Cristina denuncia persecución judicial
BUENOS AIRES, marzo 17.- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció este martes «prácticas mafiosas» y persecución judicial en su contra ante el Tribunal Oral Federal no.7 de Buenos Aires, adonde concurrió a declarar como parte de uno de los procesos abiertos en su contra.
Cristina advirtió que el juicio oral abierto en su contra por la supuesta existencia de una red de sobornos durante su gestión, relacionados con la obra pública, está viciado por la mala praxis de jueces y fiscales, reportó Telesur.
En su declaración indagatoria presencial, la exmandataria señaló: «Ya no estamos ante una cuestión de una persecución política en orden a la ideología o a un Gobierno contrario: estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales».
Cuando el poder ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.
La causa denominada «Cuadernos» se está procesando vía telemática. Sin embargo, el Tribunal acató la exigencia mediática de «presencialidad», pese a que Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria de seis años, a los que fue injustamente condenada en otro de los procesos con que se le ha perseguido judicialmente desde que dejó la primera magistratura en 2015, y el cual ella fue la primera en denunciar como lawfare.
La exvicepresidenta señaló directamente al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadío, acusándolos de actuar bajo una lógica criminal para sostener una imputación que la designa como jefa de una asociación ilícita.
Durante su intervención, Fernández de Kirchner recordó que el fiscal Stornelli, todavía en ejercicio, tuvo nexos probados con un falso abogado, Marcelo D’Alessio, condenado en septiembre por liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión. El vínculo entre ambos «era un activo muy importante en todos los delitos que desplegaba su asociación ilícita», según el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 8.
La líder peronista subrayó, además, que el juez de primera instancia del caso «Vialidad», Julián Ercolini, se declaró primero competente y luego incompetente. Durante el trámite de aquel expediente, Fernández recordó que había solicitado, sin éxito, un peritaje de toda la obra pública para determinar las responsabilidades en la otra causa. «No hay un testigo que haya declarado contra mí», remarcó.
Fernández también cuestionó que el presidente Javier Milei hubiera asegurado durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1ro de marzo, que ella seguiría presa por causas judiciales en trámite. «Más violatorio de la manda constitucional (…) no hay», sostuvo.
La también ex jefa de Estado consideró que toda la causa era un «disparate», y se negó a responder preguntas. «Con este Poder Judicial puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar», concluyó, según Página 12.
Decenas de sus simpatizantes se reunieron en la calle para saludarla camino al tribunal, y luego la aguardaron a la salida de este, rodeados de un operativo policial.
El lawfare o judicialización de la política ha sido usado por la derecha para «eliminar» a dirigentes progresistas no solo mediante su apresamiento, sino enlodando su imagen, como ha ocurrido en Ecuador con Jorge Glas, exvicepresidente del último gobierno de la Revolución Ciudadana.
Su líder, Rafael Correa, también fue juzgado en ausencia cuando ya había partido a vivir con su esposa e hijos a Bélgica y fue condenado a ocho años de prisión, también por presuntos delitos de corrupción no probados.