Esto es lo que nos está costando el choque PSOE-Sumar por el escudo antiTrump
La guerra de Irán ha abierto una nueva grieta política dentro del Gobierno justo cuando los españoles empiezan a notar el impacto económico en sus facturas. Mientras Sumar exige aprobar de inmediato un paquete amplio de medidas anticrisis, el PSOE prefiere actuar con cautela y escalonar las decisiones ante la incertidumbre parlamentaria. El resultado es un pulso político dentro de la coalición que revela hasta qué punto el Ejecutivo teme repetir el fracaso de otros decretos económicos que no lograron mayoría en el Congreso.
El debate no es menor. La escalada del conflicto en Oriente Próximo ya ha provocado subidas del petróleo y un encarecimiento del carburante que empieza a trasladarse al transporte y a la cesta de la compra. En España, el diésel ha llegado a subir hasta 30 céntimos por litro en pocas semanas, según denuncian organizaciones de consumidores, que incluso hablan de posibles comportamientos coordinados en el sector.
Ante este escenario, Sumar quiere reaccionar con rapidez. La formación ha estado presionando para aprobar un nuevo "escudo social" que incluya medidas como topes a los precios de la energía y de algunos alimentos, impuestos a las grandes energéticas o ayudas directas a los sectores más expuestos al gasóleo, como transportistas y pescadores.
Pero el PSOE no lo ve igual. En Moncloa temen que un paquete amplio choque con la aritmética parlamentaria y termine cayendo en el Congreso. Por eso defienden una estrategia más gradual: aprobar primero ayudas limitadas para los sectores más afectados —agricultura, ganadería o transporte— y dejar para más adelante otras medidas más ambiciosas.
La discusión refleja una tensión política de fondo. Mientras Sumar intenta presentarse como el motor social del Gobierno, el PSOE busca evitar decisiones precipitadas que puedan abrir otro frente legislativo fallido en un Parlamento fragmentado. El problema es que la economía no espera a los equilibrios políticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la tensión internacional han encarecido el petróleo y amenazan con trasladar nuevos costes a la energía, el transporte y los alimentos. Economistas y casas de análisis advierten de que la inflación podría volver a repuntar este año si la crisis se prolonga.
En este contexto, la batalla dentro del Gobierno tiene un riesgo político evidente: que la discusión sobre cómo responder a la guerra se traduzca en incertidumbre económica para los ciudadanos. La próxima semana empezarán a conocerse las primeras medidas, que priorizarán, según cuentan en Moncloa, a los transportistas y a los agricultores. Descartan, o eso dicen a día de hoy, ayudas generalizadas para los consumidores y bajadas de IVA para los alimentos, como pide el PP. ¿La razón? Que sostienen que podrían ser utilizadas por las grandes empresas y no repercutirlas a los consumidores.