Editorial: Caída de matrícula del MEP: tal vez la discusión urgente sea otra
En cuatro años, el sistema educativo público perdió 134.000 estudiantes, según lo reveló un reportaje reciente de nuestra periodista Fernanda Matarrita. La discusión se ha centrado en explicar este hecho a partir de la baja en los nacimientos y la transición poblacional que viene experimentando Costa Rica. Sin embargo, más allá de la cantidad de estudiantes, es vital analizar la calidad de la educación que reciben y su permanencia en el sistema en condiciones de igualdad.
La educación pública es un derecho fundamental y, como tal, la Constitución lo reconoce como un proceso integral y correlacionado en sus diversos ciclos. En el caso de la educación preescolar, general básica y diversificada, nuestra Carta Magna la define como “obligatoria, gratuita y costeada por el erario público”, y añade que el gasto estatal para este sector no puede ser inferior al 8% del PIB.
Si bien la reducción de alumnos en preescolar y primaria puede vincularse con la baja natalidad, en secundaria y en las modalidades de enseñanza para personas jóvenes y adultas, la caída en la matrícula no se puede atribuir únicamente a factores demográficos, sino que responde también a situaciones de exclusión estructural que generan desvinculación educativa.
El derecho a la educación no se limita al acceso inicial; incluye los elementos de permanencia, finalización y calidad como parte de su contenido esencial. Por ello, el sistema educativo debe ser capaz no solo de retener, sino de acompañar eficazmente a las personas hasta la culminación de sus trayectorias formativas, en particular a aquellas que enfrentan mayores barreras sociales, económicas o territoriales.
Al final, más que cuántas personas ingresan, lo más relevante es cuántas permanecen en el sistema hasta completar sus estudios, cuál es la calidad de la enseñanza recibida y qué resultados produce esa formación en términos de inserción laboral y oportunidades reales.
El citado reportaje también destaca la tendencia al aumento de la educación privada, que pasó de 27.291 estudiantes en el 2021 a 31.587 en 2025. Aquí, hay que preguntarse qué empuja a las familias a optar por esta alternativa. Si tal desplazamiento responde a condiciones insuficientes en la educación pública o a una pérdida de confianza en el sistema estatal, el problema, de nuevo, no es demográfico, sino estructural.
La educación pública ha sido uno de los principales mecanismos de movilidad social y bienestar en Costa Rica. Si el sistema empieza a dividirse entre quienes pueden pagar alternativas privadas y quienes dependen exclusivamente de la oferta estatal, nos encontramos ante una amenaza real a la democracia. La igualdad material que sostiene el Estado social de derecho se debilita cuando las trayectorias educativas se organizan según la capacidad de pago de las familias.
Insistimos en que la reducción de la matrícula no es excusa para que Costa Rica deje de lado sus deberes de garantía del derecho a la educación. Mientras existan brechas y deudas –desde las condiciones de la infraestructura hasta el acceso a la conectividad o a la tecnología–, reducir recursos inevitablemente profundizará las desigualdades.
Ese 8% del PIB, además de mandato constitucional, expresa una apuesta por colocar la educación en el centro del proyecto democrático costarricense, especialmente para poblaciones históricamente vulnerabilizadas –no solo la niñez y la adolescencia, también quienes no lograron concluir la educación secundaria en el momento esperado–.
Aún más, si se espera excelencia académica, esa política pública debe reconocer la profesión docente, invertir en esta, remunerarla conforme a su responsabilidad pública y sostener su calidad mediante procesos permanentes de capacitación y actualización. De lo contrario, no debería sorprender el desgaste profesional, las numerosas incapacidades por estrés y burnout, que no son fenómenos individuales aislados, sino evidencia de un sistema que, durante años, no ha garantizado condiciones adecuadas para el ejercicio docente.
En zonas rurales y costeras, donde la disminución poblacional es mayor, se debe trabajar con especial atención en la calidad de la educación. El posible cierre de centros educativos puede generar desarraigo y agravar las cargas de cuidado y trabajo doméstico, que recaen de manera desproporcionada en las mujeres. A ello se suma que la desvinculación de secundaria afecta con mayor fuerza a jóvenes en pobreza, quienes terminan ingresando tempranamente al mercado laboral informal.
En resumen, la educación no solo debe ser accesible, sino de calidad y adaptada a necesidades reales de infraestructura, de personal y acompañamiento. Más allá de que la matrícula esté cayendo, la pregunta indispensable es: ¿qué está haciendo el Estado para fortalecer, con presupuesto, planificación y formación docente, un sistema educativo público concebido como pilar del Estado social de derecho? Porque, si ese pilar se debilita, se debilitan también las condiciones que sostienen un proyecto democrático que aspira a garantizar oportunidades reales para todas las personas.