Un magistrado del TC cuestiona la sentencia que "convierte el dereho de huelga en un derecho absoluto"

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo considera que la sentencia que considera que Metro de Sevilla vulneró el derecho de huelga de los trabajadores al poner en circulación trenes dobles durante los paros convocados en noviembre de 2018 -para paliar así los efectos de los mismos- "convierte el derecho de huelga en un derecho absoluto". Según pone de relieve en su voto particular, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la resolución de la corte de garantías -que contó además con el voto en contra de otros dos magistrados, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez- no supone una aclaración de la doctrina del TC sobre el "esquirolaje tecnológico", sino que supone en realidad "acometer una rectificación total" de esa doctrina, fijada en la sentencia 17/2017.

En ese voto discrepante, Arnaldo recuerda que esa resolución estableció que el empresario "no vulnera el derecho de huelga de los trabajadores huelguistas si, para mantener su actividad productiva, hace uso de los medios técnicos de los que ya dispone previamente, aunque no sean empleados de forma habitual". "Exigir al empresario que no utilice medios técnicos con los que cuenta en la empresa supone imponer al empresario una conducta de colaboración en la huelga no prevista legalmente", apuntaba el fallo. Una doctrina que ahora se modifica "de manera radical", sostiene.

Con la nueva doctrina, asegura, "el recurso por la empresa, en el ejercicio de su potestad organizativa, a los medios técnicos de que dispone para continuar, en la medida de lo posible, la actividad productiva durante un paro laboral, se convertirá siempre en un acto empresarial abusivo y por ello lesivo del derecho de huelga, en cuanto supone paliar los efectos de la huelga".

"Mutación constitucional"

Para Arnaldo, los razonamientos del fallo del que discrepa se sustentan "en un inaceptable entendimiento del derecho de huelga como un derecho absoluto, lo que constituye una mutación constitucional en este extremo que el Tribunal acomete, excediendo, una vez más, su función de intérprete supremo de la Constitución". "Ningún derecho fundamental tiene carácter absoluto, pues su ejercicio se encuentra limitado por otros derechos o bienes jurídicamente protegidos", hace hincapié.

En el caso del derecho de huelga, sostiene, este puede verse limitado por otros derechos constitucionales como la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo "de los trabajadores que no quieran sumarse a la huelga, y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios de los productos y servicios de la empresa a la que la afecta la huelga". Y es que, incide, la huelga en un servicio esencial de transporte público "afecta directamente a la libertad de circulación de los usuarios" e, indirectamente, a otros derechos de estos, dependiendo del motivo del desplazamiento, "como pueden ser el derecho al trabajo, el derecho a la educación o el derecho a la salud".

La sentencia de la que discrepa, advierte, convierte el derecho a la huelga "en un derecho absoluto al que han de subordinarse los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, tanto de la empresa Metro de Sevilla como de los usuarios del servicio de transporte público metropolitano que aquella presta", al "vetar" que la empresa pueda utilizar "medios tecnológicos de los que ya dispone o adoptar medidas organizativas adecuadas, con el fin de mitigar los evidentes trastornos que la huelga provoca en la prestación del servicio de transporte a sus usuarios".

No existe un derecho al "éxito" de la huelga

Y aunque admite que el reconocimiento del derecho de huelga implica "el establecimiento de una serie de garantías para evitar que el ejercicio de ese derecho sea restringido por determinadas actuaciones de la empresa", precisa que eso no implica obligar al empresario a "que se abstenga de realizar la actividad productiva o de prestar el servicio de que se trate durante el paro laboral, pues lo que garantiza el artículo 28.2 de la Constitución es el derecho de los trabajadores a realizar la huelga, no el éxito de esta".

"Exigir al empresario que no utilice durante una huelga los medios técnicos ya existentes en la empresa para intentar continuar la actividad productiva en la medida de lo posible -pone de relieve- supone imponerle una conducta de colaboración en la huelga que no solo no está legalmente prevista, sino que además resulta desproporcionada".

Según Arnaldo, en este caso resulta acreditado que Metro de Sevilla respetó los servicios mínimos y no sustituyó a los trabajadores huelguistas por otros externos (conducta empresarial conocida como "esquirolaje externo", expresamente prohibida legalmente), ni tampoco por otros trabajadores de la propia empresa que no se sumaron al paro.

Se limitó, dice, a poner en circulación los trenes de doble composición (en lugar de los trenes simples que estaban programados antes de la convocatoria de huelga), "como recurso previsto habitualmente en la empresa Metro de Sevilla para responder al incremento de pasajeros derivado de determinados acontecimientos (ciertas festividades o eventos de cualquier tipo que implican mayor demanda de servicio), "con el fin de evitar aglomeraciones en trenes y andenes y procurar un mejor servicio a los usuarios".

En conclusión, defiende que la utilización por la empresa de ese medio técnico del que ya disponía "para intentar proporcionar a los usuarios durante la huelga, en determinadas franjas horarias de especial demanda, una asistencia lo más cercana posible al funcionamiento ordinario del servicio de transporte interurbano, no puede considerarse un uso abusivo de la potestad organizativa empresarial que vulnere el derecho a la huelga".

Espejel: se basa en una "conjetura"

En esa misma línea, la magistrada Concepción Espejel señala en su voto particular que la doctrina del TC ahora modificada concluye que "el empleo por el empresario de medios tecnológicos ordinarios de los que dispone, no vulnera el derecho de los trabajadores que se acogen al derecho de huelga".

Para Espejel, "extender analógicamente la prohibición legal del esquirolaje, interno o externo, al esquirolaje técnico -más que tecnológico, propio de procesos avanzados de automatización-, difícilmente puede sostenerse al basarse en una conjetura, en una hipótesis no declarada probada, como es la disminución real del “impacto” de la huelga, de su repercusión social y de su proyección de seguimiento ante la opinión pública, como consecuencia del ocasional empleo de trenes dobles en lugar de simples durante la prestación de servicios mínimos".

"El impacto negativo de la actuación empresarial en la huelga", argumenta, "pudo ser acreditado mediante un estudio comparativo sobre el alcance del impacto negativo de la huelga en función, por una parte, de la composición de los trenes previstos en los servicios mínimos y, por otro lado, de la composición de los trenes que efectivamente prestaron servicio durante la huelga". De ahí que sostenga que el recurso de amparo interpuesto por el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avaló la actuación de la empresa pública.