herramienta se ha utilizado, qué margen de error tiene, qué significa exactamente el porcentaje que arroja y si existen otros indicios objetivos que respalden la sospecha. Una acusación académica debe sustentarse en un proceso de verificación completo, no en un único indicador tecnológico. En este contexto, el proceso de elaboración del trabajo adquiere una importancia decisiva . Borradores, esquemas previos, documentos guardados en distintas versiones o el historial de edición pueden demostrar la evolución del texto y la autoría real. La trazabilidad del aprendizaje, cada vez más presente en metodologías actuales, se convierte en una garantía tanto para el alumnado como para el profesorado. También resulta fundamental preservar la presunción de buena fe . La relación educativa se construye sobre la confianza mutua y no puede invertirse la carga de la prueba exigiendo al alumno que demuestre su inocencia sin evidencias sólidas en su contra. Antes de adoptar cualquier medida disciplinaria, es razonable contrastar el contenido mediante una entrevista personal o una breve defensa oral que permita comprobar si el estudiante comprende y domina lo que ha entregado. Más allá del conflicto puntual, el debate de fondo es pedagógico. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y el desafío no pasa por negarla, sino por regular su uso y enseñar a emplearla con criterio. Puede ser una herramienta útil para generar ideas , organizar contenidos o revisar la redacción, siempre que no sustituya el pensamiento propio ni el proceso de aprendizaje. La clave está en la transparencia y en la capacidad del alumno para explicar, argumentar y defender su trabajo. Para prevenir situaciones de sospecha, los centros educativos pueden establecer normas claras sobre qué usos de la IA están permitidos y cuáles no, solicitar entregas parciales que evidencien el proceso de elaboración y combinar la evaluación escrita con exposiciones orales realizadas en el aula. Cuando el proceso es visible y continuo, el margen de duda se reduce considerablemente. La convivencia entre educación e inteligencia artificial exige equilibrio . Ni demonizar la tecnología ni delegar en algoritmos decisiones que afectan a la trayectoria académica y emocional de un estudiante. Ante una acusación sin pruebas concluyentes, la prudencia, el diálogo y el análisis riguroso deben prevalecer sobre la reacción inmediata. Porque, en última instancia, educar sigue siendo una tarea humana que requiere criterio, justicia y sentido común por encima de cualquier detector automático.
