“Alguien está mintiendo”: las versiones encontradas que terminaron por frenar el proyecto de Sala Cuna

La Comisión de Educación del Senado acordó este miércoles abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal hasta el 30 de marzo, una decisión que, en la práctica, deja la iniciativa para el próximo período legislativo y la administración de José Antonio Kast.

Con ello, el proyecto que busca equiparar el derecho a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes, modificar el Código del Trabajo y crear un Fondo Solidario de Sala Cuna, no alcanzará a despacharse durante el actual Ejecutivo.

La determinación se adoptó tras una sesión marcada por tensiones entre el Gobierno y varios integrantes de la Comisión de Educación, especialmente respecto de la existencia —o no— de acuerdos previos y de la forma en que se condujeron las conversaciones durante el verano.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, defendió el trabajo realizado y sostuvo que sí hubo avances relevantes en la Comisión de Trabajo del Senado. “Creo que eso es bien importante transmitir, a propósito de haber alcanzado primero un acuerdo en toda la parte laboral y del fondo de Sala Cuna, que fue el trabajo fuerte que hicimos en la Comisión de Trabajo donde habían parlamentarios de oficialismo y también de oposición”, afirmó el secretario de Estado, y reveló reuniones con los senadores Felipe Kast y Gustavo Sanhueza (UDI) para recoger observaciones técnicas sobre el proyecto.

“Hubieron impases, no llegamos a un acuerdo (…) pero entendíamos que había espacio para avanzar y hacernos cargo también de varias de las preocupaciones que había planteado la senadora Provoste respecto al estándar educativo y de que efectivamente este proyecto fortaleciera la educación pública de sala cuna”, agregó el secretario de Estado.

Boccardo también abordó la controversia sobre el financiamiento: “Durante el mes de febrero se nos planteó un punto que no estaba en el debate público, que era respecto al informe financiero, y se planteó que este proyecto no habría tenido financiamiento y no estaría financiado. Algo que al menos en la discusión de la Comisión de Trabajo no estuvo sobre la mesa”.

Añadió que, más allá de quién termine promulgando la ley, esperan que la iniciativa “no se estanque, no se archive o no se deje de lado, porque entendemos que esto es una prioridad país”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, rechazó que hubiera existido un consenso con él. “Yo nunca llegué a un consenso y nunca me llamaron durante el mes de febrero, ni siquiera durante el mes de marzo, porque esto se podría haber hecho de una mucho mejor manera. La opacidad, finalmente, y el voluntarismo genera este tipo de situaciones”, sostuvo.

En la misma línea, la senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó la forma en que se condujo el diálogo político. “Las preocupaciones que yo he planteado siempre aquí, en esta comisión, han sido de cara a la ciudadanía (…) Si este era un proyecto tan importante, me llama la atención que aquí nunca se nos convocó a una reunión”, afirmó.

La legisladora sostuvo que el Gobierno “optó por un camino, y ese camino fue hacer un acuerdo con las fuerzas opositoras. O sea, ni siquiera a nosotros nos convocó”.

Antes de la sesión, el ministro Boccardo había anunciado indicaciones orientadas a generar mayor consenso. Entre ellas, precisiones sobre el alcance de las obligaciones de los empleadores, clarificaciones respecto del uso de los recursos del fondo en el sector público y una mayor gradualidad en la incorporación al derecho, tanto para mujeres como para hombres.

Asimismo, se contemplaba una implementación progresiva de las cotizaciones y una presentación más detallada del informe financiero, en respuesta a cuestionamientos sobre un eventual déficit.

En medio de las discrepancias, la senadora Alejandra Sepúlveda, integrante de la Comisión de Trabajo, defendió que sí existió un acuerdo en materia de financiamiento. “Hubo un acuerdo muy importante que tenía que ver con el financiamiento y, es más, dicho financiamiento era compartido entre el empleador y el Fondo del Seguro de Cesantía. Entonces aquellos que hoy día dicen que no existió un acuerdo, no están diciendo la verdad”, afirmó.

Sepúlveda añadió que en la Comisión de Trabajo “discutimos cobertura y discutimos las vías de financiamiento, las cuales fueron aprobadas (…) con acuerdo de todos los senadores que representaban los distintos sectores políticos”.

“Aquí alguien está mintiendo, alguien no quiere que salga este proyecto de ley que beneficia a las mujeres, fundamentalmente, beneficia a los niños y niñas por la estimulación temprana y, además, beneficia a la familia”, concluyó.

Con el nuevo calendario fijado hasta el 30 de marzo, el proyecto queda en un compás de espera, ya que en caso de votarse y aprobarse en la Comisión de Educación del Senado, este pasaría a discutirse en la Comisión de Hacienda, todo con una composición nueva en el Congreso Nacional.