Bolivia país minero
El primer mandatario del Estado, Rodrigo Paz Pereira, declaró recientemente en Miami que había expresado a los potosinos: “Bolivia, el año pasado movió sólo 6 mil millones de dólares, Perú 50 mil millones, Chile 65 mil millones, como que sí nos gustara ser pobres, cuando tenemos el país más rico de minería del mundo”. En efecto, la comparación no deja de ser pertinente: situados en la cordillera de los Andes, la formación geológica es la misma; sin embargo, el desarrollo se dio sólo en el lado occidental. Hay que puntualizar además que en la década del ochenta Chile producía 3,5 veces el valor minero de Bolivia y Perú casi 3 veces, hoy la proporción es mayor, 10 veces más que Bolivia.
En nuestra dilatada existencia como país se han ensayado diversas políticas que se resumen en dos visiones, la liberal y la estatal, ambas con resultados pobres. El liberalismo, aplicada en postrimerías del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, desarrolló el imperio de los señores de la plata y del estaño. En 1985 se ensayó su segunda versión, el neoliberalismo, cuando se abrió las puertas a la inversión extranjera, destruyendo la empresa estatal y poniendo sus yacimientos y el territorio nacional a su disposición. La tarea no fue fácil, el marco constitucional y legal era adverso, por eso, mientras se lo cambiaban, la presa fácil fue la COMIBOL. Sus yacimientos más ricos fueron trasferidos a la minería mediana, cuyos personeros ocupaban puestos en los gobiernos, la producción no aumentó; en 1997 se dictó recién la ley minera, que entre otras cosas disponía que las concesiones mineras fueran sujeto de garantía, es decir el Estado ya no era el propietario. Se logró entonces atraer inversiones, así se implementaron proyectos como Manquiri y San Cristóbal, los que se concretaron el 2010, cuando el ciclo político había cambiado. En este período también se aplicó la receta neoliberal en Chile y Perú, con resultados muy diferentes.
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El estatismo se expresó a principios de la República (Andrés de Santa Cruz) como continuidad del rentismo colonial y, más propiamente, con la nacionalización de las minas en 1952. Su justificación no era otra que la inmensa riqueza acumulada por unos cuantos y el país, el más pobre de Latinoamérica. Su proyecto, impuesto por la fuerza de las masas, fracasó por la descapitalización de la COMIBOL, que financió a YPFB y el desarrollo agro-industrial de Santa Cruz; pero lo que precipitó su caída fue la carga de pagar la deuda externa con un tipo de cambio inferior en 10 veces al real (1985). Otro momento se vivió cuando se dictó la nueva Constitución del Estado Plurinacional (2009), la que reconoce la pluralidad de actores productivos (Estado, privados y cooperativistas), impone la suscripción de contratos en función de un plan de trabajo -su incumplimiento anula el contrato- y relieva su función como promotora del desarrollo nacional, al exigir la reinversión de sus ganancias.
La Ley Minera (2014), consensuada entre los tres actores mineros, establece los procedimientos y mecanismos para lograr los objetivos constitucionales. Sin embargo, la letra chica del texto la inviabilizó, cuando da a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) facultades para determinar el plazo de la adecuación a contratos que hasta el presente está abierto y dispone que el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEEP) ordenara la restructuración de COMIBOL, cosa que tampoco ha ocurrido. Por lo cual el proyecto, entre buenas intenciones y juegos burocráticos, ha fracasado.
Ante esta realidad, dada su importancia para el país ¿cómo encaminar la reactivación minera en el marco constitucional, manteniendo a los tres actores productivos? La empresa privada como socia del Estado mueve la riqueza que tenemos, con capital y tecnología y reconoce el valor intrínseco de los minerales como propiedad del Estado. Es imprescindible la presencia de la empresa estatal, eficiente y productiva, para el conocimiento, la creación de tecnología y como contraparte del Estado; además de encarar los procesos metalúrgicos que impulsen la industrialización. El sector cooperativista es esencial por su carácter asociativo y la absorción de mano de obra por su carácter primario. La convivencia de estos sectores se basa en el rol asignado a cada uno de ellos, la obligatoriedad de cumplir las normas, de rendir cuentas al Estado y la constatación de su aporte al desarrollo regional.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
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