La jueza salva a Albiol de explicar por qué no abrió un albergue para los migrantes desalojados

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no tendrá que justificar su negativa a abrir el albergue municipal para personas sin hogar tras promover el mayor desalojo de España. Así lo ha decidido la magistrada que autorizó la petición del alcalde para echar a los centenares de migrantes que malvivían en el antiguo instituto B9 de la ciudad.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada rechaza la solicitud de la Fiscalía, que había solicitado que el alcalde explicara por qué no se puso a disposición de los migrantes desalojados el albergue municipal que el propio Albiol cerró en 2024. La abierta negativa del consistorio a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, han recurrido la resolución. Argumentan las letradas que pedir cuentas a Albiol sobre su negativa a abrir el albergue supone una medida “esencial” para discernir si el consistorio dejó en la calle a los migrantes “por falta de alternativa habitacional real o por una decisión política”.

El razonamiento de la magistrada Meritxell Quella para denegar la petición de la Fiscalía ocupa tan solo un párrafo. No argumenta la jueza sobre el caso concreto del B9, sino que se limita a considerar que la petición para que Albiol explique la negativa a abrir el albergue “excede” de las competencias que la ley otorga al juzgado a la hora de autorizar un desalojo solicitado por una administración.

La magistrada añade una consideración relevante. Recuerda que cuando autorizó el desalojo del B9 no lo condicionó a que el Ayuntamiento diera un nuevo techo de emergencia a los migrantes. En consecuencia, a su juicio, la petición de la Fiscalía para “verificar” si Albiol cumplió con el auto que dio el visto bueno a echar a los migrantes del instituto está “desprovista de utilidad”.

La jueza precisa, más de dos meses después y con los migrantes ya desalojados, el contenido de su auto de diciembre de 2025. La Fiscalía había pedido expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados.

No detalló entonces la magistrada en qué debía consistir esa “atención social”, si bien el Ayuntamiento ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

La falta de concreción judicial permitió a Albiol dejar en la calle a centenares de personas. Este diario fue testigo de que los servicios sociales municipales no atendieron a varios de los desalojados, que tuvieron que acudir, acompañados de sus abogadas y de activistas del Sindicat d'Habitatge de Badalona, hasta la sede central del consistorio para que la administración que tenía la obligación de atenderles les ayudara.

El albergue municipal al que se refería la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

Sin indagar qué ha sido de los desalojados

La defensa de los migrantes también había solicitado a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona.

La jueza rechaza esa petición y solo ha solicitado al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de los servicios sociales municipales, tras lo cual decidirá si archiva el procedimiento administrativo que autorizó el desalojo del B9.

En su recurso, las abogadas de los migrantes recuerdan a la jueza que su intervención “no puede limitarse a un control meramente formal” de que el desalojo se llevó a cabo, sino que debe intervenir “como garantía constitucional de protección de los derechos fundamentales afectados por la actuación administrativa” del consistorio.

Los datos de la Generalitat sobre los realojamientos, razonan las abogadas, resultan “esenciales” para “disponer de una visión completa y objetiva de los hechos y contrastar con la información facilitada por el consistorio, a menudo parcial o imprecisa”. El objetivo, agregan, es que la magistrada pueda disponer de toda la información para saber “si la atención social ordenada se prestó de forma real, efectiva y suficiente”.

“La obligación del Ayuntamiento de prestar atención social y garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables no nace del desalojo del B9, sino que es un deber legal preexistente”, argumenta el escrito de las letradas de los migrantes.

Esta no es la única causa abierta sobre el B9. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, en la que ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.