Policías y guardias civiles se activan en la calle para exigir la dimisión de Marlaska y del director Pardo
Policías y guardias civiles se manifestarán este lunes frente a la sede del Ministerio del Interior en Madrid para exigir la dimisión de su titular, Fernando Grande-Marlaska, y la del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.
El motivo es la querella por abusos sexuales presentada por una agente contra el ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González y lo que consideran falta de explicaciones.
Bajo el lema 'Dimisión', la concentración, que tendrá lugar a las 12.30 horas, ha sido convocada por el sindicato Justicia Policial (Jupol) y a ella se han sumado la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y Justicia Salarial Policial (Jusapol), que integra a efectivos de los dos cuerpos.
Desde el primer momento, Jupol exigió la dimisión del ministro por, entre otros, no creerse sus explicaciones de que desconocía lo que había ocurrido hasta que se hizo pública la querella una vez admitida a trámite. Al mismo tiempo, denuncian el silencio del director general de la Policía, quien, critican, "sigue escondido sin dar explicaciones".
Por todo ello se manifestarán en el madrileño Paseo de la Castellana, donde denunciarán que "la imagen de la cúpula policial se esta deteriorando completamente con estos escándalos" y, al mismo tiempo, el "trato de favor a los mandos y las pocas garantías a los policías".
A la concentración se ha unido, por un lado, Jusapol, que considera que Marlaska debería haber dimitido "hace tiempo", no solo "por este terrible escándalo, sino por la larga lista de decisiones polémicas y mentiras que arrastra". Y, por otro, Jucil, que mostró su "total apoyo" a la Policía Nacional y, en un comunicado, consideró "inadmisible cualquier atisbo de trato de favor o encubrimiento en el seno de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la legalidad".
"Las autoridades deben ser las primeras en dar ejemplo. Ante el menor indicio de un delito supuestamente cometido por un alto cargo, la Administración debe actuar con la misma firmeza y rigor que lo haría con cualquier ciudadano anónimo", defienden.