Moncloa ve una «guerra política» en la Guardia Civil
La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no ha alterado la estrategia de resistencia diseñada por Pedro Sánchez. Al contrario. El Gobierno mantiene intacta su confianza en ella y en el director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas –también imputado–, porque el Ejecutivo considera que se ha desatado una «guerra política» dentro del Instituto Armado. Así lo reconoce una destacada fuente del Gobierno, que justifica con ese argumento la decisión de no relevar a la máxima responsable del Instituto Armado pese a su situación judicial.
La tesis que circula en la Moncloa es que la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el llamado caso de las «cloacas del PSOE», no puede analizarse de forma aislada, sino en el contexto de un profundo enfrentamiento interno que, a juicio del Ejecutivo, ha acabado trasladándose al terreno político y judicial. Esa lectura explica que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también haya ratificado públicamente su confianza tanto en González como en Llamas.
Fuentes del Ejecutivo sostienen que en los últimos meses se ha intensificado «una pugna» dentro de la Guardia Civil que, según su interpretación, ha terminado proyectándose sobre investigaciones especialmente sensibles para el Gobierno. En Moncloa evitan concretar quiénes protagonizan esa supuesta batalla, pero consideran que ese clima explica parte de los movimientos que se están produciendo en torno a las causas que afectan al entorno del PSOE. No es ningún secreto que dentro del Gobierno hay quien considera que en la Unidad Central Operativa hay quienes trabajan activamente para derribar al Gobierno.
El argumento encaja con la nueva doctrina fijada por Sánchez tras los últimos reveses judiciales sufridos por el PSOE y por su entorno. Como ha contado este diario, el presidente del Gobierno ha trasladado a su núcleo duro que no está dispuesto a «entregar» más cargos por el mero hecho de una imputación y que solo actuará cuando existan pruebas que hagan insostenible la continuidad de sus personas de confianza.
La continuidad de Mercedes González constituye, para el Gobierno, la aplicación práctica de esa estrategia. Ayer, el Ejecutivo volvió a reafirmarse. Moncloa desecha la idea de que Mercedes González trabajara activamente contra sus agentes siguiendo directrices de Leire Díez, con quien se vio en al menos tres ocasiones. El Ejecutivo se limita a zanjar que lo que hizo la directora general de la Guardia Civil fue iniciar investigaciones internas para determinar quién fue el responsable de filtrar comunicaciones personales de la mujer del presidente del Gobierno, en manos de la unidad.
No obstante, no se trata de un caso aislado. En las últimas semanas el Ejecutivo también ha cerrado filas con la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, investigada por la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Antes hizo lo propio con la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y con el propio José Luis Rodríguez Zapatero, al que Pedro Sánchez ha seguido respaldando públicamente pese a la investigación abierta por el caso de las joyas.
El mensaje que se ha instalado en el Palacio de la Moncloa es que el Gobierno ha dejado atrás la etapa en la que una investigación judicial llevaba aparejada una inmediata exigencia de responsabilidades políticas.
La estrategia supone un cambio de criterio respecto a los primeros años del mandato. Pedro Sánchez apartó a José Luis Ábalos de la primera línea política mucho antes de que existiera una condena firme y terminó rompiendo con Santos Cerdán cuando entendió que su continuidad era incompatible con la defensa del Ejecutivo. Ahora, sin embargo, el presidente considera que cada dimisión o destitución sería interpretada como una victoria para la oposición.
Por eso, la consigna ha cambiado. En Moncloa insisten en que la presunción de inocencia debe prevalecer también en el plano político y rechazan que la apertura de diligencias pueda convertirse automáticamente en una condena pública. La decisión de mantener a Mercedes González al frente de la Guardia Civil representa, probablemente, el ejemplo más claro de esa nueva doctrina de resistencia con la que Sánchez pretende afrontar el último tramo de la legislatura, acorralado por un tsunami de causas judiciales que cansa solo con leerlo. El presidente piensa ya en las vacaciones.