Diputados advierten que seguirán adelante con retiros anticipados del ROP pese a negativa de entes técnicos

Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa toparon con la resistencia de los actores técnicos en la mesa de trabajo creada para analizar reformas al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que buscan habilitar el retiro acelerado o total de los recursos acumulados.

La mesa fue convocada para discutir los proyectos 24.955, 24.972, 24.984 y 25.003, iniciativas que pretenden flexibilizar el acceso a los fondos del segundo pilar del sistema de pensiones.

Sin embargo, representantes de operadoras, la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Banco Central y expertos actuariales coincidieron en advertir riesgos previsionales, financieros y macroeconómicos si se aprueban cambios que permitan retiros anticipados o totales.

Los señalamientos técnicos generaron molestia entre los legisladores, quienes cuestionaron la falta de apertura para construir alternativas que respondan a la demanda ciudadana por acceder a los fondos.

La diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien preside la mesa de trabajo, afirmó que la Asamblea busca validar soluciones para los costarricenses, pero que no percibía disposición de los entes técnicos para explorar cambios. “Hay un tema de que, a como está, es como funciona. No hay posibilidad de cambio, ni de adelantarles los recursos, y eso a mí me preocupa”, manifestó.

Méndez agregó que veía a las instituciones “sincronizadas” en la negativa a habilitar opciones de retiro anticipado.

Rocío Alfaro: Vamos a cambiar la ley

En la misma línea, la diputada oficialista Ada Acuña consideró que existe una actitud coordinada para cerrar el paso a cualquier iniciativa, mientras que la legisladora del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, advirtió que la discusión política sobre el ROP continuará y que la ley terminará modificándose, con o sin el respaldo de las operadoras.

“Si creen que la ciudadanía y las fuerzas políticas, las que están a hoy y las que vienen, porque hasta donde sé ninguno está dando atrás en esta discusión, y si no, pues tendrán un altísimo costo político. Pero esta discusión se va a dar si las operadoras quieren insistir, insistir, sin tratar de buscar un acercamiento, pues, señores, no están haciendo perder el tiempo”, sentenció.

Alfaro subrayó que la ley “va a cambiar” y que seguirían adelante “con los criterios y los elementos técnicos que tengamos, pero esa ley se va a modificar”.

Pese a las tensiones, la presidenta de la mesa de trabajo solicitó a todas las instituciones y participantes presentar propuestas concretas para la próxima sesión, convocada para este lunes 23 de febrero, con el objetivo de explorar ajustes que permitan atender las demandas ciudadanas sin provocar una afectación “tan invasiva o tan fatal” al sistema de pensiones.

Posibles pérdidas

Durante la sesión, el presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) y gerente general de Popular Pensiones, Roger Porras, enfatizó que, aunque la decisión final corresponde a los diputados, los entes técnicos tienen la responsabilidad de aportar insumos especializados para la discusión.

“Yo no estoy diciendo que a las personas no hay que atenderles sus necesidades; sí hay que atender sus necesidades, pero que entendamos que estamos desprotegiendo, debilitando el sistema de pensiones, haciendo este tipo de cosas”, advirtió.

Porras reiteró que, desde el análisis técnico, un retiro total del ROP tendría efectos directos sobre la tasa de reemplazo de las personas, al eliminar el componente de complementariedad del sistema multipilar. Según explicó, la disminución en la acumulación del fondo podría rondar entre un 20% y un 30%, lo que afectaría la rentabilidad para quienes permanezcan en el régimen y podría reducirla hasta en un 2%.

El jerarca también cuestionó los argumentos que minimizan un eventual impacto macroeconómico. “Decir que no se tiene impacto macroeconómico, cuando usted tiene un retiro o la posibilidad de un retiro de ¢1,5 billones o ¢2 billones, aunque sea prorrateado, no tiene ningún fundamento técnico”, señaló.

Desde el Banco Central, el funcionario Mariano Segura advirtió que medidas de este tipo podrían afectar el sistema financiero y desvirtuar el objetivo original del fondo previsional. Indicó que, si bien la institución reconoce la necesidad de atender las demandas de la población que solicita el retiro del ROP, su criterio técnico fue negativo para los proyectos 24.955 y 24.984, precisamente por el riesgo de alterar el rol del segundo pilar dentro del sistema de pensiones.

El Ministerio de Hacienda, pese a haber sido invitado, no envió representación a la sesión.

Futuro del ROP

La Supén centró su preocupación en el impacto previsional de las iniciativas. Su representante, Daniel Sáenz, recordó que el ROP se diseñó para aportar una tasa de reemplazo cercana al 20% del ingreso de las personas pensionadas, meta que aún no se alcanza. Actualmente, supera el 15%, lo que representa cerca del 22% del monto total de la pensión.

De llegar a ese 20%, el ROP pasaría a representar entre un 25% y un 30% de la pensión total, por lo que cualquier retiro anticipado implicaría una reducción directa en la protección económica durante la vejez.

“Estamos hablando aquí de si disminuimos o no las pensiones de las personas, y cuando hablamos de pensiones, hablamos de una sola pensión; la pensión es una sola y básicamente así fue como lo acordamos en el año 2000 en este país”, subrayó Sáenz.

Nelly Vargas, también vocera de la Supén, indicó que los cuatro productos de retiro actualmente establecidos por ley son los adecuados y que la institución no respalda la creación de esquemas de retiro acelerado. Además, detalló que la institución trabaja junto con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en una propuesta para establecer una renta estable para los pensionados, con el fin de reducir la volatilidad de los montos frente a cambios del mercado.

Los técnicos de la Supén también explicaron que cerca de 57 mil personas en Costa Rica reciben una pensión básica del IVM cercana o por debajo de la línea de pobreza, y alrededor de 5.200 de ellas cuentan con ROP. “Entonces, para esas personas justamente el ROP les ayuda para salir de ese nivel de pobreza”, añadió Saénz.

Posible afectación al sistema

Desde la academia, Esteban Bermúdez, de la Escuela de Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica (UCR), alertó que los cuatro proyectos comparten una preocupación central: la insuficiencia de la pensión en edades avanzadas si se permite el retiro acelerado o total del segundo pilar.

Recordó que desde el año 2000 el país adoptó un sistema multipilar, en el que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cubre entre el 60% y el 70% de la pensión, mientras que el ROP y el tercer pilar aportan la complementariedad.

“Estas discusiones deben verse dentro del marco general del sistema de pensiones y no de forma individual, porque podría generarse un costo social y pobreza en la adultez mayor”, advirtió.

Bermúdez también señaló que, antes de definir modalidades de retiro, debería establecerse cuándo el régimen alcanza su madurez, criterio que, a su juicio, debería asociarse a personas que hayan cotizado durante toda su vida laboral al ROP.