Un horizonte de banquillo para el entorno de Sánchez, tras las elecciones de Castilla y León

El momento más duro, a nivel judicial, para el presidente del Gobierno llegará una vez se hayan celebrado las elecciones autonómicas de Castilla y León el próximo 15 de marzo.

El líder del PSOE no se enfrentará directamente a problemas con la Justicia, pero sí varias personas de su familia y otras que durante años fueron parte de su núcleo de más allegados en el poder, al frente del PSOE y en el Consejo de Ministros.

Ayer mismo el Tribunal Supremo confirmó que no habrá aplazamientos y mantiene para el próximo 7 de abril el comienzo del primer juicio del «caso Koldo», sobre los amaños en los contratos de las mascarillas, a cambio de «mordidas». La cita, catalogada por el alto tribunal de prioritaria y que se alargará durante 14 sesiones, llevará por primera vez al banquillo de los acusados a José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional en Soto del Real.

El Supremo juzgará por corrupción al exministro de Sánchez que fue su ojo derecho durante tres años en el Ejecutivo y, mucho antes, su fiel colaborador en la dirección de la formación socialista, lo que le llevó a ser secretario de Organización, «número tres» de Ferraz (2017-2021) y el ponente de la moción de censura que permitió a Sánchez alcanzar la Moncloa.

Ya en mayo, desde el día 7 y hasta el 4 de junio, el «hermanísimo» del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, será juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito de prevaricación administrativa y otro de tráfico de influencias por su contratación presuntamente irregular en la Diputación de Badajoz, en manos del Partido Socialista. Y, por ello, le acompañará en el banquillo el que fue hasta hace poco más de dos meses candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

El resto de líneas de investigación abiertas en torno al entramado Koldo puede dar más de un dolor de cabeza al presidente. Este marzo vuelve a vencer el secreto de las actuaciones con el que protegió la Audiencia Nacional (AN) su investigación de los pagos en metálico de la «caja B» del Partido Socialista encaminada a esclarecer si se cometió un blanqueo de capitales con las entregas de efectivo de Ferraz a Ábalos y su exasesor Koldo García. Esta pieza separada se inició después de que la Guardia Civil advirtiese de que no cuadraban los abonos reflejados en la contabilidad de la formación con el metálico entregado a los dos investigados y otras personas de su entorno personal.

Además, sigue estando pendiente que los investigadores remitan al instructor del «caso Koldo» en la AN, Ismael Moreno, el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, clave en las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones ilegales de Acciona y otras compañías por amañar la concesión de obra pública.

También se prevé que en las próximas fechas el juez de la AN José Luis Calama levante el secreto del «caso Plus Ultra» en que se rastrea el supuesto uso indebido de los 53 millones de euros que recibió como rescate del Estado la aerolínea en una red internacional de blanqueo de capitales. Como recogió Anticorrupción en su denuncia, la compañía figura como firmante de unos préstamos con las sociedades investigadas por su implicación en la venta de oro procedente del expolio a Venezuela.

Otro sumario que espera ser levantado es el de la investigación contra Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el supuesto socio navarro de Cerdán, Antxón Alonso, por una presunta trama de corrupción que se habría embolsado 733.000 euros gracias al amaño de cinco contratos públicos de la SEPI y otras entidades públicas relacionadas.

En cuanto al «caso Begoña Gómez», el juez Juan Carlos Peinado tiene, en un principio, hasta el próximo 16 de abril para seguir investigando a la mujer del presidente, mientras espera recibir nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en que quedarán al descubierto, por ejemplo, el contenido de los correos electrónicos que envió y recibió desde la cuenta que tiene a su disposición en Presidencia del Gobierno, o los que ella o su asesora en Moncloa imputada se cruzaron con las empresas que desarrollaron el software de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que se investiga también si Gómez pudo apropiarse de manera indebida.

Sin olvidar que esta pasada semana la Fiscalía de Lugo (Galicia) impulsó con una querella que el expresidente socialista de la Diputación lucense y aún alcalde de Monforte, José Tomé, se enfrente a los tribunales por supuestos delitos de acoso sexual y abuso en el ejercicio de la función pública, que habría cometido este pasado septiembre contra una mujer que ya le ha denunciado.

Por otro lado, en abril, se reactiva la causa sobre las supuestas cloacas del PSOE con la declaración el día 16, en calidad de testigo, del histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías sobre la contratación de Díez en su consultora, que el PP vincula a las maniobras que se habrían desarrollado contra mandos de la UCO y miembros de la Fiscalía.