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Los papeles del 23-F confirman que Sevilla se mantuvo leal a la democracia

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Abc.es 
La desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, materializado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y con el capitán general Jaime Milans del Bosch como uno de los principales cabecillas; ha puesto sobre el tapete una ingente cantidad de documentación que refleja que el terremoto político y social de aquel intento de asonada se dejó sentir mucho más allá de Madrid. Las consecuencias de este atentado a la democracia, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, incluyendo al general de división Alfonso Armada, escogido por los conspiradores para asumir la Presidencia; alcanzaron por supuesto a Sevilla y su provincia. Así queda de manifiesto en un repaso a la documentación desclasificada, que contiene diferentes alusiones a Sevilla . En aquellos momentos de 1981, no sobra puntualizarlo, gobernaba la capital andaluza Luis Uruñuela, primer alcalde de la nueva era democrática, bajo las siglas del Partido Socialista de Andalucía, germen del ahora extinto Partido Andalucista (PA). Sevilla era además la sede de la II Región Militar, encabezada entonces por el teniente general Pedro Merry Gordon; mientras el general de división Manuel Esquivias Franco ostentaba el puesto de gobernador militar de Sevilla. La ciudad era la capital igualmente de la Segunda Zona de la Guardia Civil, comandada por el general de brigada de Infantería Diego Daza Ramírez. En ese sentido, en la documentación manuscrita de noviembre de 1980 relativa a la planificación de la operación de golpe de Estado figura una mención a la II Región Militar de Sevilla, aludiendo al general de división Manuel Saavedra Palmeiro, uno de los principales generales de la misma, como «titular» de la unidad; y al «jefe EM», quizá en términos de hipotético «apoyo interno» en esta región militar, presumiblemente en referencia al general de brigada de Caballería Gustavo Urrutia Gracia, jefe del Estado Mayor de la II Región Militar. También se alude a Sevilla como sede de su región aérea. En este marco,un télex emitido precisamente desde la Segunda Zona de la Guardia Civil refleja que, ante los acontecimientos del intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, en Madrid, la región militar correspondiente a Sevilla, la II, pasaba a una situación «BERTA-2»; es decir al segundo nivel de alerta. Un télex posterior, también de la Segunda Zona de la Guardia Civil, reflejaría cómo fue dispuesto el acuartelamiento de las unidades, la suspensión de los permisos previamente autorizados al personal, el municionamiento de las tropas y la salida de patrullas para garantizar el orden público. Al hilo, otro documento, relativo a las comparecencias del proceso judicial destinado a juzgar a los promotores del golpe de Estado, menciona con relación al responsable de la Segunda Región Militar, que era el teniente general Pedro Merry Gordon ; que en su declaración aludió a que «al conocer los hechos, ordenó el regreso de las unidades que estaban en ejercicios y la alerta dos». El capitán general de Sevilla, según su testimonio en el juicio, habría recibido la tarde del 23 de febrero «una llamada del teniente general Milans del Bosch », quien en su papel de cabecilla de la asonada y comandante de la III Región Militar llegó a desplegar carros de combate en las calles de Valencia. Tras aquella llamada telefónica a las 18.40 horas, después recibió otra llamada, en este caso del Rey , «a cuyas órdenes se puso», según el acta de su declaración. Es más el teniente general Pedro Merry Gordon manifestaba que al día siguiente, el 24 de febrero, «fue llamado por un ayudante de su majestad y por el propio rey, que le agradeció su lealtad». Eso sí, este mismo militar declaraba ante el tribunal que el general Armada, elegido por los golpistas para que ocupase la Presidencia del Gobierno en caso de prosperar la asonada, le merecía «la más alta consideración personal y profesionalmente». También con relación al juicio, saldado con las condenas de Tejero, Milans del Bosch y Armada, junto con otros promotores del golpe de Estado; figura una mención a la «lectura de télex de su majestad al capitán general de la II Región Militar», la de Sevilla, en alusión a Merry Gordon. No sobra tampoco mencionar que en la documentación relativa a la posterior «campaña» de desinformación contra el rey y su papel en los hechos del 23 de febrero, fue detectada una nota anónima sobre una reunión en el Palacio de la Zarzuela, en la que el monarca y los capitanes generales de Valencia, Sevilla, Valladolid y Zaragoza habrían conminado a Adolfo Suárez a dimitir como presidente; escena en la que este panfleto relata que el teniente general Pedro Merry habría puesto una pistola sobre la mesa como «razón» por la cual el presidente debía renunciar. La Segunda Región Militar de Sevilla queda abarcada además en un documento que da cuenta de cómo el rey Juan Carlos I se ocupó personalmente de «establecer contacto con las capitanías generales, zonas marítimas y regiones aéreas para conocer la situación». Otros documentos de similar índole transmitidos ya la madrugada del 24 de febrero por la Segunda Zona de la Guardia Civil muestran mensajes sobre la ausencia de novedades. Figura además un sucinto informe de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, ya avanzada la jornada del 24 de febrero, tras fracasar el golpe, que señala una atmósfera de «normalidad», aunque con «un pequeño descenso de asistencia escolar a los centros de E.G.B., institutos y Universidad»; además de que los sindicatos habían convocado paros sólo secundados en Construcciones Aeronáuticas y otras pequeñas factorías y que los partidos políticos habían remitido comunicados a los medios de comunicación condenando el intento de asonada y mostrando «su adhesión a la Corona». Otro de los informes policiales, ya de fecha 25 de febrero, da cuenta de que en Morón de la Frontera fue constituido un «autodenominado comité de defensa de la democracia» que promovió «asambleas y manifestaciones»; entre otras reacciones en defensa de la legalidad constitucional.






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