Moncloa tendrá que dar a la jueza el dosier por el que Sánchez supo de la piñata de Ferraz
Moncloa tendrá que entregar a la Justicia el dosier de prensa por el que el presidente del Gobierno se enteró en la mañana del 1 de enero de 2024 de que se había aporreado una piñata con su figura durante la Nochevieja celebrada en el entorno de la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid.
Así lo ordenó en una nueva providencia del pasado 6 de marzo, a la que ha tenido acceso en primicia LA RAZÓN, la jueza que investiga a seis participantes por un delito de amenazas contra Pedro Sánchez.
De igual forma, la titular de la plaza número 26 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid requiere «el nombre de las personas que participaron en la elaboración» del resumen de las informaciones periodísticas publicadas ese día por el que Sánchez supo de la acción.
Tal y como él mismo declaró por escrito, en calidad de perjudicado, el pasado 27 de febrero. Se trata de un documento que compila noticias de medios de comunicación nacionales e internaciones, así como enlaces a plataformas como YouTube o redes sociales como Instagram, y cuya autoría recae sobre miembros de su gabinete en Presidencia del Gobierno.
Precisamente, uno de los imputados aludió a esta circunstancia para pedir el archivo de las actuaciones, señalando que ello implica que no pudo existir una amenaza «directa, inmediata o personalizada» dirigida contra su persona, sino una mera percepción posterior a través de la prensa y de las redes sociales.
Un extremo que su abogado, Jesús Santorio, entiende que excluye la posibilidad de aplicar los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal de amenazas porque este requiere la existencia de una intimidación «seria, determinada y capaz de generar un temor inminente y racional» contra la persona a la que va dirigida.
En este sentido, el letrado en su escrito defiende que los perjuicios que el jefe del Ejecutivo aseveró en su comparecencia haber sufrido son «sensaciones subjetivas», tales como la «intranquilidad, el desasosiego y una angustia que persiste en el tiempo», así como un «temor racional a que las amenazas puedan materializarse».
Recuerda, en este sentido, que el también líder del PSOE apuntó a que se estima víctima de un elevado «nivel de deshumanización» y de un «daño moral» tanto para él como para los miembros de su familia más directa.
Sin embargo, esta defensa lo pone en duda y afirma que por parte del presidente no se ha concretado en ningún momento algún perjuicio que sea «objetivo, material, físico o patrimonial cuantificable». Ni tampoco se ha podido «acreditar lesión alguna contra su integridad» que supere el umbral de la mera crítica política, que es lo que reivindican que llevaron a cabo los participantes en esta «protesta pública» frente al cuartel general socialista que han acabado encausados.
Insiste en que la piñata que representaba al secretario general del Partido Socialista era, en todo caso, «una expresión simbólica», protegida por el derecho fundamental a la libertad de expresión, «por dura o desagradable que resulte» la acción en cuestión.
Según esta defensa, el propio denunciante reconoció que está «acostumbrado a la crítica política y personal, incluso de gran dureza», que es inherente a sus altísimas responsabilidades gubernamentales.
En definitiva, entiende que la declaración de Sánchez viene a darles la razón, en cuanto a que se describen en ella los hechos como una «puesta en escena» o una «ceremonia de escarnio público» con simbología, como es precisamente «la exhibición y destrucción de una efigie» que le representaba. Niega que este acto pueda exceder los límites de la libertad de manifestación.
En definitiva, la tesis que traslada este ciudadano particular investigado a la magistrada María Concepción Jerez es que de las propias manifestaciones de la acusación particular «se desprende la ausencia total de pruebas o indicios de delito», ya que la simple «viralización posterior» de la piñata o «la percepción subjetiva» que le haya podido generar no pueden transformar «una manifestación simbólica en delito».
La instructora de la causa le pidió a Sánchez que en su interrogatorio por escrito diese respuesta a tres cuestiones fundamentales. «La fecha en la que tuvo conocimiento de los actos realizados el 31 de diciembre de 2023 en la calle de Ferraz»; «el medio a través del que tuvo conocimiento de los mismos», y le solicitó que «precisase si sufrió algún perjuicio».
La manifestación de aquel fin de año fue secundada por alrededor de 300 personas y, según Sánchez, supuso para él la experimentación de un daño «irreparable» porque constituyó la «materialización de un clima de amenaza contra su integridad y la de su familia, como no había vivido antes».
Se reabrió por la Audiencia
Fue el pasado septiembre cuando la Audiencia Provincial de Madrid ordenó a la jueza Concepción Jerez reabrir la causa judicial sobre el apaleamiento de una piñata caracterizada como Pedro Sánchez.
En febrero de 2024, la magistrada dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, sino que suponían un ejercicio de legítima «crítica política».
El PSOE se encargó de recurrir el archivo a la instancia superior a la instructora y ella citó a declarar en noviembre a los seis investigados.