El PP vuelve a la carga con la ansiada por el sector y descartada por el Gobierno reforma de la Ley del Suelo
El PP trata de reactivar una de las mayores demandas del sector constructor e inmobiliario para que la promoción de viviendas tome ritmo, la reforma de la Ley del Suelo. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley relativa a vivienda y desarrollo urbanístico y destinada también a tomar medidas contra la "okupación". La propuesta ha sido admitida a trámite y ahora comenzará su itinerario parlamentario para ver si, finalmente, se convierte en ley. Un camino, en todo caso, que no será sencillo dada la actual aritmética parlamentaria.
La iniciativa del PP es la que el partido sacó adelante en el Senado y cuyo debate en el Congreso de los Diputados ha bloqueado durante meses el Gobierno. Esta maniobra de dilación es la que ha llevado al principal partido de la oposición a optar por plantearla como propuesta de ley para ver si de este modo logra que prospere.
Los populares lograron aprobar el proyecto en primera instancia gracias a la mayoría que tienen en la Cámara Alta después de que el 23 de mayo de 2024, el Ejecutivo retirase a última hora del orden del día su propuesta de reforma de la Ley del Suelo que iba a ser votada ese día en el Congreso al comprobar que no tenía los apoyos suficientes para su aprobación dada la oposición de algunos de sus socios parlamentarios.
Desde el punto de vista técnico, en el sector aseguran que, en esencia, tanto la propuesta socialista como la popular son muy parecidas. Ambas plantean resolver aspectos como la paralización de los planeamientos urbanísticos por defectos menores que se pueden subsanar fácilmente, lo que permitiría desatascar el "cuello de botella" que supone el suelo y que lleva a que, en ocasiones, se tarden hasta veinte años en desarrollar algunos suelos para habilitarlos para la construcción de viviendas.
La gran diferencia entre una y otra, y lo que complica que el proyecto del PP salga adelante, es que el texto realiza una crítica explícita a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, la Ley de Vivienda, y plantea "medidas para aumentar oferta, reforzar propiedad y ajustar procedimientos de recuperación de posesión y plazos de suspensión en desahucios". Además, y este es el escollo insalvable para que el PSOE y sus socios le brinden su apoyo, propone la derogación de distintos preceptos de la Ley de Vivienda que el PP considera lesivos y que afectan, entre otras cuestiones, a zonas tensionadas, índices y control de precios y "instrumentos de apoyo a la inquiocupación", según la exposición de motivos.
Abandono del Gobierno
La vuelta a la carga del PP con la Ley del Suelo se produce en un momento en el que el Gobierno, además, ha renunciado por completo a su reforma. Aunque el Ejecutivo español se había comprometido con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, a aprobar la reforma de esta norma para recibir los fondos Next Generation, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre una nueva adenda plan que simplifica los compromisos para recibir los 25.000 millones de euros de fondos europeos no reembolsables que quedan pendientes y cuyo programa termina en agosto de 2026. Y entre las víctimas de esta simplificación está la reforma de la Ley del Suelo. El Gobierno ha "transformado" su cambio y lo ha reemplazado por la creación de la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, de cuya viabilidad y resultados dudan, y mucho, en el sector inmobiliario.
En lo sustantivo, además de los cambios en la Ley de Vivienda, la proposición del PP plantea reformas en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, entre otros, incluyendo silencio administrativo positivo (con excepciones) para licencias de edificación de nueva planta; un nuevo artículo 22 bis para que la falta de informes sectoriales en plazo no paralice procedimientos (con continuación de la tramitación y efectos favorables) y una reformulación del régimen de invalidez para que ciertos vicios formales determinen anulabilidad y subsanación (evitando la nulidad automática y la cascada). Además, propone limitar la acción pública (restringiéndola a personas jurídicas sin ánimo de lucro con requisitos) y acotar la impugnación indirecta de normas de planeamiento a cuatro años y a vicios materiales.