Si recibes el Ingreso Mínimo Vital, cuidado con viajar al extranjero: esto exige ahora la Seguridad Social
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social que se creó en 2020 y que está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
Desde su puesta en marcha, esta prestación ha llegado a más de 3,4 millones de personas, entre ellas más de 1,4 millones de menores. Aun así, los recursos destinados siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades reales de los hogares más vulnerables. Solo en 2024, el IMV alcanzó a más de dos millones de beneficiarios agrupados en 673.000 hogares, con un coste que superó los 6.000 millones de euros. Una cifra que, según los economistas, se queda corta: estiman que serían necesarios alrededor de 12.000 millones para situar a toda la población por encima del umbral de pobreza.
El acceso a esta ayuda exige, en primer lugar, acreditar residencia legal y continuada en España durante al menos un año, salvo excepciones como menores incorporados recientemente al hogar, víctimas de trata o mujeres víctimas de violencia de género. Además, es imprescindible encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, que se determina en función de los ingresos y rentas de toda la unidad de convivencia. En términos generales, se exige que los ingresos medios mensuales del año anterior sean inferiores a la renta garantizada correspondiente, mientras que también se establecen límites de patrimonio —excluida la vivienda habitual— que, en 2026, rondan los 26.400 euros para un beneficiario individual y aumentan según el tamaño del hogar.
Obligaciones de los beneficiarios del IMV
Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital también están obligados a cumplir con una serie de requisitos para no perder esta ayuda. Una de las obligaciones que establece la Seguridad Social es "comunicar a la entidad gestora con carácter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español por causa de enfermedad".
Más allá de esta exigencia, los beneficiarios del IMV deben cumplir con un conjunto de obligaciones para mantener la prestación. Entre ellas, destaca la necesidad de aportar la documentación requerida y comunicar en un plazo máximo de 30 días cualquier cambio personal, económico o familiar que pueda afectar al derecho a la ayuda, como variaciones de ingresos o cambios de domicilio. Asimismo, están obligados a presentar cada año la declaración del IRPF y a devolver aquellas cantidades que hayan sido percibidas de forma indebida.
Además, tanto el titular como los miembros de la unidad de convivencia deben colaborar con la Administración para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación. Esto incluye informar de situaciones relevantes —como el fallecimiento del beneficiario—, cumplir las condiciones si se compatibiliza el IMV con ingresos laborales y participar en los programas de inclusión social impulsados por la Seguridad Social. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la suspensión o extinción de la ayuda.